Esta propuesta de reforma constitucional no hace parte del paquete anticorrupción.

Se aprobó en la Comisión Primera de la Cámara la ponencia del proyecto de acto legislativo 081 de 2018 por medio del cual se busca modificar el Artículo 122 que contempla la adición de dos parágrafos a la Constitución sobre la declaración de bienes y rentas del servidor público.

El proyecto fue radicado el 14 de agosto por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y cuenta con un equipo de ponentes coordinado por Gabriel Jaime Vallejo (Centro Democrático) y Erwin Arias (Cambio Radical) e integrado por Inti Raúl Asprilla (Alianza Verde), Adriana Matiz (Partido Conservador), Juan Carlos Lozada (Partido Liberal), Alfredo Deluque (La U), Germán Navas (Polo Democrático), Ángela Robledo (Colombia Humana) y Luis Alberto Albán (partido Farc).

Con 37 votos se dio vía libre para darle primer debate a esta reforma constitucional que tiene como objetivo hacer efectiva la revelación del patrimonio no solo del servidor público, sino también de los particulares que ejerzan funciones públicas o administren recursos públicos, tanto al inicio del servicio, al retiro y cuando sea solicitado por las autoridades competentes.

Asimismo, según el texto de la ponencia, el proyecto de acto legislativo pretende que la declaración de bienes y rentas, así como la declaración de renta de los servidores públicos “no ostente el carácter de información reservada”.

De acuerdo con el documento esta propuesta se planteó, debido al “fenómeno de la corrupción” que afecta el país, y el cual refleja mayor impacto en los sectores más vulnerables.

Citando el Índice de Percepción de la Corrupción divulgado en febrero por Transparencia Internacional, la exposición de motivos del proyecto resaltó que “Colombia mantiene desde hace cuatro años una calificación de 37 sobre 100 puntos, lo cual indica que no ha cambiado la imagen que grupos de expertos tienen sobre el sector público colombiano en cuanto a corrupción. Además, el país cayó seis puntos desde la última medición pasando del puesto 90 al 96 entre 180 países”.

Estas cifras se unen al clamor de los ciudadanos que solicitan al Gobierno que se implementen medidas concretas para acabar con esta situación.

De aprobarse la iniciativa al Artículo 122 se le agregarían dos parágrafos:

Parágrafo 1. Cualquier autoridad competente podrá solicitar al servidor público o al particular que desempeñe funciones públicas o administre bienes o recursos públicos, la declaración de bienes y rentas y la declaración de renta de años anteriores o posteriores al ejercicio del cargo o desempeño de las funciones, según el caso.

Parágrafo  2. El Congreso mediante ley determinará el alcance, la administración, el mecanismo de publicidad y la finalidad de la información contenida en la declaración de renta