La intención del gobierno Duque, que ha tenido desde el principio, de contar con la fumigación aérea con glifosato para disminuir en gran medida los cultivos ilícitos, quedó prácticamente truncada después de que la Corte Constitucional tumbara el plan de manejo ambiental para estos efectos que expidió la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA). Como consecuencia, ya se debe pensar que corresponderá al próximo gobierno decidir qué herramientas son las más adecuadas para esta lucha.

Entre las posibilidades que hay a la vista está insistir en reactivar la fumigación aérea con glifosato, la cual fue suspendida en 2015 por el anterior gobierno por sus eventuales efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. 

Pero para ello se tendrá que hacer un dispendioso proceso de consulta previa con comunidades étnicas en 104 municipios, pues fue precisamente haberla obviado lo que motivó este fallo de la Corte.

Otra estrategia sería no insistir más por el momento en la herramienta de la aspersión aérea y, en cambio, enfatizar la lucha contra los cocales con la erradicación forzosa o la sustitución por cultivos lícitos convenida por el Gobierno con las comunidades.

Este Diario consultó la opinión de voces autorizadas en el tema sobre lo que se puede hacer tras el fallo de la Corte.

No hay que ir contra la corriente

El exdirector de la Policía, el general (r) Luis Ernesto Gilibert, indicó que “ante la posición que presentó la Corte, hablar de fumigación es ir contra la corriente, y no es inteligente ni lógico, nadie lo va a aceptar”.

Dijo que entonces la sustitución de cultivos es una salida “bien interesante”, pero necesita un músculo económico bastante grande y sostenible en el tiempo.

En cuanto a la erradicación manual, Gilibert consideró que “tiene unos problemas de riesgos bien preocupantes. Eso de arrancar las matas contra la voluntad de esos labradores es difícil. Existen las minas antipersonales, hay un montón de problemas que nos pueden traer dolores de cabeza”.

Enfatizó que “el meollo de la situación es la sustitución de cultivos. Es decir, la erradicación manual es importante y puede llegar a la sustitución,  pero la sustitución es un programa supremamente atractivo. Baja los niveles de compromiso de las comunidades con el narcotráfico, el mismo Gobierno puede comprar y comercializar las cosechas”.

Reiteró el general (r) Gilibert que “ninguna entidad puede ir contra la ley, no hay nada que hacer. Si dicen que no hay fumigación, pues no se puede fumigar. Que hay que buscar otro precursor u otro fungicida, bueno busquémoslo pero eso entra a pruebas y lo descalifican en cualquier momento”.

Dijo que “los narcotraficantes son enemigos furibundos de la fumigación porque da resultados contundentes a corto y largo plazo. Con fumigación estábamos acabando con los sembrados en Colombia,  pero desaparece la fumigación e inmediatamente favorece los cultivos”.

Estrategia equivocada

Daniel Mejía Londoño, exsecretario de Seguridad de Bogotá y exdirector del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de Los Andes, dijo que “lo que debería haber hecho el país hace mucho tiempo es enfocar la guerra contra el narcotráfico y atacar eslabones diferentes al cultivo. Atacar los cristalizados, los laboratorios, los semisumergibles, los grandes envíos de cocaína al exterior, hacer mayor control fluvial de precursores químicos. Ahí es donde se le da duro al narcotráfico, no atacando los cultivos”.

Agregó que “es lo que siempre se ha dicho y todos los gobiernos, este y el anterior y el anterior, han tenido casi que una fijación enfermiza con una cosa que no es rentable atacar. No es efectiva, no golpea los narcotraficantes. Es una locura, es un desperdicio de recursos, no ha servido para nada”.

Se preguntó el experto para qué seguir insistiendo en hacer lo mismo, cuando la producción de hoja de coca, la producción comercial de cocaína, las exportaciones, los ingresos de los grupos criminales, todos siguen intactos.

Puso de relieve Mejía “por qué no intentamos, como ya ha sido exitoso en el pasado,  enfocar la guerra contra el narcotráfico en donde realmente estamos ganándoles a los grupos criminales organizados. Que es en los laboratorios, los cristalizaderos, los grandes envíos de cocaína, la distribución de precursores químicos para el procesamiento de cocaína”.

Agregó que seguramente este cambio en la estrategia implicaría sentarse con Estados Unidos para convencerlos de su conveniencia. 

“Decirles que tenemos un objetivo común: ‘Si ustedes quieren reducir la cantidad de cocaína que les llegue, nosotros lo que queremos es atacar las finanzas criminales de grupos armados ilegales’.  Entonces reenfoquémonos y hagamos las cosas que realmente funcionan para lograr eso, que es, como lo dicen todos los estudios, no atacando los cultivos sino atacando otros eslabones de la cadena de producción”, señaló Mejía.

Añadió que atacar los cultivos, primero, es ineficiente y segundo, le genera al gobierno todo tipo de problemas ambientales y en la salud humana.

“Entonces salen los defensores de la aspersión y dicen ‘es que usted está pretendiendo ser blandito contra el narcotráfico no atacando los cultivos’. Todo lo contrario, ustedes son los que están diciendo ‘seamos blanditos contra el narcotráfico’ atacando una cosa que no sirve”, concluyó Mejía.

Ajustar lo que se hace

Jorge Restrepo, director del Cerac (Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto), señaló que “la salida en realidad le corresponderá al próximo gobierno. Ahora en términos del interés nacional recobrar esa herramienta de las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos es muy costoso”. 

No obstante piensa que “se puede hacer un anuncio en ese sentido de que se va a buscar recobrar esa herramienta”, pero “para cultivos a gran escala, de gran extensión, digamos en los que solamente estén involucrados grandes traficantes y fabricantes de droga”.

Desarrolló esta idea señalando es “que en un próximo gobierno, porque me parece que este Gobierno no tiene ni la confianza de las comunidades ni la credibilidad en ella,  solamente un próximo gobierno podría buscar eventualmente recurrir a esa herramienta después de adelantar un proceso de consulta previa y bajo unas condiciones muy estrictas, y es que se aplique únicamente en cultivos de gran extensión cuando se sabe que no son las comunidades de cultivadores de hoja de coca quienes están digamos adelantando esos cultivos, quienes los han sembrado, sino que son grandes procesadores o traficantes de coca los que están detrás de esa extensión de esos cultivos”.

Agregó que también se debería hacer una modificación en la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos, llevándola a cabo “en zonas donde se ha consolidado la seguridad territorial y cuando son comunidades que tienen la intención de salir del cultivo de hoja de coca”.

Señaló que cuando se diera esta situación, inmediatamente el Estado debería llegar allá y ofrecer un paquete de sustitución para hacer sostenible esa intención. 

“Es decir que cuando haya una manifestación libre y voluntaria de la comunidad de coca, llegue el paquete de sustitución, no que el paquete de sustitución sea un incentivo, porque eso lo que generaría, como lo generó en el 2016, fue mayores sembrados de coca”.