A finales del año pasado, el Gobierno nacional presentó varios resultados de seguridad de 2019 y afirmó que hay una reducción de los asesinatos de líderes cercana al 25%.

Camilo González Posso, director de la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), refutó esas cifras tras considerar que la información que toma el Gobierno de Naciones Unidas indica que en 2018 el número fue de 119 crímenes y la que se tiene hasta 2019 y que todavía no se ha consolidado es de 106, dando una reducción de año a año de 9%, pero dice que aún hay varios casos en estudio.

González Posso dice que también se puede comparar la situación de los primeros 16 meses de Gobierno de Duque, es decir, el periodo comprendido entre agosto de 2018 a la fecha, comparado con los últimos 16 meses de Juan Manuel Santos, “y la situación no es de reducción”. En el periodo de Santos hubo 361 crímenes, contra 368 del lapso en el que ha gobernado Duque.

“Es decir que la situación no ha mejorado. La idea de que estamos mejor y que la situación se está tranquilizando no puede abrirse camino, porque no corresponde a la realidad. La situación sigue siendo muy grave”, señala González Posso.

El experto señala que en más de la mitad de los casos que la ONG tiene registrada, el presunto asesino ha estado involucrado en métodos de sicariato. “El sicario es enviado por un tercero, de modo que es una situación que no se puede decir que corresponde exclusivamente a temas de narcotráfico y minería ilegal. Directamente por estos dos temas hay cerca de una tercera parte de casos, de los que ha investigado la Fiscalía, pero hay muchos otros como el conflicto territorial (la disputa y control de territorios), que es el más extendido”, aseguró.

González advirtió que, en general, estos asesinatos tienen que ver con el incumplimiento o el “ataque a la implementación” de los acuerdos.

Y sobre el tema de la sistematicidad, el director de Indepaz señala que el Gobierno lo que quiere decir es que “no hay una responsabilidad estatal por acción”, pero explica que dicho “patrón tiene que ver con a quiénes están asesinando, o sea, a los defensores de derechos humanos, a líderes sociales, de defensa territorial, que están comprometidos con los acuerdos de paz”.

En su opinión sí existe un patrón en cuanto a las características de las víctimas y de modalidad, porque son asesinatos de sicarios, en una proporción importante, o de grupos armados irregulares o narcoparamilitares.

Mientras tanto, el consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, afirmó recientemente que hasta el 17 de diciembre 2019 fueron asesinados 84 líderes sociales, un 25% menos que en el mismo periodo del año pasado.

“En 2019 se presentaron 84 casos comparados con los 112 casos de 2018, por lo que se presenta una reducción del 25% de homicidios en Colombia en 2019”, señaló el funcionario, quien agregó que los crímenes ocurrieron en 58 de los 1.103 municipios del país y resaltó que esa tasa representa “una de las máximas reducciones que tiene Colombia en homicidios en los últimos 30 años”.

Barbosa afirmó que las autoridades han detectado que los crímenes obedecen a múltiples factores. “Aquí no hay una política de exterminio o una política sistemática, aquí lo que existen son razones diversas que se producen en contra de nuestros líderes sociales, atadas a fenómenos de delincuencia, esa idea de sistematicidad hay que rechazarla”, sostuvo Barbosa.