EN LA audiencia pública sobre el alcance legal y jurisprudencial del matrimonio en Colombia, llevada a cabo en la Corte Constitucional sobre la sentencia C-577 de 2011, por medio de la cual se avalaron las uniones entre parejas del mismo sexo, ninguno más claro, entre las varias intervenciones, que el notario Álvaro Rojas. Dijo que esa Corporación no fue clara al expedir la sentencia puesto que en ningún momento habló de matrimonio, sino que pareció más bien un fallo para dejar contento a todo el mundo, pero que no tuvo la debida exactitud y contundencia jurídica. “Los notarios del país acatamos sin discusión la orden de la Corte, sin embargo la parte resolutiva de la sentencia no era clara y por eso tuvimos que pedir una aclaración. Pedíamos, precisamente, que se nos aclarara si el acto solemnizado para unión de parejas del mismo sexo era o no matrimonio”.
Según las leyes colombianas, el matrimonio legal está establecido como la unión de un hombre y una mujer, sin que hasta ahora se hayan derogado las normas correspondientes o se haya dado un alcance diferente a la noción jurídica de la familia, tal cual se estipula en las normativas colombianas.
De hecho, el propio notario, vocero de este importante grupo colombiano, dijo ante los magistrados que ante la reiteradas reflexiones frente a las sentencia, los notarios, en su conjunto, concluyeron que no podían celebrar matrimonios, sino contratos solemnes entre parejas del mismo sexo para formalizar la vinculación jurídica aceptada por la Ley.
“Suplicamos que las sentencias tengan coherencia, que sean precisas y que no dejen margen de entrar en un medio gelatinoso, de ir acomodando lo que a cada quien le parece. Este tema tiene que ser muy claro y preciso”, sostuvo en referencia al fallo de la Corte Constitucional.
El problema, en primera instancia, es que el Congreso no ha entrado a manifestarse, de forma clara y conclusiva, sobre el tema. En algunas oportunidades uno que otro senador han puesto el asunto sobre el tapete en proyectos de ley que han sido denegados o eventualmente archivados por carencia de trámite. Como esto ha sido así, la Corte Constitucional, en ciertas sentencias, ha tratado de modular el asunto, pero como dijo el notario Rojas, tampoco ha sido clara, dejando el campo jurídico a la libre interpretación.
De acuerdo con el artículo 113 del Código Civil “el matrimonio es un contrato solmene por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente”
El gobierno encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, a través del ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo ayer que debe reputarse matrimonio civil cualquier unión afectiva y solemne entre las personas que así lo hayan decidido, sin consideración a su género sexual. La solicitud ha sido reiterada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
De tal modo el gobierno estaría en mora de presentar un proyecto de ley al Congreso, dándole alcance a sus opiniones. Se espera por lo tanto que en ese recinto democrático, donde precisamente se hacen, derogan, actualizan o deniegan las leyes, el presidente Juan Manuel Santos y sus auxiliares presenten la iniciativa correspondiente, para su discusión, que podría hacerse de inmediato. Y con ello zanjar de una vez el debate sobre los alcances del matrimonio en Colombia.
En efecto, la Procuraduría General de la Nación, a través de la viceprocuradora general. Martha Isabel Castañeda, pidió al Congreso de la República legislar sobre las uniones del mismo sexo en Colombia. Igualmente dijo que el propio ministerio de Justicia podría presentar un acto legislativo al respecto de modo que los parlamentarios, según su leal saber y entender, voten en uno u otro sentido. Esto, sostuvo “con el propósito de evitar una mayor confusión judicial y en defensa de la seguridad jurídica”.
En el mismo sentido la viceprocuradora, inclusive le propuso al gobierno del presidente Santos que, ante el mismo Congreso, presente la posibilidad de llevar el tema a referendo con el objeto de que, a través de la democracia directa, el constituyente primario pueda expresarse libremente.
Voceros de las organizaciones no gubernamentales proclives a la igualdad de sexos en el matrimonio, insistieron en que quieren un país donde puedan vivir sin miedo y con las mismas garantías para todos.
Por su parte Human Rights Watch, a través de José Manuel Vivanco insistió en la audiencia pública que el Congreso de Colombia “no ha asumido las obligaciones que le corresponden pese a que existe un perjuicio de los derechos a una minoría que tiene una orientación sexual” diferente.
Por su parte la jueza 34 civil municipal de Bogotá le manifestó a la sala plena de la Corte Constitucional que igualmente es necesario que el Congreso de la República sea el que defina, con el objetivo de que en los juzgados no se presenten inconsistencias sobre pleitos de esta índole.