No sólo superó la polarización política y electoral, sino crisis como las del secuestro del general Alzate. A ello se suma que cierra el año en medio de inédita tregua indefinida y unilateral. Siete hechos prueban que la negociación, que completó ya más de dos años, es la que más lejos ha llegado en las últimas décadas y la que más esperanzas de acuerdo definitivo genera. Análisis

1.  El 2014 cierra con tres preacuerdos ya firmados en materia de desarrollo rural, participación política y narcotráfico, en tanto que se avanza en la Mesa de Negociación en el punto 5, relativo a los derechos y reparación a las víctimas. Paralelo a ello las delegaciones decidieron acelerar el ritmo de las tratativas y crearon dos subcomisiones, una que trata temas de género, y la otra encargada de uno de los asuntos más complejos: el fin del conflicto. En esta última, que debe abordar asuntos tan difíciles como el desarme y la desmovilización, no sólo participan altos oficiales activos de las Fuerzas Militares, un hecho inédito en el que el Gobierno se juega mucho, sino integrantes del ‘Secretariado’ de las Farc como ‘Pastor Alape’ y –recién llegado- ‘Joaquín Gómez’. Comenzó así la discusión preliminar del punto 3, el más difícil de toda la agenda.

2.  La fortaleza del proceso se evidenció en la forma en que logró superar una de las pruebas más difíciles: la política. Tanto en los comicios para escoger el nuevo Congreso como en la contienda presidencial, el principal tema de fondo para inclinar el favor popular hacia los partidos y candidatos terminó siendo el proceso de paz. El país se polarizó entre quienes defendieron a capa y espada la negociación con las guerrillas y los que se oponían a la misma o, por lo menos, exigían que las tratativas se condicionaran al extremo, lo que seguramente habría desembocado en la ruptura por parte de las Farc. Las urnas dieron la razón a los primeros, pues la coalición santista, el Polo y los sectores independientes que apoyaron el proceso se hicieron con más del 75% de las curules en Senado y Cámara, en tanto que el uribismo, principal crítico, sólo conquistó un poco más 20% de los escaños, cuando esperaba acercarse al 50%. Aunque más cerrada, en la lucha por la Casa de Nariño también se impuso la opción de la paz, en cabeza de su principal abanderado, el candidato-presidente Juan Manuel Santos, que le sacó más de un millón de votos al exministro uribista Oscar Iván Zuluaga.  Haber perdido en la puja por el Parlamento o la Casa de Nariño habría sido un golpe casi mortal para el proceso, eso es innegable.

3.  La forma en que el proceso superó las crisis puntuales que se registraron a lo largo del año también evidencia que hay voluntad de seguir adelante de lado y lado. La gravedad de varios de los impases habría sido la ocasión perfecta para que alguna de las partes se levantara de la Mesa, pero ello no sucedió. La prueba de fuego fue, sin duda, el secuestro a manos de las Farc del general Rubén Darío Alzate en Chocó. Por más insólitas que fueron las circunstancias del plagio, lo cierto es que era un hecho propio del conflicto, y más aún con la regla del juego en torno a que se negocia en medio de la confrontación. Pese a ello el Gobierno no tuvo opción distinta a congelar las tratativas, a lo que la subversión respondió devolviendo al alto oficial en cuestión de tres semanas. Pudo haberlo dejado como ‘prisionero de guerra’ o presionar un ‘canje’, pues nunca había capturado a un oficial de ese rango, pero sabía que si optaba por esa opción el proceso podría romperse. Al final, liberó al general y en cuestión de días la Mesa se reinstaló e incluso avanzó a discutir medidas para “desescalar” la guerra.

4.  Una prueba indicativa de cómo en 2014 la negociación con la guerrilla sí puede estar pasando el punto de no retorno se refiere a la forma en que la cúpula subversiva se ha ido comprometiendo con el proceso. En dos años de funcionamiento de la Mesa todos los integrantes del ‘Secretariado’ de las Farc han estado en La Habana. La mayor sorpresa en este campo se dio en octubre, cuando se conoció que el máximo comandante de esa facción subversiva, alias ‘Timochenko’, había estado en la capital cubana, con autorización del gobierno Santos, analizando con los negociadores subversivos el avance de las tratativas. Y, para cerrar el año, alias ‘Joaquín Gómez’, el cabecilla del ‘Bloque sur’ de las Farc, fue enviado a La Habana para hacer parte -como se dijo- de la subcomisión para el fin del conflicto. Se trata de un hecho significativo, pues es uno de los cabecillas de la llamada ‘línea dura militarista’ de la guerrilla, la más desconfiada y reservada frente a las implicaciones del proceso. No en pocas ocasiones se había dicho que estaba en contra de la negociación.

