Frente a los resultados de la gestión adelantada por el Distrito Capital en la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la capital del país, la Procuraduría General de la Nación presentó algunas observaciones y recomendaciones a la administración distrital, durante la audiencia pública de rendición de cuentas que se llevó a cabo el lunes 12 de diciembre en las instalaciones de la Alcaldía Mayor.

La procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos Castañeda señaló que es necesario que el Distrito Capital avance en la desagregación de metas por localidades, acorde con el contexto y situación de cada una,  pues solo así se podrán hacer visibles las inequidades sociales y tomar decisiones de política que permitan modificar las condiciones de vida de sus habitantes y seguir avanzando en la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud.   

Respecto de las cinco primeras causas de mortalidad en niñas y niños menores de 5 años, la PGN observó que siguen siendo datos muy altos y preocupa significativamente que los trastornos respiratorios en el periodo perinatal se sigan registrando como la mayor causa de mortalidad (248 casos en 2010), cuando es una situación totalmente evitable. Preocupa además que las malformaciones congénitas, que están asociadas a embarazos de adolescentes entre 10 y 19 años, ocupen el segundo lugar (208 casos en 2010).

En relación con el porcentaje de niños y niñas con bajo peso al nacer, el indicador presenta una tendencia hacia el aumento, pasando de 11,9% en el 2005 a 13,2 % en el 2011, fenómeno asociado con el aumento de las gestantes en edad adolescente y el precario estado nutricional de la madres.

De hecho, el informe del Distrito evidenció que entre el 2005 y el 2010 en promedio se han registrado anualmente 2.523 nacimientos de madres adolescentes entre los 10 y los 19 años. En concepto del Ministerio Público, es muy preocupante el comportamiento de este indicador, que presenta una tendencia casi estática y que debe llevar al Distrito al replanteamiento de las políticas y estrategias en esta materia.

El aumento de la denuncia por casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual y maltrato, en concepto de la Procuraduría evidencia, de una parte, que hay mayor información entre los ciudadanos sobre los medios de denuncia y más conciencia sobre su importancia, pero también demuestra que se deben rediseñar las acciones institucionales frente a la protección de la familia, especialmente a la luz de lo dispuesto en la Ley 1361 de 2009.

Con respecto a la gestión frente al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), la procuradora delegada señaló que se evidencian debilidades tanto en la disponibilidad de centros para la atención y resocialización del adolescente infractor, como en políticas preventivas integrales que impacten en la disminución de los factores de riesgo.

Otro aspecto sobre el cual el Ministerio Público llamó la atención, se refiere a las tasas de suicido en adolescentes y jóvenes: en el 2010 se registraron 30 casos en adolescentes entre 14 y 18 años y 73 casos en jóvenes entre 19 y 26 años, situación que igualmente exige políticas de protección y prevención.

La inversión en infancia y adolescencia en el último cuatrienio en Bogotá se estima en 10,3 billones de pesos; el Ministerio Público considera que dicho presupuesto no puede ser inferior y, por el contrario, para avanzar en la garantía de estos derechos constitucionales, este gasto público social, debe incrementarse.

Respecto de la no presentación de un “Plan de Mejoramiento” por parte de la Administración Distrital, la Procuraduría señaló que se hace imperativa su formulación y presentación, especialmente como herramienta de empalme.