La revisión del posible incumplimiento de la Ley de Cuotas por parte del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos comenzará el lunes en el Consejo de Estado a través de una audiencia pública.

De acuerdo con las organizaciones no gubernamentales que impulsan la acción legal ante el alto tribunal de lo contencioso, el proceso es de vital importancia en la garantía de la participación igualitaria de las mujeres en cargos directivos en el Gobierno.

Las ONG recordaron, a través de un comunicado, que la ley 581 de 2000 establece que al menos el 30 por ciento de los cargos en el máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios del Estado deben ser ocupados por mujeres. Sin embargo, sostuvieron los quejosos, el presidente Santos ha incumplido sistemáticamente la ley al realizar varios nombramientos de funcionarios públicos.

A finales de 2012 la Corporación Sisma Mujer, junto con el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y la Red Nacional de Mujeres, radicaron ante el Consejo de Estado dos demandas de nulidad electoral contra los decretos a través de los cuales fueron designados las cabezas de Colciencias y la Superintendencia de Salud.

De acuerdo con las organizaciones demandantes, la violación de la ley de cuotas por parte de autoridades del gobierno nacional se evidencia claramente en dos casos: el primero es la designación de un hombre como Director de Colciencias, aun cuando apenas 14.3% de los Departamentos Administrativos en el país son dirigidos por mujeres. El segundo es el nombramiento, por parte del Ministro de Salud, del Superintendente Nacional de Salud. Este caso es aún más grave, dado que actualmente no hay ninguna mujer que ejerza el rol de superintendente en el Gobierno Santos.

Después de  la admisión de las dos demandas por parte del Consejo de Estado, la audiencia del próximo lunes marca el inicio del proceso público mediante el cual este organismo deberá pronunciarse  frente a la violación de la Ley de Cuotas.

El Consejo ya reconoció la inobservancia de la ley a mediados del año pasado, a raíz de las tres demandas de nulidad contra los decretos a través de los cuales fueron designados los ministros del Interior, Vivienda y Transporte, demandas también fueron presentadas por las tres ONG.

En caso que el Consejo de Estado vuelva a confirmar la violación de la ley 581 de 2000, se decretará la nulidad de los nombramientos del superintendente de Salud y el director de Colciencias. Por esta vía se podrá sentar un precedente clave sobre la obligatoriedad del cumplimiento de esta ley, la cual abre más espacios para que las mujeres participen en la toma de decisiones en el Gobierno.

De acuerdo con las ONG, de las 12 entidades analizadas tanto del nivel central como del descentralizado directo, solo cinco entidades cumplen con la cuota; de las restantes, cuatro no cuentan con ninguna mujer y las otras tres se encuentran por debajo del 30 por ciento.