Esta semana se conocieron dos iniciativas que pretenden hacer modificaciones a puntos clave del sistema electoral y político. Están en camino otras iniciativas partidistas, mientras que el Gobierno dice que revisará todos los textos ¿Progresará la reingeniería?

 

 

Hace exactamente un mes, durante la posesión de la ministra del Interior, Alicia Arango, el presidente Iván Duque le encomendó a la nueva jefa de la cartera política una serie de tareas para ser impulsadas en los próximos meses, una de  ellas avanzar hacia una reforma que “permita mejorar la actividad política”.

"Hay que contribuir para que demos pasos. Hay proyectos que se han venido discutiendo con la organización electoral, y los partidos también han venido planteando ideas, para que nos den una reforma confiable y acorde con las demandas ciudadanas", dijo el mandatario.

El pasado miércoles, tras reunirse con los congresistas de la Comisión Primera del Senado, la funcionaria reiteró la disposición del Ejecutivo de apoyar una reforma, pero subrayó que esta será de “iniciativa legislativa”.

“Queda claro interés del Gobierno de trabajar en equipo con el Congreso para sacar adelante una agenda programática y legislativa que impacte al país. Creo que es un compromiso que tiene el Gobierno. El Partido Liberal nos dijo que va a radicar” una iniciativa sobre reforma política “y tengo entendido que el senador Roy Barreras también tiene otra. Lo que yo creo es que valdría la pena revisarlas todas para acumular y el Gobierno entra en ese momento a apoyar, pero la reforma política es de iniciativa legislativa”, dijo Arango. Agregó que “todos estamos preocupados sobre cómo se hace política en Colombia. Lo que debemos hacer es ponernos de acuerdo en la nueva manera de hacerla”.

Los proyectos

Precisamente, los liberales dieron a conocer esta semana el borrador del proyecto, al que aludió la Ministra. Una de sus propuestas es reemplazar el Consejo Nacional Electoral (CNE) por un Tribunal Electoral que estaría integrado por siete miembros y actuaría “como juez de primera instancia en la resolución de controversias electorales. Hará parte de la jurisdicción contencioso administrativa y sus integrantes serán elegidos mediante concurso de méritos”.

Además, contempla que habrá alternancia entre la lista cerrada y el voto preferente. Durante dos períodos se utilizarán listas cerradas, luego por dos períodos más se utilizaría el mecanismo del voto preferente, de manera sucesiva. Para la conformación de las listas cerradas, se señala que sería mediante mecanismos de democracia interna de conformidad con la Ley y los Estatutos de cada partido o movimiento político.

Otro de los aspectos que establece el proyecto es que el Estado financie preponderantemente las campañas políticas. Las organizaciones políticas y los candidatos deberían rendir públicamente cuentas sobre el origen y destino de los ingresos. “La ley establecerá responsabilidad penal para los representantes legales de las organizaciones políticas, directivos de campañas, candidatos y particulares que violen las disposiciones sobre financiación”, agrega.

Adicionalmente, dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, se autoriza, por una sola vez, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia. Este último punto, que permitiría el transfuguismo, generó un fuerte debate semanas atrás, con voces a favor y en contra.

Otra iniciativa de reforma se conoció esta semana, la cual es liderada por el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático. Propone cambiar el sistema de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, hoy en mano de los congresistas y que pasaría a las altas Cortes. Además, modifica el período del Registrador Nacional del Estado Civil, al pasarlo de 4 a 8 años.

Robledo afirmó a EL NUEVO SIGLO que “el sistema electoral colombiano no es para una democracia sino para una partidocracia, que son cosas distintas: el gobierno de los partidos”. Añadió que muestra de ello es que el Consejo Nacional Electoral lo “elijen los partidos a través del Congreso”.

Agregó que en esas condiciones este organismo “no está preocupado por el conjunto de la suerte del país sino por los intereses de cada uno de los partidos que lo conforman. Y el Registrador, particularmente, es lo mismo. Entonces estoy proponiendo un sistema electoral que apunte a satisfacer las necesidades de la pureza electoral, así no le convenga en un determinado momento a un partido”.

Consultada por este Diario sobre esta iniciativa, Angélica Bernal Olarte, profesora de Ciencia Política de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dijo que creía “que sí hay una necesidad de reforma tanto en la figura del Registrador como del Consejo Nacional Electoral porque lo que es evidente es que hay fallas en términos de la independencia que debería tener el máximo órgano electoral del país”.

Agregó que el propósito de la iniciativa “creo que representa un avance en términos de la separación de poderes, que el Legislativo no tenga incidencia en el órgano que vela por la transparencia de las elecciones”.

Este proyecto de reforma constitucional que iniciará su trámite en Senado, propone que los nueve magistrados del CNE sean elegidos por las Altas Cortes, de una lista de diez elegibles que envíe el Consejo Superior de la Judicatura, tras un proceso de concurso.

La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado elegirán cada uno a 3 miembros del CNE. Además se propone que el período de los miembros de este organismo sea de ocho años.

Como se sabe, en la actualidad los magistrados del Consejo son elegidos por el Congreso por medio de planchas que presentan los partidos políticos para un período de 4 años.

Además, la iniciativa de Robledo le cambia el nombre al organismo, que pasaría a llamarse Consejo Electoral Colombiano. De igual forma, crea una inhabilidad para el cargo pues establece que “no podrán ser elegidos como miembros del Consejo Electoral Colombiano quienes durante los 8 años anteriores a la elección se hayan desempeñado como ministros del despacho, secretarios departamentales o municipales, como magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado”.

Tampoco podrán ser magistrados del CNE quienes durante los 8 años anteriores a la elección hayan ejercido cargos directivos en organizaciones políticas o hayan aspirado u ocupado cargos de elección popular.

