Por no incluir sanciones para quienes discriminen a las personas en condición de discapacidad, fue demandada la ley 1428, conocida como Ley Antidiscriminación.

El demandante argumenta que esta norma es incompatible con los artículos 1º, 13, 47, 68 y 93 de la Constitución; la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sostiene además que la ley no protege ni asegura el goce pleno y en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad, pues “las conductas discriminatorias para unos grupos sí constituyen consecuencias penales, pero las fundadas en la discapacidad no tienen esta sanción, cuando los efectos de la discriminación son los mismos, exclusión, pobreza y vulneración”.

La iniciativa mencionada fue radicada en 2011 por la bancada del Mira y fue aprobada en noviembre del mismo año. En ella se incluyen sanciones en el Código Penal para quienes atenten contra los derechos de las personas por condición de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual.

Al respecto, el senador del Mira, Carlos Baena, le aseguró a EL NUEVO SIGLO que cuando presentó el proyecto, lo planteó como una ley antirracismo, pero que “en  el trámite, tanto ponentes como el Gobierno introdujeron todas las demás poblaciones. Fue una decisión de las cámaras extender la población protegida, e infortunadamente no quedó ahí la población en discapacidad”.

La norma ha recibido diversas críticas. Por una parte, el procurador Alejandro Ordóñez ha asegurado que atenta contra la libertad de expresión. Pero además, varias asociaciones en defensa de los discapacitados la han considerado excluyente por no abarcar a esta población. Incluso en enero de este año el senador del Partido Liberal, Juan Manuel Galán, radicó un proyecto de ley para llenar los vacíos con respecto a estas personas.

El abogado José Alejandro Hoffman trabajó junto con Galán en el proyecto de modificación de la ley, que será debatido en la presente legislatura. Hoffman le manifestó a este diario que rechaza la demanda de inconstitucionalidad, pues esta busca retirar la norma y no ampliar su rango de acción: “El actor que ha radicado la demanda quiere convertir a la Corte Constitucional en un legislador”, aseguró el abogado que presenta parálisis cerebral.

Por su parte, el excandidato al Senado Juan Pablo Salazar también reclamó en su momento que “se quedó coja pues no cobija a personas en situación de discapacidad, creo que hay que hacerle una cirugía”. Aunque proponía varias iniciativas en pro de esta comunidad, como la educación inclusiva, los votos no le alcanzaron para llegar a la Cámara Alta.