Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

Más allá de su tercer debate en la Comisión Primera del Senado, no sobreviviría un artículo de la reforma al Código Penitenciario y Carcelario, que tiene previstas algunas restricciones a los medios de comunicación para acceder a los internos en los centros de reclusión. Sigue el ambiente entre algunos parlamentarios, que es una disposición que atenta contra la libertad de prensa.

La Reforma al Código Penitenciario y Carcelario junto con la reforma a la salud son los dos grandes proyectos radicados por el Gobierno nacional, que sobreviven de la pasada legislatura. Es una de las principales estrategias con las cuales la administración Santos Calderón busca dar respuesta a la creciente crisis en los centros de reclusión, afectados por el hacinamiento y, en muchos casos, por las limitaciones para prestar los servicios básicos a los internos.

Sin embargo, causó polémica durante los dos primeros debates a este proyecto en la Comisión Primera de Cámara y la plenaria de esta Corporación, el artículo 115 que establece algunas restricciones a los medios de comunicación para acceder a los centros de reclusión con el fin de entrevistar a los internos.

Este artículo fue introducido por la ponencia para primer debate, señalando que: “Visitas de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tendrán acceso a los centros de reclusión siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por el reglamento general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y se trate de una entrevista a una persona condenada. La autorización debe ser concedida por el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”.

Sin embargo, sectores periodísticos del país y algunos congresionales, como el representante Guillermo Rivera reaccionaron considerando que estas restricciones se constituyen en una mordaza para la prensa.

Luego en medio de la polémica, la plenaria de la Cámara en segundo debate le hizo algunos retoques al texto del artículo 115 de este proyecto: “Los medios de comunicación tendrán acceso a los centros de reclusión siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por el reglamento general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, las resoluciones que para su reglamentación expida el Instituto y que medie el consentimiento del interno, la autorización debe ser concedida por el juez competente, el cual además deberá tener en cuenta el efecto sobre las presuntas víctimas del interno, la seguridad nacional, el orden público, la independencia judicial y la seguridad del establecimiento”.

El cambio introducido por la plenaria de la Cámara en este artículo no bajó la temperatura de la polémica, pues la idea general es que se mantuvo la mordaza a la prensa. En este momento el presidente Santos entró a terciar señalando en junio pasado que “pensé que esos criterios eran importantes para que los jueces tuvieran en cuenta las solicitudes de los periodistas para entrevistar a los presos. Fue interpretado como una acción del Gobierno para restringir la libertad de expresión y la acción de los periodistas”. Por lo que anunció que le pediría a la ministra de Justicia, Ruth Correa, que retire ese artículo.

Voces

El representante Óscar Bravo (Partido Conservador), quien fue ponente para segundo debate de este proyecto, explicó sobre las restricciones a la prensa que se mantienen en dicho proyecto que “nosotros pedimos eliminarlas, fue la Ministra de Justicia la que nos dijo que mejor dejáramos eso así, que ella respondía. Lo que me sorprendió fue que después el Presidente dijo que no estaba de acuerdo”.

Bravo añadió que “entiendo que eso lo van a eliminar en Senado, entonces quedamos nosotros en la Cámara con el ‘pecado’ supuestamente porque no queríamos”.

En tanto el nuevo presidente de la Comisión Primera del Senado, Juan Manuel Galán, dijo que “el tema hay que discutirlo y debatirlo, no se trata en ningún momento de imponerle una restricción a los medios de comunicación ni una censura porque por supuesto eso es inaceptable en cualquier democracia. Pero me parece que hay que hacer una reflexión de autorregulación desde los medios de comunicación, no imponiendo leyes prohibitivas en donde los medios resulten restringidos para entrevistar, pero sí me parece que se debe hacer un llamado a la autorregulación porque no es posible que narcotraficantes, criminales tengan un espacio, a veces, muy amplio en los medios para expresar opiniones. Eso para las víctimas es una agresión muchas veces”.