Tras concordar en que la seguridad de los reclamantes es clave, la Unidad de Restitución de Tierras precisó algunas cifras contenidas en el informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la implementación de la ley de víctimas.

A través de un comunicado, la Unidad sostuvo que “consideramos que el tema de seguridad, protección para reclamantes, líderes y funcionarios, así como la judicialización de los hechos violentos presentados en el marco de la implementación de la restitución es clave para lograr la sostenibilidad del proceso”.

“Por otro lado”, sostuvo el comunicado, “relativo a las cifras de retorno expuestas en el informe, es necesario hacer algunas precisiones: el total de sentencias hasta el momento son 233 que cubren 666 casos e involucran casi 15.000 hectáreas. De los beneficiarios de restitución, alrededor del 66 por ciento ha retornado a vivir o ejerce un retorno laboral en sus predios; del 34 por ciento restante, aproximadamente el 24 por ciento está pendiente de la entrega de sus terrenos y solo un 10 por ciento no ha retornado; hay que aclarar que la restitución no obliga a la víctima al retorno sino que este es voluntario. El anterior resultado es producto del esfuerzo conjunto del sector defensa por mejorar las condiciones de seguridad de los territorios y de las entidades que tienen a su cargo la restitución jurídica y material de las tierras”. 

Sobre el aspecto de la seguridad, la Unidad anotó “que para esta política, el Gobierno diseñó una estrategia específica que comprende la articulación de las diferentes entidades con competencias en el tema, como son la Fuerza Pública, la Unidad Nacional de Protección, autoridades locales y la Unidad de Restitución de Tierras”.

“Señalamos que esta importante política se adelanta en medio del conflicto armado, lo cual se configura como un esfuerzo sin precedentes en el mundo debido a los enormes desafíos que esta situación representa”, se consignó en el comunicado.