Después deque el alcalde Gustavo Petro advirtiera que “si el Concejo no aprueba el proyecto” de modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), “será expedido por decreto, lo cual es legal”, los integrantes de la Comisión del Plan anunciaron que votarán el viernes el proyecto aunque tienen plazo hasta la última semana de julio para aprobarlo en primer debate.

Mientras estos tres días serán para debatir si utilizan los tres meses de plazo para estudiar el POT, las cargas políticas están en contra de la Administración como lo tituló EL NUEVO SIGLO el 5 de mayo, pues en el último mes no se ha logrado cambiar la coalición mayoritaria de oposición.

A la hipótesis de que se hundirá se llega porque la mayoría de los integrantes de la Comisión llevan dieciocho meses en la oposición acérrima y no van a cambiar de la noche a la mañana, aunque en política cualquier cosa puede pasar antes que se queme el pan en la puerta del horno.

¿Cuál es la realidad de hoy? Nueve de las quince curules que tiene la Comisión del Plan, donde se debate en primera instancia, han sido las más profundas opositoras de Petro.

Ponencias

Ayer dos situaciones dejaron molesta a la Administración.

Se determinó votar el proyecto el viernes y la ponencia negativa del concejal liberal Miguel Uribe.

En efecto, el presidente de la Comisión, Javier Palacios, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), anunció que después de realizar un ejercicio participativo con los sectores más representativos de la ciudad y de escuchar a los organismos de control y a los ponentes del proyecto de modificación al POT presentado por la administración distrital, el viernes se hará la votación en comisión de este proyecto que define el uso del suelo en la capital.

“Hay preocupaciones por las graves falencias que se presentan en esta modificación, ya que en el mediano plazo pueden conllevar a una inestabilidad técnica y jurídica en Bogotá y perder muchos de los procesos que se venían llevando a cabo en nuestra ciudad. Los planteamientos están basados en conceptos técnicos y jurídicos alejados de cualquier posición política”.

En este mismo sentido, Uribe manifestó que la modificación excepcional del POT tiene vicios de legalidad y carece de sustento técnico y jurídico: “Aprobarlo implicaría faltas disciplinarias, delito de prevaricato por acción y abuso de función pública a los concejales. Por estos y otros motivos, radico ponencia negativa”.

Uribe señaló que “a lo largo del proyecto se encuentra una serie de ajustes que impactan directamente la vida de la población como la desregulada mezcla de usos del suelo, las edificabilidades abiertas con difíciles posibilidades de concreción, especialmente para los propietarios de los predios, la disminución de la meta del espacio público, la dificultad del control urbanístico, la eliminación de las UPZ, entre otros”.

Agregó que además “este nuevo POT acaba con los cerramientos de la propiedad horizontal, aumenta significativamente el valor de la vivienda e indetermina las zonas de riesgo y elementos ambientales; lo que convertiría a Bogotá en una ciudad de tercer nivel, con un mayor desorden territorial, riesgos de corrupción y un difícil control urbanístico”.

El concejal Uribe explicó que “este proyecto de Acuerdo es sólo un manual que contiene la determinación de compromisos futuros para estudios y actividades que serían necesarios para la formulación de un verdadero Plan; lo que deja el ordenamiento territorial del Distrito Capital en un estado de indeterminación, sometido a una especie de condición suspensiva para hacer efectivo su contenido y efectos”.

Según el concejal en el proceso de elaboración de este nuevo POT existen vicios de trámite y procedimiento “la Administración ha publicado tres articulados diferentes en los últimos seis meses, dificultando la participación y el seguimiento de dicho contenido. El articulado radicado en el Concejo de Bogotá en mayo de este año no es el mismo que surtió el trámite de concertación ante las autoridades ambientales, como lo advierte la Contraloría Distrital, lo que genera un vicio en el procedimiento de expedición del nuevo Plan”.

Personero pide retirar proyecto

El personero Ricardo María Cañón le solicitó al alcalde Gustavo Petro considerar el retiro del proyecto de acuerdo que presentó al Concejo Distrital sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), porque la propuesta no corresponde a una modificación excepcional de las normas urbanísticas del Plan, sino a una revisión general que sólo puede realizarse a partir de 2019, según las normas.

La petición fue realizada en una carta, también dirigida a la presidenta del Concejo, María Clara Name, del Partido Verde, a quien le solicitó considerar la posibilidad de abstenerse de darle trámite al proyecto y archivarlo por las mismas razones.

La misiva del Personero indica ocho graves problemas adicionales que tiene el proyecto y que podrían afectar negativamente el interés público y exponer al Distrito Capital a un riesgo jurídico de alto impacto y de difícil mitigación.

Según la carta, el proyecto delega en secretarios del despacho competencias que son propias del Concejo Distrital. Por lo anterior, es imperativa una estricta revisión en cada caso de delegación, pues ello podría afectar la legalidad de la modificación del POT.

Dice también el personero, en defensa del interés público y para la protección del derecho colectivo a la moralidad púbica, que es importante que se revisen bien las  facultades que se darían a funcionarios de turno, pues ese hecho podría generar actos de corrupción, en la medida en que se haría depender de un criterio personal la autorización de una actividad, un desarrollo urbanístico, la obligación o no de ejecutar acciones de mitigación o de compensación, con importantes efectos económicos para el interesado, según el sentido de la decisión.

De igual modo, no se encontró en el proyecto una reglamentación clara del recaudo y uso de los fondos por concepto de compensaciones en dinero relacionadas con cargas urbanísticas, lo que generaría un alto riesgo de corrupción.

En la misiva, el personero indicó que derogar a través del POT disposiciones urbanísticas de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) adoptadas, la mayoría de ellas, con la participación de la comunidad, desconocería los derechos de participación  consagrados en la Constitución.

Finalmente, señala que la mezcla de usos que existe de hecho en distintas zonas de la ciudad genera reiteradas conflictividades y violencias que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana, como para que se proponga ampliar esa miscelánea de usos.

Tampoco se puede desconocer que el Distrito no cuenta con instrumentos locales ni operativos idóneos para ejercer un control eficaz para asegurar el cumplimiento de las normas urbanísticas; prueba de ello son los altos registros de querellas y reclamaciones ante las alcaldías, muchas sin resolver oportunamente, como para proponer mezclas de usos difíciles de vigilar.