Preocupación porque aunque los jueces no pueden poner ni quitar gobernantes, lo están haciendo manifestó el Gobierno Nacional.
Un fallo de primera instancia proferido por el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de Santa Marta, Napoleón Barraza, que declaró nula la elección del gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, de los 13 diputados de la Asamblea Departamental y, además, no solo declaró nulas las elecciones del municipio de Zona Bananera, sino que ordenó nuevamente los comicios electorales en la población, ha prendido las alarmas sobre los alcances que puede llegar a tener una tutela en estos casos.
La tutela es definida por la Constitución Política de 1991 como una acción para reclamar ante los jueces, por sí mismo o por quien actúe a su nombre, para la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.
Según está establecido en las funciones del Consejo de Estado, la Sección Quinta es la encargada de resolver todos los procesos electorales relacionados con elecciones o con nombramientos.
Teniendo en cuenta lo anterior, “un juez de ejecución de penas no puede decretar una nulidad, eso lo debe decretar un juez administrativo”, le explicó a EL NUEVO SIGLO el senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador.
El congresista no es el único que tiene una apreciación parecida. El exmagistrado del Consejo de Estado, Ramiro Saavedra, defiende la finalidad de cada uno de los procedimientos creados y cree que la justicia no está hecha para defender a los elegidos o a los no elegidos.
“Existe un procedimiento claro que establece la ley para cuestionar las elecciones, mientras que la tutela es una medida que solamente procede para defender derechos fundamentales cuando no hay otros hechos”, dijo el exmagistrado Saavedra en relación a la suspensión del gobernador Cotes.
Frente al tema de la nulidad de las elecciones del municipio Zona Bananera y la respectiva orden de volverlos a realizar, Saavedra también cuestionó el actuar del Juez y consideró que la disposición tomada por éste es una intromisión.
“Yo creo que es una intromisión del juez en un tema que no tiene; porqué, si está regulado a través de otras acciones y otros procedimientos ese no es el mecanismo. ¿Cómo va a ordenar elecciones? La tutela defiende los derechos fundamentales pero no regula el tema electoral”, precisó.
“Yo pienso que la justicia no es para defender un mandato de una persona elegida o sin elegir”, anotó Saavedra.
Ante la polémica, el profesional en derecho Clímaco Jiménez consideró que la finalidad de una  tutela no es tumbar elecciones, porque para ese trámite se utiliza un proceso contencioso de nulidad electoral.

Gobierno Nacional

Obligado a acoger el fallo, el Gobierno Nacional encargó la administración seccional al viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, Juan Fernando Londoño.
Al explicar el tema, el ministro del Interior, Germán Vargas, señaló ese “fallo está surtiendo una etapa de revisión en el Tribunal Superior del Distrito Judicial”, por lo tanto, “acatamos la tutela pero esperamos que el Tribunal Superior se pronuncie sobre la misma”.
El viceministro de Participación e Igualdad de Derecho, Luis Felipe Henao, tras reiterar el “respeto” del Ministerio del Interior y del Gobierno Nacional por los fallos judiciales, manifestó la “preocupación” por la desinstitucionalización que estos mismos pudieran llegar a generar en un departamento y más cuando el Plan de Desarrollo gubernamental estaba a punto de ser presentado.
“Creo que las decisiones judiciales nosotros las acatamos con respeto, pero tienen que ser decisiones responsables. Nno pueden colocar en entredicho el futuro de todo un departamento y a nosotros si nos preocupa que se esté desconociendo la sentencia de la Corte Constitucional donde señala que la competencia de los jueces en materia de tutela no sean para poder quitar o poner gobernador”, dijo Henao.
El Viceministro resaltó que no se estaba poniendo en “entredicho” la suerte del Gobernador, ni la honestidad de la Asamblea, sino que “se están mirando unos procesos electorales y esto se tiene que dar ante el Consejo Nacional Electoral o ante el Consejo de Estado, pero no ante un juez de tutela”.
Henao sostuvo que el Ministerio pedirá que se aclaren varios puntos del fallo porque presuntamente no se están respetando los precedentes de la Corte Constitucional.
Por lo pronto, Londoño se posesionó el viernes ante los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y manifestó su intención de continuar con las “directrices” dejadas por el gobernador Cotes.