5.  A todo lo anterior debe sumarse un quinto elemento: a medida que el proceso ha ido entrando en terrenos que se consideran no sólo definitivos, sino indicativos de que no habrá marcha atrás, en Colombia la discusión en torno a, como dicen los analistas, los sapos que habrán de tragarse a cambio de alcanzar la paz, también se ha profundizado. Por ejemplo, tanto la opinión pública como los sectores políticos, sociales, gremiales, regionales e institucionales han debatido en torno a si debe o no permitirse a los guerrilleros culpables de delitos atroces participar en política. Tampoco ha sido fácil la discusión sobre si los cabecillas deben ir a la cárcel o blindarse ante el riesgo de extradición. Y qué decir de la polémica en torno si el narcotráfico, un delito común y trasnacional, podría llegar a considerarse en determinado momento como conexo al delito político. En la medida en que el país va asumiendo con seriedad cuáles serán las gabelas políticas, jurídicas y económicas que tendrían que darse a las guerrillas por desarmarse y reinsertarse, se evidencia que el proceso va entrando en la recta final. Aquí, sin duda, fue clave que el Gobierno hubiera publicado los textos completos de los tres preacuerdos ya firmados en la Mesa, pues de esa forma se acabó con la especulación sobre lo que se estaba pactando en La Habana.

6.  No menos importante es la forma en que se ha ido consolidando el marco normativo que debe servir para refrendar eventuales acuerdos con las guerrillas. De un lado, la Corte Constitucional volvió a reiterar la exequibilidad del Marco Jurídico para la Paz, que es la norma base para desarrollar legalmente los acuerdos definitivos a que se llegue en la Mesa de Negociación. Si bien la Corte Penal Internacional (CPI) ha lanzado algunas advertencias sobre lo que no se puede ceder en materia de investigación, juzgamiento y castigos a los culpables de delitos atroces y de lesa humanidad, lo cierto es que el aval del máximo tribunal constitucional colombiano al Marco es una garantía de la viabilidad del mismo. No hay que olvidar que el Estatuto de Roma (que creó la CPI) hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad y la Corte se atañe al mismo. También es clave que se haya prorrogado la Ley de Orden Público, que es la norma que sirve para levantar órdenes de captura a los cabecillas guerrilleros negociadores e incluso se amplió el blindaje penal y disciplinario a los delegados gubernamentales en La Habana. No menos importante fue el aval constitucional a la posibilidad de que se pueda votar el mismo día de las elecciones ordinarias (excepto la presidencial) un referendo, consulta popular o plebiscito para que la ciudadanía refrende o niegue en las urnas el acuerdo a que se puede llegar con las Farc y el Eln. Y, por último, ya avanzan no pocas leyes y reformas en donde uno de los elementos clave es preparar al país para el posconflicto.

7.  Sin duda, uno de los hechos más importantes este año en lo que tiene que ver con el proceso de paz se refiere a la histórica decisión de las Farc, el pasado 17 de diciembre, de anunciar que a partir del sábado 20 del mismo mes entraban en un cese el fuego y de hostilidades unilateral e indefinido. Inicialmente condicionaron el inicio de la tregua a que el Gobierno aceptara un mecanismo de verificación a cargo de entes y ONG´s nacionales e internacionales, pero el Ejecutivo, aunque valoró como positivo el gesto de la guerrilla y dijo que estaría vigilante de su cumplimiento, rechazó la exigencia. Aun así, cuando no pocos creían que la subversión se echaría para atrás, se ratificó en su intención de entrar en cese el fuego. Muchas hipótesis se han planteado respecto a por qué la guerrilla se decidió por un paso tan importante y renunció a una de sus solicitudes más reiteradas en dos años de proceso: pactar con el Gobierno un cese el fuego bilateral o armisticio. Para algunos analistas, es claro que la subversión sabe que si insiste en hacer la guerra mientras negocia la paz, la opinión pública, cuyo apoyo al proceso ha ido disminuyendo poco a poco, podría votar en contra del acuerdo cuando se cite el referendo. Otros observadores sostienen que el mensaje va más para el propio pie de fuerza subversivo, pues es claro que el caso del general Alzate estuvo a punto de romper la negociación y la guerrilla no quiere que eso pase. También están quienes consideran  que los cabecillas de las Farc ya están pensando como “políticos” y saben que si no muestran voluntad de paz y arrepentimiento, no podrán acceder a cargos de elección popular. Y no faltan los que consideran que hay una trampa detrás de la tregua y que la guerrilla en realidad está muy débil militarmente o necesita tiempo para rearmarse y volver a la ofensiva en el combate… En fin, hay muchas ópticas a considerar, pero lo cierto es que hoy se cumplen 10 días del cese el fuego unilateral e indefinido, y todavía no se ha roto. Eso es inédito.