En la actualidad la Contraloría lleva 900 procesos de responsabilidad fiscal en el área de salud en todo el país, cuyo monto (7 billones de pesos) calificó de aterrador la contralora Sandra Morelli.

De todos modos, resaltó que en este campo la Contraloría ha hecho recuperaciones de dinero en efectivo, superiores a los 144.000 millones de pesos, y tiene beneficios de auditoría superiores al billón de pesos.

En cuanto a los aportes hechos por los colombianos y el Estado a la salud, la funcionaria reiteró que estos deben usarse en la prestación del servicio. “Cuando la EPS, la IPS o cualquier otro operador del servicio desvía el recurso y no lo aplica, sino que por el contrario lo destina a inversión o beneficio propio surge una irregularidad fiscal o penal y esas conductas son las que la Contraloría reprime”.

Morelli habló del tema durante un conversatorio celebrado en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, de acuerdo con la información suministrada por la agencia Unimedios.

Germán Fernández, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana y presidente del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, advirtió que lo que defienden son dos conceptos fundamentales: la salud y la destinación específica de los recursos públicos de los colombianos.

“Esto es como una estructura que se sustenta en dos arcos constitucionales que soportan el edificio de la salud; si falla uno de estos dos, se cae el sistema. Es lo que está sucediendo en este momento”.

Asimismo, Fernández criticó al ministro de Salud y Protección Social, quien –según él– “quedaría contento con un solo artículo que permitiera la privatización de los enormes recursos de la salud de los colombianos, para favorecer a las gestoras de la salud”.

Por su parte, Mario Hernández –profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia– comentó que la intermediación financiera no es necesaria y que, por el contrario, produce una serie de problemas.