Fue aprobado en primer debate el proyecto de acto legislativo sobre no conexidad del secuestro y el narcotráfico con delitos políticos.

En la Comisión Primera de la Cámara, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, manifestó que esta primera aprobación de la iniciativa 072 de 2018 “es un mensaje muy positivo para el país. Estamos dando el primer paso en reforma constitucional en la no conexidad con los delitos de secuestro y narcotráfico con el delito político”.

Resaltó además que este es un mensaje muy claro al Eln, si desean salir adelante en el proceso de paz con el Gobierno. “Es para el futuro y ahí también está incorporado el Eln. Yo creo que el Presidente ha sido muy claro de que tienen que dejar de cometer delitos  para poder sentarse a la mesa de negociación con el Gobierno”.

De acuerdo con Borrero, la propuesta busca adicionar dos artículos a la Constitución de 1991 para determinar que los grupos criminales que se dedican al narcotráfico no sean beneficiados con amnistías o indultos y que esta conducta no sea conexa con el delito político.

Los motivos de la propuesta para excluir los delitos de secuestro como conexo al delito político y por ende, sacarlos de la órbita de la amnistía e indulto, se fundamentan en que “hay sustento constitucional que da prueba de su viabilidad jurídica”, debido a que la Corte Constitucional ha encontrado que el secuestro (establecido en la sentencia C- 069 de 1994), “es un atentado directo contra la esencia del hombre y vulnera de forma grave la personalidad de las víctimas, de sus familiares y allegados”, explica el texto.

Por ello, la Ley 40 de 1993 adoptó el Estatuto Nacional contra el Secuestro, en el que se estipulan las consecuencias del secuestro como una conducta que “ha beneficiado a delincuentes comunes, guerrilleros y narcotraficantes, quienes obtuvieron provecho económico” de estos actos.

Frente a lo anterior, según la Corte, a través del secuestro “se cosifica a la persona y se vulnera su dignidad humana, eje esencial del Estado Social de Derecho consagrado en el Artículo 1 de la Constitución Política”, es decir, “es ajeno y desproporcionado cometer el delito con un fin justo u honesto, toda vez que ello supondría relativizar los fines constitucionales que se persiguen”, anota el documento.

Con relación al narcotráfico, las razones que expresa el escrito, obedecen a los compromisos internacionales que adquirió Colombia y que fueron ratificados e incorporados al ordenamiento jurídico interno, entre los que se encuentra la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, ratificada por la Ley 67 de 1993, y con el que se busca continuar con la implementación de políticas y normativas para erradicar todo comportamiento que guarde relación con el narcotráfico, debido a que el país sigue afrontando este flagelo.

Al concluir la sesión en la que se dio la primera aprobación del proyecto, Borrero expresó que “ha quedado claro que por el principio de favorabilidad, una vez adquiera el rango constitucional legal, este acto legislativo será aplicado en el futuro”, y manifestó además, su disposición para colaborar en lo que sea necesario con el fin de mejorar la propuesta para la segunda ponencia.

Cabe recordar que el proyecto de acto legislativo fue radicado el 8 de agosto de 2018 por la ministra Borrero y su colega del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, acompañadas por los representantes Álvaro Hernán Prada y Edward Rodríguez, ambos del Centro Democrático.