Coincidiendo con el último debate en el Senado del proyecto de ley que regula las sesiones remotas y mixtas del Congreso, el representante por Santander, Edwin Ballesteros, del Centro Democrático, retuiteó un debate que se dio hace cuatro meses en la Comisión Quinta de la Cámara.
Finalizando abril, en plena cuarentena estricta para enfrentar la pandemia, un grupo de congresistas reclamó su derecho a hacer presencia en el Capitolio Nacional para participar en la plenaria de la Cámara, lo que fue rechazado por varios de sus colegas.
Ballesteros junto a parlamentarios de su bancada y del Partido Conservador presentó proposición para darle continuidad a las sesiones virtuales y prohibiendo las presenciales mientras durara la emergencia sanitaria, consiguiendo 130 votos a favor. Con base en esa aprobación, el abogado Hollman Ibáñez radicó ante la Comisión de Ética y el Estatuto del Congresista una queja disciplinaria contra los legisladores que violaron la cuarentena.
Como esa Comisión era presidida en ese momento por Ballesteros, el representante por Bogotá, David Racero, de la Lista de la Decencia, trinó: “Pregunta muy seria y objetiva: ¿un congresista del Centro Democrático presidiendo la Comisión de Ética? ¿Qué se puede esperar?”.
A la semana siguiente, en la Comisión Quinta, a la que pertenece el representante Ballesteros, se solidarizó con él. “Como presidente de la Comisión de Ética tengo el deber de atender de manera pronta y eficaz las quejas que se presentan contra los miembros de la Corporación. Se han radicado algunas en contra de estos congresistas por, presuntamente, incumplir los presupuestos establecidos en el Código de Ética de los congresistas. Es por eso que la mesa directiva ha decidido abrir acción ético-disciplinaria en contra de ellos”, dijo Ballesteros.
Como lo publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO, Racero se hizo presente el 30 de abril en el Salón Elíptico con sus colegas María José Pizarro (Lista de la Decencia), Katherine Miranda (Alianza Verde), León Fredy Muñoz (Alianza Verde) e Inti Asprilla (Alianza Verde).
Tras la aprobación, los cinco radicaron una acción de tutela, pues a su juicio se les están vulnerando “los derechos fundamentales a la participación política, ejercicio y control del poder político, debido proceso y libertad de expresión”.
Según los representantes, “nuestros derechos fundamentales al debido proceso, participación política y libertad de expresión fueron violados por la plenaria de la Cámara de Representantes al aprobar una proposición que transgrede los mandatos constitucionales y legales en los que se debía fundar”.