Dentro de los proyectos a discutir esta semana en la Cámara de Representantes se encuentra el acto legislativo que propone otra reforma a la administración y estructura del poder judicial, cuyo contenido es objeto de amplia polémica.

Uno de los autores de la iniciativa es el representante de Cambio Radical Julio César Triana, quien asegura que “el sistema de justicia no responde adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos, entre otros motivos, porque da varias respuestas para un mismo problema y porque los litigios en la práctica no terminan, lo cual desvirtúa la capacidad de la justicia en Colombia para solucionar efectivamente los conflictos”.    

Ante esto, la congresista Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, quien presentó ponencia negativa, dice que no es claro el problema que se quiere resolver por vía de reforma constitucional y que, por ejemplo, ya existen disposiciones de orden estatutario y legal que indican la competencia de unificación de jurisprudencia que recae en las altas cortes.

Triana afirmó que “el aumento de período de los magistrados contribuye a la estabilidad de la jurisprudencia, y con ello su legitimidad ante los jueces de primera y de segunda instancia”.

Sin embargo, Goebertus señaló que no hay evidencia que sustente las afirmaciones de que un periodo más largo contribuye a mayor estabilidad de la jurisprudencia.

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En cuanto al aumento de requisitos de edad y trayectoria para ser magistrado, el proyecto propone aumentar la experiencia de 15 a 25 años, y además exigir que el candidato tenga una edad de 50 o más años. “Estos dos requisitos simultáneos, aunados al periodo de 12 años, son un seguro contra la puerta giratoria, pues prácticamente garantizan que los nuevos magistrados se retiren al final de sus periodos con una pensión de vejez”, señaló el parlamentario de Cambio Radical.

Sobre esto, la congresista verde reconoce que el ejercicio de la magistratura no sea asumido como un paso profesional que permita la puerta giratoria, o la gestión de intereses privados ante la justicia una vez abandonado el cargo. No obstante, señaló que no es claro que eso siempre ocurra con magistrados jóvenes ni que una mayor edad evite esos dos inconvenientes. “Contrario a eso, desconoce que, así como hay virtudes en magistrados con más experiencia, también hay aspectos positivos de contar con magistrados más jóvenes que pueden estar más cercanos a una visión más actual y cercana a otro tipo de discusiones jurídicas”, dijo Goebertus.

En cuanto a la detención preventiva, se propone establecer un límite, indicando que esta en ningún caso podrá durar más de 12 meses.

Ante ello, Goebertus plantea que el problema de la situación de los sindicados no es de orden normativo, sino que se relaciona con la baja capacidad judicial de procesar las capturas y el uso poco razonable de la detención preventiva.