En cuanto a la elección del Registrador Nacional, la iniciativa se mantiene como está hoy, que se escoja por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos. Sin embargo, amplía su período de 4 a 8 años.

De igual forma, el senador del Polo propone crear una inhabilidad para el cargo de Registrador Nacional, pues no podrá ser elegido quien dentro de los 8 años inmediatamente anteriores haya ejercido como ministro, en cargos directivos en organizaciones políticas o haya aspirado u ocupado cargos de elección popular.

Otro proyecto opositor

Estas dos iniciativas se suman a otra que fue radicada hace unos meses por parlamentarios de la Lista de la Decencia, Farc, Polo Democrático y Alianza Verde. Entre los elementos importantes de esa iniciativa se encuentra establecer tres tipos de personería jurídica para organizaciones políticas a partir del porcentaje de votos que obtengan en las elecciones legislativas.

El texto señala que se reconocerá personería jurídica, como “grupos significativos de ciudadanos” a “aquellas organizaciones que demuestren tener al menos el 1% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado”.

Adicionalmente, para las organizaciones que demuestren tener al menos el 2% de los votos emitidos se les reconocería personería jurídica, como “movimiento político”. Estas organizaciones, indica el proyecto, solo podrán gozar del 25% del fondo de financiación política estatal y el acceso a medios de comunicación en una proporción que equivale a la mitad de lo establecido por los partidos políticos.

Y, finalmente, se reconocerá la condición como partido político con personería jurídica a aquellas organizaciones que hayan obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos.

Otro de los elementos del proyecto es que el voto deberá ejercerse a partir de los 17 años de edad para las elecciones de 2022 y desde los 16 años a partir de las elecciones regionales de 2023.

Así mismo, la iniciativa estipula que para la conformación de las directivas en las organizaciones políticas estas deberán estar integradas en un 50% por mujeres. Para ello, las organizaciones políticas tendrán un año desde la entrada en vigencia del acto legislativo para esta disposición. También los candidatos que avalen los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos para cargos o corporaciones públicas de elección popular del nivel nacional y territorial deberán ser mínimo en un 50% mujeres, y sus listas inscritas deberán responder al principio de alternancia en cremallera en su composición.

Durante una audiencia pública, sobre esta iniciativa, realizada a finales del año pasado, la Misión de Observación Electoral formuló una serie de opiniones respecto al texto. La MOE indicó que celebraba “que en el proyecto de reforma política se retomen algunos de los planteamientos expuestos por la misión electoral especial, y que se someta a discusión un proyecto de reforma que ataca los problemas estructurales del sistema político electoral”.

Consideró “positivo entregarle la competencia de suspensión de derechos políticos a una autoridad judicial, a través de la figura del Tribunal Electoral”. Así mismo, señaló que retomar la discusión de “avanzar hacia la paridad, universalidad y alternancia en las listas es una deuda que tiene el Congreso para lograr la representación efectiva de las mujeres, por eso celebramos la propuesta”.

Con relación al fortalecimiento de los partidos, la organización insistió en la necesidad del registro de afiliados como mecanismo para dar vida a los Grupos Significativos de Ciudadanos. Lo cual, señaló, se armoniza con lo que plantea el proyecto frente a la adquisición progresiva de derechos. La MOE reafirmó así mismo su posición sobre las listas cerradas, indicando que ellas son la vía para fortalecer las organizaciones políticas y controlar los ríos de recursos que afectan la transparencia electoral.

 

Código Electoral

 

Pero el listado de posibles proyectos de reforma política no termina allí. Se sabe que el Consejo de Estado, la Registraduría Nacional del Estado Civil t el Consejo Nacional Electoral buscan sacar adelante un proyecto de ley de reforma al Código Electoral.

Para ello en enero pasado suscribieron un acuerdo con el propósito de “unir esfuerzos y poder diseñar una estrategia para sacar adelante la reforma electoral que requiere el país”.

En ese sentido, el Registrador Nacional, Alexander Vega, explicó en esa ocasión que lo que se busca es que haya un nuevo Código Electoral que adecue la democracia colombiana al sistema digital y sobre todo brinda legitimidad en el procedimiento electoral.

A su turno, el presidente del CNE, magistrado Hernán Penagos, recordó que el Código Electoral colombiano “data de hace más de 30 años”, por lo que consideró que el país requiere una nueva legislación que resuelva temas de agilidad, de transparencia y que involucre a toda la ciudadanía y sectores políticos en ejercicio electoral.

Sobre esta iniciativa, la ministra Arango señaló que se está analizando si se presenta este mes o se deja para la próxima legislatura.

Tiempos

Más allá del alud de proyectos, lo cierto es que la discusión sobre una eventual reforma política llega con un escenario político modificado, frente al que imperó en la primera legislatura y media de la administración Duque.

Como se sabe, hubo cambios en el gabinete presidencial entre enero y febrero, siendo lo más importante la representación que obtuvo el partido Cambio Radical en la cartera de Salud. Esa colectividad, como se sabe, es de la franja de los independientes pero ahora podría apoyar al Ejecutivo, sin necesariamente ingresar a su coalición.

Este año, entonces, sería clave para avanzar en una reforma política que tenga apoyo del Gobierno, ya que ahora contaría con mayorías más claras en Senado y Cámara.

Lo que sí es cierto es que de no avanzar una reforma política en 2020, las cosas se pondrían más difíciles el próximo, por cuenta del arranque de la precampaña presidencial y parlamentaria, en donde todos los partidos y candidatos plantearían un pulso por inclinar a su favor los cambios políticos y electorales, y ello muy seguramente llevaría al hundimiento de todas las iniciativas, como ha ocurrido tantas veces.