Propuso simplificar proceso establecido para eventual extradición de los ex Farc

A pesar de que el partido Centro Democrático no logró en el Congreso en el primer periodo de esta legislatura sacar adelante las reformas que se proponía a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), insistiría en este propósito según lo que señaló el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien reiteró la necesidad de un tratamiento diferente para los militares así como simplificar el papel que cumple esta instancia en el proceso de extradición de desmovilizados de las Farc.

Uribe trinó sobre el particular que “en el Centro Democrático creemos en la necesidad de introducir cambios a JEP, por ejemplo tratamiento realmente diferente a las FF.AA, no igualadas al terrorismo; simplificar extradición simplemente sobre certificado de fecha y naturaleza del delito, con respeto a integrantes JEP”.

Vale recordar que el sistema de justicia que establece fue uno de los principales motivos de desacuerdo del uribismo con el Acuerdo de Paz que firmó el anterior Gobierno, por considerar que es una puerta de impunidad a los crímenes que cometió la entonces guerrilla de las Farc; además que a su parecer no garantiza un juicio justo a los militares y policías señalados de graves delitos en el conflicto armado.

Por ello tanto el presidente Iván Duque como el Centro Democrático anunciaron que buscarían vía Congreso hacerle cambios a la JEP.

En el pasado Congreso el Centro Democrático logró incluir en la Ley Estatutaria de la JEP (1922 de julio de 2018) un artículo que decía que quienes cometieron delitos sexuales en contra de menores de edad no podían acceder a los beneficios que otorga este sistema de justicia especial, sino recibir penas de la justicia ordinaria.

Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó esta disposición y señaló que el Congreso no tenía competencia para establecer sanciones distintas a las establecidas en la reforma que producto del Acuerdo de Paz creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

De igual forma el alto Tribunal en esta sentencia dejó en cabeza de la JEP la sanción de los abusos sexuales contra menores que habrían cometido integrantes de las Farc en el conflicto armado.

Por ello el Centro Democrático presentó al actual Parlamento una reforma orientada a que los delitos sexuales contra niños, indefectiblemente vayan a la justicia ordinaria. Sin embargo esta reforma constitucional se hundió en el pasado periodo legislativo porque no alcanzó a cumplir los cuatro debates en primera vuelta.

Más magistrados

Tampoco pudo el Centro Democrático sacar adelante por tiempos la reforma a la JEP que buscaba en la misma un tratamiento diferencial para los miembros de la Fuerza Pública, a través de la creación de una sala exclusiva para este personal. Además la iniciativa contemplaba más magistrados en esa jurisdicción, pues el uribismo ha manifestado prevención frente a la imparcialidad de varios de los actuales togados.

En noviembre pasado la senadora Paloma Valencia dijo que “está hundido el proyecto, y eso no quiere decir que esté hundido definitivamente, quiere decir que volveremos a intentar un acuerdo y que ojalá los del Sí no solamente valoren los intentos de ceder en algunos temas, sino que entiendan que debe haber un espíritu de consenso”.

Valencia recordó que por esos días “en la JEP había un acuerdo para hacer un acuerdo que estaba muy difícil, porque no habíamos llegado a un número de magistrados y tampoco a un comité de escogencia que nos satisficiera a ninguno de los sectores, pero yo creo que ese fue un primer intento que se hizo a pesar de que nosotros teníamos los votos”, manifestó.

En cuanto a la propuesta de Uribe para simplificar la extradición “simplemente sobre certificado de fecha y naturaleza del delito”, hace referencia al proceso fijado en el Acuerdo de Paz según el cual la extradición de los desmovilizados de las Farc depende de que la JEP primero establezca la fecha en que la persona cometió el supuesto delito.

Si el delito se ejecutó antes de la fecha de la firma del acuerdo (1° de diciembre de 2016) no habrá extradición y el desmovilizado seguirá bajo la égida de la JEP para su juzgamiento; sin embargo si fue después de esta fecha su expediente será inmediatamente remitido a la justicia ordinaria en donde de ser condenado recibirá altas penas por sus crímenes cometidos en la subversión y puede ser extraditado.