La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la denuncia de espionaje formulada por el diario Extra de Costa Rica, hecho que calificó como "intimidación contra las fuentes periodísticas".

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad e Información de la SIP condenó "este acto de espionaje telefónico", luego de que Extra denunció el lunes que "altas autoridades" del Poder Judicial espiaron durante meses a sus periodistas para descubrir la identidad de sus fuentes.

Para la SIP, este hecho "pone en entredicho el respeto por la libertad de prensa en el país, en contravención del secreto profesional de las fuentes periodísticas como consta en tratados internacionales y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, así como la Declaración de Chapultepec", según un comunicado divulgado en Miami.

"Se trata de una violación flagrante a la libertad de información que tiene como fin primordial crear un efecto de intimidación contra las fuentes periodísticas", agregó Paolillo, también director del semanario uruguayo Búsqueda.

Según denunció el diario Extra, la intervención de llamadas telefónicas se habría cometido a través de la Policía Judicial y la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, después de una investigación periodística sobre varios hechos de secuestro en los que habrían estado involucrados policías.

"Nos rastrearon todas las llamadas para determinar con cuáles funcionarios públicos han conversado nuestros comunicadores y así dejar al descubierto y en estado de indefensión al diario Extra y, por ende, a esas personas honestas que tienen algo que decir del sistema", declaró en conferencia de prensa la subdirectora del periódico, Patricia Hernández.

La periodista denunció que oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han hecho llamadas telefónicas intimidatorias en contra del periódico y que sus reporteros son seguidos y fotografiados por agentes durante el desempeño de sus funciones.

La denuncia del diario está basada en un expediente judicial interno que, de forma anónima, fue enviado a la sala de redacción de ese medio, precisó el comunicado de la SIP.

El expediente de más de 200 páginas consta la orden de intervención de las llamadas de teléfono del personal del diario y de funcionarios judiciales y policiales, con la intención de detectar a las personas que habrían servido de fuentes periodísticas desde dentro de las dependencias oficiales.

El Poder Judicial rechazó la acusación en un comunicado e informó que solicitó un informe al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial.

Ante una pregunta de la SIP, el representante legal del diario, Carlos Serrano, indicó que desconoce si la intervención telefónica ha cesado o continúa.