ESTA SEMANA la senadora Gilma Jiménez, del Partido Verde, y el equipo impulsor del referendo de cadena perpetua interpondrían una acción de tutela para que, dijo la legisladora, la Registraduría cumpla con la ley de participación ciudadana y fije los parámetros para que los colombianos finalmente puedan expresarse en las urnas sobre el tema.

EL NUEVO SIGLO: ¿Se ha fallado en cumplir con los mecanismos de participación?
GILMA JIMÉNEZ: Yo creo que la Constitución política garantiza con claridad meridiana el derecho que tenemos los colombianos de tramitar iniciativas como los referendos.
Cuando había una iniciativa popular, yo lo que creo y siento es que todos los congresistas deben acompañarla independientemente de que estén o no de acuerdo con el objetivo o con el tema de la iniciativa. Pero lo que no se puede es parar la iniciativa.

ENS: ¿Qué van a hacer ustedes al respecto?
GJ: Por eso es que nosotros vamos a continuar. Esta semana vamos a interponer una acción de tutela contra el Registrador Nacional porque a él se le llevó una petición para que nos dijera cuantas firmas necesitamos para hacer uso de la ley 134 que es la que reglamenta los mecanismos de participación.
Esa norma señala con claridad meridiana que cuando una iniciativa popular es negada por una corporación pública los promotores pueden recoger el equivalente al 10 por ciento del censo electoral para convocarlo de forma directa. Obviamente es una iniciativa que pasará a la revisión correspondiente de la Corte.

ENS: Insistirán…
GJ: Por ejemplo, en el caso del referendo de prisión perpetua, que de las tres iniciativas populares es la única que hoy está medianamente viva, vamos a seguir haciendo lo que está a nuestro alcance en el marco del estado social de derecho.

ENS: ¿Cree que debe revisarse la legislación sobre mecanismos de participación?
GJ: Yo sí creo que vale la pena revisar los mecanismos de participación, que por supuesto tienen que tener unos filtros y unos controles.
Nadie está diciendo, porque también sería caer en un escenario demasiado peligroso, que existan esos filtros. Tienen que existir esos filtros. Pero también hay que viabilizar las iniciativas populares; pero, sobre todo, las instituciones deben respetarlas.
Es decir, usted puede estar de acuerdo o no con la prisión perpetua, pero lo que usted no puede negar es el derecho que le asiste a más de 2 millones de colombianos que pusieron sus firmas para convocar el referendo y que sean los colombianos lo que tomen esa decisión finalmente.

ENS: ¿Cómo analiza lo que le pasó al proyecto en la Cámara?
GJ: Le quiero contar que para mi fue sorpresivo. De hecho yo arranqué por Senado, pensando que el Senado era la mayor dificultad. Allá pasamos; raspando, pero pasamos. Y pensé que en Cámara iba a fluir con mucha tranquilidad.

ENS: ¿Mucha presión?
GJ: De pronto fue la cantidad de personas e influencias que se movilizaron para atravesársele a ese referendo. Fue una cosa impresionante. Yo sentí que están asustados con la figura del referendo. Más los cálculos políticos, así uno los comprenda. Y se vinieron con toda, a no dejarlo pasar, logrando su cometido.
Pero tenemos otros mecanismos, pero que están llenos de obstáculos, porque es aquí todo el mundo interpreta la ley como quiere.
A mi juicio, una ley que requiera ser interpretada es porque queda mal diseñada. La ley tiene que ser completamente clara. Pero aquí se hace una ley y sale todo el mundo con una interpretación distinta a su acomodo, a su perspectiva.

ENS: ¿Y si no funciona la tutela?
GJ: Volvemos a iniciar el proceso. Volvemos a arrancar nuevamente. De lo que usted y la sociedad colombiana pueden estar completamente seguros es que tarde o temprano vamos a salir a tomar esa decisión de sociedad.
Y yo no tengo ninguna duda de que ese día que tomemos esa decisión, nos vamos a acostar siendo una sociedad y nos vamos a levantar siendo otra completamente distinta, porque este tema de la prisión perpetua va mucho más allá de encerrar a esos hampones; es construir una sociedad distinta para los niños.