El que seguramente será el último debate de control político a la administración de Iván Duque en lo que le resta del periodo, está programado mañana en la Comisión Segunda del Senado de la República, sobre la Política de Paz con Legalidad y los obstáculos a la implementación del Acuerdo, en el cual los sectores que le han hecho oposición al Mandatario renovarán sus críticas por los supuestos atrasos en la implementación.
A la audiencia fueron citados por esta célula legislativa Juan Camilo Restrepo Gómez, alto Comisionado para la Paz; y Juan Carlos Vargas Morales, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, a quienes les corresponderá defender la gestión que ha hecho el Gobierno nacional en la materia en estos cuatro años.
La oposición y los sectores que apoyaron la firma del Acuerdo de Paz a finales del 2016, tras una negociación de cuatro años que adelantó la administración de Juan Manuel Santos con las Farc, vieron con desconfianza al actual Gobierno dado que el uribismo y los sectores más radicales de la derecha se opusieron al tratado por la forma como se llevó a cabo, en medio del fuego y sin que esta guerrilla suspendiera actividades terroristas.
Y además quienes han sido críticos del Acuerdo de Paz, entre ellos el presidente Duque, han manifestado que el sistema de justicia transicional, en cabeza de la JEP, como está diseñado y por las prerrogativas que se pactaron, puede conducir a la impunidad de los graves delitos.
A pesar de que algunos parlamentarios del uribismo hablaron de la intención de hacer trizas el Acuerdo de Paz y que el gobierno Duque en un comienzo quiso realizarle profundas reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprovechando para ello la ley estatutaria que requería para su funcionamiento, en resumidas cuentas el Ejecutivo le dio cumplimiento al Pacto de La Habana, como lo ha manifestado el Jefe de Estado, exhibiendo cifras en diferentes escenarios, más recientemente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
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En un debate de control político que se adelantó en septiembre del año pasado en el Senado, de varios que fueron citados por proposición de la oposición para exigir cuentas al Gobierno acerca de la implementación del Acuerdo de Paz, el entonces consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, dijo que “se va a cumplir, más allá de cualquier discusión”.
Agregó en esa oportunidad Archila sobre los supuestos retrasos en la implementación del Acuerdo, que está contemplado que haya “tres administraciones" para implementarlo y que se necesita, “obviamente, que el Congreso siga teniendo como relevante la implementación”.
De igual forma, en Senado fue aprobado por la presidencia otro debate de control político al Gobierno relacionado con la paz, este por las supuestas irregularidades que se habrían presentado en el manejo de los recursos del OCAD-Paz, donde algunos funcionarios, se ha señalado de Planeación Nacional, habrían pedido coimas a gobernadores y alcaldes para que en esta instancia de administración les aprobaran la financiación de proyectos de desarrollo que radicaron.
No obstante, este debate no tiene aún fecha para hacerse, por lo que es poco probable que se alcance a llevar a cabo con funcionarios del Gobierno saliente.
Las cuentas del Gobierno
En abril pasado el presidente Iván Duque, ante el Consejo de Seguridad de ONU, expuso los avances de la implementación del Acuerdo de Paz en su gobierno, donde resaltó que "la paz de Colombia no es un asunto político".
En este sentido el primer Mandatario aseguró que después de la firma el mayor reto era la implementación, y comentó que "desde el primer día de nuestro gobierno pusimos en marcha una visión, una política pública que llamamos ‘la Paz con Legalidad’, la cual garantizará paz sin impunidad, que buscará en virtud a lo dicho por la Corte Constitucional de Colombia, hacer una adaptación para una implementación certera, eficaz, verificable y abierta al escrutinio de nuestra sociedad".
Entre los hitos de este proceso, el Jefe de Estado destacó que para las 12.228 personas que se reincorporaron se les ha garantizado la inserción a la vida social, así como acceso a la educación, vivienda, vida laboral, sistema pensional, entre otros.
En cuanto a la reparación de víctimas, Duque resaltó que en su gobierno pasaron de tres a más de 50 procesos de reparación colectiva. "Ha sido en este gobierno que apoyamos la reglamentación para que 16 víctimas se puedan sentar en el Congreso y tengan voz y voto", destacó también.