El ejemplo empieza por casa. Ese es el mensaje que la Fiscalía General de la Nación le envió al país esta semana al anunciar la captura, con fines de extradición, del Director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno Rivero, sindicado de exigir un soborno al exgobernador de Córdoba, Alejandro Llyons Muskus, quien es investigado por varios delitos contra la administración pública.
Es claro que se trata de un caso que avergüenza al ente acusador, pues evidencia que la corrupción llegó a altos niveles en la entidad, por más que se trate de un caso aislado, como todo parece indicar. Y también es evidente que urge redoblar los filtros de selección de personal, no solo porque el ahora exfiscal Moreno había pasado satisfactoriamente la prueba del polígrafo cuando fue designado para un cargo tan sensible, sino porque de las pesquisas de los últimos días quedó al descubierto que manejaba altas sumas de dinero en negocios inmobiliarios, transacciones que debieron haber sido detectadas con antelación, a manera de alerta temprana.
Lamentablemente no es la primera vez que la sal se corrompe en materia de altos funcionarios de los entes de control y vigilancia. Y si bien cada día son más los mecanismos activados en esas entidades para garantizar la transparencia de los operadores judiciales y sus actuaciones, los corruptos se las ingenian para infiltrar en distintos niveles. Lo ocurrido con Moreno, cuyo despacho llevaba o coordinaba varios de los procesos investigativos más importantes del último año, pone sobre la mesa que se requiere ajustar de forma drástica la vigilancia preventiva, permanente e integral de la Fiscalía sobre sus empleados para asegurar su idoneidad. La propia entidad daba cuenta esta semana de cómo en el último año se capturaron más de 48 funcionarios y contra más de 800 se han iniciado investigaciones. Esto prueba que no existe aquí ningún perverso sentido de ‘solidaridad de cuerpo’ ni mucho menos se es proclive a la malsana premisa de que ‘la ropa sucia se lava en casa’.
Aunque no faltan algunos dirigentes políticos que le han querido ‘cobrar’ al fiscal general Néstor Humberto Martínez el vergonzante caso del exfiscal Moreno, e incluso se ha tratado de politizar este escándalo en medio del agitado arranque de la campaña electoral, es innegable que el ente acusador, tan pronto como fue informado de las andanzas anómalas del alto funcionario, puso en marcha, en conjunto con la Agencia Antidrogas estadounidense, un operativo que no solo desembocó en su pronta captura con fines de extradición, sino que en lapso récord también se avanzó en un proceso de extinción de dominio sobre sus bienes, al tiempo que se indagan otras de las actuaciones del sindicado con el fin de determinar si incurrió en más delitos, directamente o por interpuesta persona de la Fiscalía o particulares.
Olvidan los malquerientes del Fiscal General que desde que llegó al cargo ha urgido reformas para hacer más drásticos los castigos a los corruptos, aumentar la eficiencia en la persecución de los recursos mal habidos y disminuir al máximo permitido la posibilidad de rebajas de penas o el otorgamiento de beneficios penitenciarios como la casa por cárcel, la libertad condicional o el principio de oportunidad. Incluso, en desarrollo de una alianza con las autoridades judiciales de Estados Unidos, propuso que la figura de la extradición se aplicara como una herramienta más para castigar a los corruptos de cualquier calaña.
No será fácil para la Fiscalía recuperar parte de la credibilidad pública perdida por el caso Moreno. Eso es evidente. La única forma de hacerlo es redoblar esfuerzos en la judicialización y condena de los criminales, sobre todo de aquellos delincuentes de ‘cuello blanco’. La anunciada reforma penal y penitenciaria que el titular del ente acusador presentará al Congreso en el comienzo de la próxima legislatura será una oportunidad para notificarle al país que la Política Criminal del Estado se enfocará en la persecución de los delitos de mayor impacto y lesividad para la sociedad, dejando de lado el populismo punitivo y la excesiva judicialización de conductas leves y contravencionales.
En momentos en que la Fiscalía se apresta a celebrar su primer cuarto de siglo de existencia y pululan los análisis sobre su rol en materia de administración de pronta y eficaz de justicia, la opinión pública demanda de la entidad y todos sus funcionarios la máxima rectitud y probidad, y que aquellos que falten a estas directrices reciban sanciones drásticas y ejemplarizantes.
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