Ante las observaciones y críticas de las víctimas por las declaraciones que han rendido más de 300 exintegrantes de la guerrilla de las Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso 01 sobre secuestros, en donde muchos de los afectados y sus familias consideran que por lo dicho pareciera que se quiere esconder la verdad, la presidenta de esta instancia, la magistrada Patricia Linares, dijo ayer que este proceso tiene varias etapas y que el objetivo “es contribuir a que sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación se realicen de manera amplia”.
Esta semana varias víctimas de secuestro por parte de las Farc, como la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, manifestaron su inconformidad por lo que está sucediendo. Precisamente Betancourt dijo que “el tribunal tiene una responsabilidad que es la de impartir justicia, nosotros como víctimas queremos que nos den garantías”, aunque señaló que es “muy temprano para decir que la JEP no está cumpliendo”.
Betancourt dijo “lo que sí llama la atención es que, a pesar de que está documentado todo este evento histórico, siente uno que las Farc al momento de declarar sobre estos hechos tratan como de acomodar la versión de una manera para suavizar los hechos".
Enfatizó la exsenadora "no van a tener cárcel, pero sí necesitamos que se diga toda la verdad y no se compadece de ese compromiso el hecho de que la verdad la quieran acomodar a favor de ellos".
Remarcó Betancourt "creo que la JEP es importante, pero tiene que darnos a todos garantías. No puede irse ni para un lado, ni se puede ir para el otro. Tiene que ser como Salomón, tiene que ser una justicia donde realmente prime la veracidad de los hechos"
Por su lado la magistrada Linares respondió ante la avalancha de observaciones de las víctimas por las declaraciones de los exFarc sobre los secuestros que cometieron, “estas críticas en la Jurisdicción las recibimos con mucho respeto, con mucha tranquilidad y mucha disposición a revisarlas y analizarlas en detalle. A las víctimas lo que nosotros debemos hacer de acuerdo con la Constitución y la ley, es contribuir a que sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación se realicen de manera amplia”.
Agregó que “eso lo hacemos en el marco de procesos judiciales que deben acotarse y acogerse a los principios propios de un estado de derecho, valga decir, debido proceso, seguridad jurídica, derecho de contradicción, principio de doble instancia, y esto supone que por ejemplo en lo que hace a este caso haya una serie de etapas dentro de estos procesos que son supremamente complejos”.
Explicó que el caso 01 sobre los secuestros cometidos por las Farc inicia con una serie de informes que llevan a “avocar el caso primero, construir el caso después. Este caso empieza a construirse a partir de un informe que presenta la Fiscalía General de la Nación, que se denomina Retención Ilegal de Personas por parte de las Farc-EP”, además de múltiples informes de la sociedad civil, de las mismas víctimas, del Centro Nacional de Memoria Histórica.