Director del Cerac (Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto) indicó que grupos armados ilegales instrumentalizan esta práctica para obtener rentas

EL NUEVO SIGLO: ¿Cree usted que el decreto que prepara el Gobierno para sometimiento individual puede tener un impacto importante en grupos armados ilegales?

JORGE RESTREPO: Sí, sobre todo para los grandes grupos de criminalidad organizada como ‘el Clan del Golfo’, ‘los Pelusos’ o ‘los Caparrapos’, puede llegar a tener un efecto. Eso en realidad no depende tanto del decreto sino de la capacidad que tenga la Fiscalía y el sistema de administración de justicia para poder procesar a esos criminales. Si no hay una acción efectiva en materia de judicialización de los criminales, pues nunca va a haber un incentivo suficiente para que ellos se sometan a la justicia.

La decisión de los criminales está entre someterse a la justicia o permitir que la justicia los persiga, si no hay suficiente efectividad y contundencia en la persecución judicial, pues nunca van a ver el sometimiento a la justicia como algo interesante.

ENS: Hay una ley que se impulsó en el anterior gobierno y que permite el sometimiento colectivo de los grupos armados ilegales, aunque no se ha llevado a la práctica esta norma, ¿también se debería darle juego a esa posibilidad?

JR: Creo que es mucho mejor porque eso permite una judicialización más rápida, más efectiva, permite también sacar hombres y sus armas del mundo de la violencia, del crimen organizado. Sin lugar a dudas creo que el camino más expedito y más efectivo es que haya una dejación de armas colectiva y el sometimiento colectivo a la justicia.

Entre otras cosas porque eso permite que se entregue no únicamente la base de la pirámide de estas organizaciones criminales, los hombres de a pie, los que ejercen la violencia, sino quienes son los autores intelectuales de esa violencia.

ENS: Cifras de Medicina Legal indican que la violencia se redujo a nivel nacional durante la cuarentena, desde el Cerac, ¿qué han observado particularmente en las regiones en cuanto a las violencias asociadas al conflicto y que vienen de tiempo atrás?

JR: De manera general, la violencia homicida efectivamente ha caído muchísimo según la información de la Policía, pero así no ha caído lo que nosotros llamamos la violencia política, la violencia que afecta activistas políticos, a líderes comunitarios, a defensores de derechos humanos. Esa violencia se mantiene sostenida, al igual que se ha sostenido en el mismo nivel la violencia que afecta a los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc.

Y por último diría que desde antes que se declarara el cese al fuego unilateral por parte del Eln, incluso después, la violencia entre el estado y el Eln se ha mantenido bastante limitada.

ENS: ¿Qué se puede esperar de la violencia en las regiones cuando finalice la cuarentena?

JR: Un aumento de la violencia instrumental, la violencia que utilizan los criminales para obtener rentas ilegales, es decir, un aumento de la violencia. Gran parte de esta, diría que la mayoría, en Colombia es un instrumento de los criminales y de las organizaciones criminales para obtener esas rentas.

Tan pronto haya mayores facilidades de movilidad va a ser menos fácil detectar para las autoridades de policía esos movimientos de las organizaciones criminales. Eso va a conducir a disputas y al uso de esas zonas de violencia.

Creo que tenemos que estar preparados para que vuelva la violencia con mayor o por lo menos, la misma intensidad que antes.

ENS: ¿La presencia de asesores militares estadounidenses que anunció el Gobierno para luchar contra el narcotráfico podría exacerbar la violencia en las regiones?

JR: Creo que la cooperación internacional, en particular de los Estados Unidos, en la lucha contra las organizaciones del narcotráfico es esencial, es bienvenida, y la hemos recibido de tiempo atrás. Obviamente esto genera riesgos, tanto en términos geopolíticos, en particular con Venezuela, como el riesgo que esto pueda exacerbar la violencia en el país, en términos de las disputas entre las organizaciones criminales del narcotráfico y la violencia de esas organizaciones contra el Estado.

Pero si la decisión no es terminar una política de lucha contra el narcotráfico, esa cooperación internacional es conveniente para el país, es bienvenida y puede llevar a que ese tipo de políticas del uso de la fuerza para combatir el narcotráfico sean más efectivas y puedan producir más resultados.