Victor Mosquera, abogado de Andrés Felipe Arias, reveló este viernes en sus redes sociales un documento, el cual especifica que la extradición a Colombia del exministro de Agricultura se suspendió temporalmente.

"Confío en que las autoridades de EE. UU. protejan los Derechos de Arias ante las inclementes injusticias que ha sufrido", pidió.

The State Department said it was going to extradite our client, @AndresFelArias, before the 11th Circuit could hear our appeal on March 14. The 11th Circuit said not so fast and granted our motion for stay. https://t.co/zBUKRQYWRv

— David Oscar Markus (@domarkus) 23 de febrero de 2019

We have a great legal team working on the extradition appeal — Professor Ricardo Bascuas, Lauren Doyle, and Marc Seitles.

— David Oscar Markus (@domarkus) 23 de febrero de 2019

Dolor uribista

“¡Dolor!”. Ese es el sentimiento que embarga al uribismo colombiano tras conocerse que el Departamento de Estado de los Estados Unidos no se opondrá a la extradición a Colombia del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Leyva, condenado a 17 años y cinco meses de cárcel por su responsabilidad en el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro.

La decisión le fue notificada a la defensa del exministro por el Departamento de Estado donde se advierte que tras revisar el expediente, el “Subsecretario de Estado decidió autorizar la entrega del exministro Arias a Colombia” de acuerdo con las Constitución de Estados Unidos y el tratado de extradición entre los dos países.

Conocida la decisión, el primero en pronunciarse fue el propio expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien se expresó así en sus redes sociales: “¡Dolor!”.

Después lo hicieron otros congresistas que criticaron la decisión que califican de “politizada” por parte de la Corte Suprema de Justicia que en 2014 lo sentenció como responsable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.

Sobre el tema, el canciller Carlos Holmes Trujillo dijo que “el Gobierno de Colombia no ha recibido ninguna notificación oficial acerca de su decisión discrecional de conceder o no la extradición del Doctor Andrés Felipe Arias solicitada por la Corte Suprema de Justicia en el año 2014”.

Por su parte, Catalina Serrano, esposa del exministro, defendió en un video la inocencia de Arias. “Me duele ver la indolencia de las instituciones y de las naciones en el mundo frente al caso de un hombre inocente, trabajador y honesto”. Serrano agregó que su esposo “es un hombre desprotegido de la ley porque no tiene a quién acudir”.

Sin embargo, a Arias le queda un último recurso. Se trata de una petición que ya fue radicada con mensaje de urgencia por el abogado David Markus ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para frenar la extradición.

Si esa petición es acogida, Arias tendrá una última audiencia el próximo 14 de marzo antes tres jueces de la Corte del Distrito Sur de La Florida, pero si el recurso es rechazado se procederá a su entrega a las autoridades colombianas.

Salvavidas legislativo

En Colombia al exministro Arias Leyva se le acabaron los recursos legales para impedir su extradición, pues hace apenas el pasado 13 de febrero la propia Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso que interpuso su defensa para que fuera juzgado en una segunda instancia.

No obstante, la Corte consideró que el exministro de Agricultura no puede recibir ese beneficio pues la figura de la segunda instancia para aforados constitucionales fue aprobada en 2018, y su condena fue en 2014.

Para la Corte Suprema de Justicia, la única forma de impugnar esa sentencia “es si el Congreso de la República reforma la Constitucional Nacional”.

Aunque se trata de una posibilidad políticamente viable, en términos jurídicos no lo es, al decir del analista Jairo Libreros para quien “un proyecto de esta naturaleza se cae en el examen de la Corte Constitucional.

“Sería una norma, no general, sino de aplicación personal y, por tanto, inconstitucional pues afectaría la esencia de la Carta del 91 y de paso la esencia del Estado de Derecho”, señala el experto.

Libreros explica que esta situación es muy difícil de resolver para el presidente Iván Duque “que no puede hacer nada”, a pesar de que sí hubo intentos por defender a Arias.

En diciembre pasado, el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, envió una carta a título personal al Departamento de Justicia asegurando que “no existe ningún riesgo de fuga” por parte de Arias, para quien pidió que pudiera defenderse en libertad.

Tampoco es mucho lo que pueda hacer el Centro Democrático “aparte de protestar”, según Libreros. Eso sí, afirma el analista, que el tema de Arias “será utilizado políticamente” por todo el uribismo.

Lo que viene

Fuentes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicaron ayer viernes que la decisión que tomó la justicia estadounidense en el caso Arias Leyva “es ajustada a derecho”, pues se ha cumplido con todos los preceptos que exigen la Constitución y las leyes tanto de Colombia como de Estados Unidos.

Una vez proceda la extradición, si el exministro pierde el último recurso ante la Corte de Apelaciones, lo que procede es que la justicia estadounidense certifique cuánto tiempo pasó detenido, y eso se le descuente de su sentencia total de 17 años y cinco meses de prisión.

En Colombia, Arias ya había estado detenido por casi dos años, tiempo que también se le descontará.

Según explicó a EL NUEVO SIGLO el ex vicefiscal Francisco José Sintura, el exministro tiene que cumplir la pena efectiva que le hace falta, es decir, cerca de seis años de prisión.

“Él tiene derecho a los beneficios de ley, que son generales para cualquier detenido así se haya fugado, además porque fue condenado antes de que saliera la norma que deroga esos beneficios por delitos contra la administración pública”, explica el jurista.

Sintura añade que Arias tendrá derecho a descontar un día de cárcel por cada dos días de trabajo o estudio, tiene derecho a permisos de 72 horas cuando cumpla la tercera parte efectiva de la sentencia, y también puede pedir la libertad condicional cuando cumpla las tres quintas partes de la pena que le fue impuesta.