El reelecto presidente de Ecuador Rafael Correa advirtió que mantendrá firmeza ante la "oposición golpista" y la "prensa corrupta" durante su nuevo mandato, y que una prioridad en política exterior será ponerle condiciones al capital para evitar abusos en cuestiones como los arbitrajes internacionales.

Correa, reelegido el domingo en primera vuelta con 56,8% de los votos, marcó una diferencia entre el banquero conservador Guillermo Lasso -segundo con 22,9%- y lo que llamó una oposición "obstaculizadora y golpista" con la que "no hay nada que hablar".

"Que Lasso haya reconocido su derrota es importante", declaró el mandatario izquierdista el miércoles a corresponsales extranjeros.

Pero se mostró duro con los demás grupos opositores.

"Los ataques seguirán, hay gente muy mala, enferma, estamos afectando a poderes que se creían intocables", dijo. Y denunció una "campaña sucia" durante la campaña con "financiamiento externo, incluso desde Colombia".

"En la democracia se respeta a los perdedores, pero se aplica la opinión mayoritaria", advirtió.

Correa culpa a políticos como el derrocado expresidente Lucio Gutiérrez -tercero en los comicios con 6,9%- de haber intentado un golpe de Estado en su contra el 30 de septiembre de 2010, aprovechándose de una rebelión policial por motivos salariales, lo que el dirigente niega.

A la espera de que se conozcan los resultados sobre la conformación del Congreso, el gobernante, que iniciará su nuevo período el 24 de mayo, aseveró que el oficialista Alianza País (AP) ganó entre 97 y 98 de los 137 escaños.

Un conteo rápido de la ONG Participación Ciudadana -autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE)- sostiene que AP logró 90 escaños, seguido del partido de Lasso, con 12.

El presidente reiteró que no se presentará para un nuevo mandato, incluso si AP o la ciudadanía impulsan una reforma constitucional para permitírselo.

"Si se quiere cambiar ese sistema (que autoriza la reelección por una sola vez) me opondría, pero si hay la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano, que ellos decidan, yo no me lanzo", subrayó.

También anticipó que seguirá confrontando a un sector de la prensa privada al que acusa de "mediocre y corrupto", y de intentar desestabilizarlo junto con grupos privados opuestos a su gobierno, el que más ha durado luego de que entre 1996 y 2006 los ecuatorianos vieran desfilar a ocho presidentes (tres derrocados).

"Con esa prensa corrupta seguiremos en tensión. Cuando no la tenga, habré traicionado mis principios", aseguró el gobernante, y señaló que aprovechará su mayoría parlamentaria para que se apruebe una ley de comunicación que, según un proyecto de AP, plantea una nueva repartición de frecuencias y más regulaciones.

Mediante esa norma "pediremos una prensa decente, ética, que informe y no que manipule, que comunique y no haga politiquería", apuntó.

El mandatario anunció que el control de la Asamblea le permitirá destrabar proyectos e impulsar otros para "hacer irreversible la revolución ciudadana", y no descartó una reforma para "corregir errores" de la Constitución de 2008 que él impulso.

Entre otros mencionó una ley para regular el uso del agua, una reforma al código penal vigente desde hace 70 años y otra a la seguridad social para que las amas de casa y otros trabajadores no formales puedan jubilarse.

Sobre la política exterior, manifestó que "la prioridad será la integración latinoamericana", y que mantendrá relaciones "con la mayor cantidad de países en un marco de respeto y sin pedirle permiso a nadie".

Estados Unidos ha cuestionado los vínculos de Quito con Teherán.

Otra aspecto clave, que definió como de "supervivencia", será la creación de centros de arbitraje regionales que pongan fin a los "atropellos que cometen las transnacionales y la burocracia internacional" contra países como Argentina, Bolivia y Ecuador.

"No buscamos ponerle condiciones a ningún país, pero sí al capital transnacional", sostuvo, al rechazar la reciente decisión de un panel, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que se declaró competente para atender los reclamos de Chevron contra Ecuador, en un juicio por el que la petrolera estadounidense fue condenada a pagar 19.000 millones de dólares por contaminar la Amazonía.

El tribunal tomó esa decisión "invocando el tratado (bilateral de protección de inversiones) de 1998, cuando Chevron, antiguamente Texaco, salió del país en 1992. Eso es monstruoso, ya basta de tanto abuso", dijo.

AFP