Siete candidatos fueron asesinados, a más de 3 mil aspirantes el CNE les revocó su postulación por inhabilidad, mientras que fue anulada la inscripción de más de 1 millón de cédulas por posibilidad de trashumancia

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Las votaciones bajan este domingo el telón a una intensa campaña para las elecciones de autoridades locales que se extendió por tres meses en la cual, además de los naturales hechos políticos, estuvo cruzada por brotes de violencia y factores que pusieron en jaque la trasparencia. No obstante, las autoridades y la organización electoral aseguraron que todo está garantizado para que en la jornada de este domingo los ciudadanos elijan sin mayores traumatismos a los gobernantes y corporaciones territoriales para los próximos cuatro años.

Sin duda el hecho más grave que se registró en esta campaña fue la violencia política que cobró la vida de siete candidatos de diferentes partidos en distintas regiones del país, uno menos que los contabilizados en 2015 de cara a similares comicios.

La Misión de Observación Electoral (MOE) indicó que desde el inicio de la campaña electoral, el 27 de julio pasado hasta el 16 de septiembre, el monitoreo que hace arrojó 54 candidatos víctimas de violencia: 40 amenazados, dos secuestrados, cinco víctimas de atentados y siete asesinados. De los 17 partidos con personería jurídica, 14 tuvieron candidatos víctimas de violencia. La mayoría de las víctimas pertenecían a coaliciones y cuatro de los candidatos víctimas fueron avalados mediante firmas.

El Gobierno implementó para las elecciones de este año el Plan Ágora con el fin de garantizar la trasparencia y la seguridad, que contempló medidas de prevención y protección a cerca de 450 candidatos. No obstante, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que “tristemente es una secuencia de violencia que se presenta cada cuatro años en Colombia, tanto en elecciones nacionales como en elecciones regionales, pero definitivamente mucho más acentuadas en elecciones regionales”.

Fraude

Estas elecciones no estuvieron ajenas a la ocurrencia de delitos que fueron denunciados en distintas regiones como la trashumancia, compra de votos, financiación de campañas con fuentes prohibidas, retención de cédulas, violación de topes, etcétera.

La Fiscalía indicó el pasado jueves que a la fecha había recibido 780 denuncias por delitos contra los mecanismos de participación democrática. Entre los delitos más denunciados figuran: 242 denuncias por fraude en inscripción de cédulas; 195 corrupción al sufragante; 79 constreñimiento al sufragante y 66 por intervención en política por funcionario público. La mayoría de casos fueron reportados en Boyacá, con 89; en la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía se recibieron 62 denuncias; en Cundinamarca 57; Santander, 54 y Antioquia 47.

Mientras que la MOE durante la presentación de la publicación ‘Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2019’, alertó que en estas elecciones existen 152 municipios en donde aún confluyen factores de riesgo por violencia y de fraude electoral. Esto quiere decir que hay 52 municipios menos en riesgo que las anteriores elecciones locales de 2015.

Candidatos revocados

Un total de 3.500 solicitudes de revocatoria de candidatura por presunta inhabilidad ha recibido el Consejo Nacional Electoral (CNE), de las cuales a 1.550 aspirantes les fue anulada la inscripción y por ello no podrán participar en las elecciones de hoy.

El presidente del organismo, Hernán Penagos, llamó la atención a los partidos por esta situación porque a su juicio faltó mayor rigor a la hora de revisar a través de la Ventanilla Única los antecedentes de quienes se postularon a recibir su aval.

"Quiero hacer un llamado a los partidos políticos y es que más de 1.500 ciudadanos revocados por estar incursos en causales de inhabilidad, pues obviamente indica que a los partidos les faltó un poco más de juicio al momento de verificar la Ventanilla Única para conocer si sus candidatos estaban o no inhabilitados", dijo Penagos.

Posible trashumancia

Más de 1 millón de ciudadanos no podrán votar este domingo en los comicios de autoridades locales en los puestos que se inscribieron, y que habían modificado de esta forma con relación al que sufragaron la última vez, debido a que el CNE anuló ese registro por encontrar indicios de posible trashumancia. Se dejaron sin efecto 1.087.000 inscripciones tras los cruces que se hicieron de bases de datos del Sisbén, del Departamento de Prosperidad Social, de las víctimas, entre otros, y más de 50 mil visitas de campo que indicaron al organismo que esas personas no residen en el municipio en donde pretendían votar, lo que se constituye en un delito.

No obstante, al menos 70 mil ciudadanos presentaron hace más de un mes recursos ante el Consejo Nacional Electoral contra estas decisiones, alegando que sí viven en el municipio en donde inscribieron la cédula para estas elecciones, de los cuales aproximadamente el 3% se resolvieron favorablemente.

Hasta última hora estaban llegando al Consejo Electoral recursos de ciudadanos esperanzados en poder votar en el lugar en donde inscribieron su cédula. De lo contrario si quieren hoy ejercer este derecho tendrán que sufragar en el puesto que lo hicieron la última vez.

Sin embargo, la MOE advirtió sobre la exclusión irregular de cédulas “de personas que ni siquiera efectuaron la inscripción para este proceso electoral, y que además han votado en los últimos procesos electorales en el puesto de votación del cual fueron excluidos”. Además señaló que no hubo el tiempo suficiente para que los ciudadanos presentaran sus reclamaciones.

Cuentas de campaña

En estas elecciones también sucedió que la mayoría de los 117 mil candidatos no reportaron en tiempo real los ingresos y gastos de su campaña a través del aplicativo Cuentas Claras, al punto que a pocos días de las votaciones el CNE alertó que más del 90% de los aspirantes en 25 departamentos no cumplieron con esa obligación.