La cárcel de la ciudad mexicana Gómez Palacio (norte), donde el martes se registró un intento de fuga que dejó 22 muertos, tiene un negro historial en su pasado con una cadena de incidentes violentos y de corrupción.

"Asciende la cifra de muertos en la riña del penal de Gómez Palacio a 22 muertos, 13 reos y 9 custodios", confirmó el miércoles a la AFP Fernando Ríos Quiñones, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Se trata del peor incidente en el penal, ubicado en el estado de Durango, que saltó a la luz pública en 2010 cuando la exdirectora fue detenida al descubrirse que autorizaba a algunos presos, relacionados con el cártel de Los Zetas, a salir por las noches a matar rivales y luego regresar a dormir en sus celdas.

Los presos, que salían en automóviles oficiales, usaron las armas de los custodios para realizar al menos tres masacres en bares de la vecina ciudad de Torreón (del estado de Coahuila), dejando 35 muertos.

El enfrentamiento entre custodios y presos que se registró el martes se desató cuando los guardias se dieron cuenta de que los reclusos planeaban una fuga. Inmediatamente los reos empezaron a disparar contra los carceleros y las torres de vigilancia.

El secretario de seguridad Pública de Durango, Jesús Rosso, reconoció el miércoles a MVS Radio que los presos tenían armas y que los guardias abatidos no portaban armamento al momento del motín porque no está autorizados para utilizarlas cuando están en contacto con los internos.

Sin embargo, el funcionario rechazó precisar el tipo de armas que los presos utilizaron para atacar a los vigilantes y cómo las obtuvieron.

Los agentes que se encontraban en el exterior de la cárcel tenían autorización para usar armas y fueron los que dispararon para contener a los amotinados, explicó.

Un total de 137 reos habían sido trasladados el domingo desde esta cárcel a otros penales federales y se había realizado una revisión a los detenidos en la que les fueron incautadas "armas hechizas" (caseras), teléfonos celulares y electrodomésticos, explicó Rosso.

En esta cárcel, ubicada en una zona en la que mantienen una disputa territorial Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, murieron en los últimos tres años 78 personas entre internos y custodios, según datos publicados el miércoles por el periódico Reforma.

En agosto de 2010, un mes después de que la exdirectora del penal fuera detenida, los reos se amotinaron al mismo tiempo que familiares protestaban afuera de la cárcel para que la directora fuera restituida en su cargo.

Cuatro periodistas enviados para cubrir esta protesta fueron secuestrados y los rebelados intentaron que televisoras transmitieran sus mensajes. Los reporteros fueron liberados unos días después en un operativo policial.

En los últimos dos años, 521 presos huyeron en 14 fugas y se registraron cientos de homicidios dentro de las cárceles, que carecen de procedimientos para atender incidentes violentos, tales como riñas, lesiones, suicidios y motines, de acuerdo con reportes de la oficial Comisión Nacional de derechos humanos.

En los centros penitenciarios la comisión ha detectado la presencia de armas, drogas, prostitutas y de grupos y personas que ejercen violencia o control sobre el resto de la población carcelaria.

Las mayores fugas masivas de penales mexicanos se registraron en las ciudades fronterizas con Estados Unidos de Nuevo Laredo (Tamaulipas, noreste), al escapar 151 reos en diciembre de 2010, y de Piedras Negras (Cohauila, noreste), con 132 en septiembre de este año.

Las autoridades relacionaron ambos incidentes con el cártel de Los Zetas, que opera principalmente en estados del norte y este del país.

En febrero pasado en la cárcel de Apodaca, en el estado de Nuevo León (norte, también fronterizo), 44 presos fueron asesinados por Los Zetas para facilitar la fuga de 30 de sus compañeros, con complicidad de los custodios.

La lucha entre los cárteles del narcotráfico y las autoridades, en el marco de una ofensiva militar contra el crimen organizado lanzada hace seis años, dejó en ese lapso un saldo de más de 60.000 muertos en México.

La superpoblación en las cárceles del país, con capacidad real para 188.147 reos frente a los 237.580 hoy encarcelados --según datos de la Comisión de derechos humanos---, se ha agudizado con la lucha entre grupos criminales, que se ha trasladado al interior de las cárceles.

AFP