Dos relatores de ONU denunciaron indulto a Fujimori por considerar que es una “bofetada a las víctimas”. Masiva marcha en Lima

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Durante cuatro horas, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski fue interrogado por fiscales en el Palacio de Gobierno en el marco del caso Odebrecht, que casi le costó la destitución, mientras activistas se aprestaban a manifestarse contra el indulto al exgobernante Alberto Fujimori.

El fiscal anti-corrupción Hamilton Castro, que dirige esta investigación, busca determinar si el mandatario de centro-derecha, o alguna de sus consultoras, se benefició o influyó en concesiones de obras públicas otorgadas a la cuestionada constructora brasileña.

Tras el interrogatorio, el equipo del ministerio público encabezado por Castro se retiró del Palacio de Gobierno sin hablar con la prensa. El presidente tampoco ofreció declaraciones.

Castro investiga los millonarios pagos por asesorías que hizo la compañía brasileña a empresas ligadas Kuczynski mientras era ministro del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006).

El mandatario había negado todo vínculo con la compañía brasileña hasta que fue desmentido por la propia empresa, que decidió colaborar con la justicia.

Paralelamente, ayer también declaró ante la fiscalía la líder opositora Keiko Fujimori, en una investigación sobre financiamiento ilegal de campañas electorales, que también abarca a Odebrecth. La hija de Fujimori, quien se tomó fotos sonriendo con funcionarias de la fiscalía antes del interrogatorio, ha negado toda irregularidad.

Kuczynski se salvó hace una semana de ser destituido por el Congreso por haber mentido sobre sus lazos con Odebrecht, y su interrogatorio y el de Keiko se desarrollaron en medio de una nueva tempestad política tras el indulto que concedió al expresidente Fujimori (1999-2000), quien cumplía una condena de 25 años por corrupción y crímenes contra la humanidad.

En Ginebra, dos relatores especiales de la ONU denunciaron el indulto a Fujimori, diciéndose "consternados" por esta medida que califican de "bofetada para las víctimas".

"El perdón presidencial concedido a Alberto Fujimori basándose en fundamentos políticamente motivados socava el trabajo de la justicia peruana y de la comunidad internacional para lograr la justicia", consideraron la francesa Agnès Callamard, relatora especial para las ejecuciones sumarias o arbitrarias, y el colombiano Pablo de Greiff, relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación.

Organizaciones internacionales de derechos humanos también han criticado el perdón presidencial. Muchos peruanos creen que Kuczynski otorgó el indulto para evitar su destitución por el Congreso: la sorpresiva abstención de 10 legisladores fujimoristas, encabezados por Kenji Fujimori, hijo del exmgobernante, hizo naufragar la moción de declarar la "vancancia" del presidente por "incapacidad moral".

Entre tanto. agrupaciones políticas y sociales marcharon  por las calles de Lima  para manifestar su indignación bajo el lema el "indulto es insulto".

Por su parte abogados de las víctimas y de entidades de derechos humanos preparan su artillería para tratar de conseguir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, anule el polémico indulto. "La Corte sí puede disponer de la anulación de disposiciones normativas o jurisprudenciales internas" de Perú, dijo Carlos Rivera, abogado de las víctimas.