VARIAS INCONSISTENCIAS encontró Acemi en el informe preliminar de la Contraloría General de la República que se conoció esta semana, en donde reporta una serie de hallazgos que suman $9,2 billones que habrían invertido las EPS en fines distintos a cubrir los gastos de los servicios de salud. Como consecuencia, este gremio de las EPS del régimen contributivo entregó ayer un documento al órgano de control en que hace las respectivas aclaraciones.

La presidenta ejecutiva de Acemi, Ana María Vesga, explicó que “es muy preliminar, para nosotros es altamente improbable, por no decir imposible, esas cifras”.

Agregó que “tenemos diferencias en los conceptos bajo los cuales se han clasificado las cuentas, y obviamente eso arroja un entendimiento del uso de los recursos públicos que es diferente, y que a ellos les dispara una alerta, pero que en realidad está plenamente justificado en que se refiere a un gasto de salud que hacen las EPS”.

Explicó también Vesga que “ellos refieren ciertos conceptos que parecería tienen otra nominación en el informe, para ellos aparece como un gasto no asociado a la salud, en consecuencia, que no se podría haber hecho con recursos de la UPC. Para nosotros está plenamente demostrado que son gastos que se utilizan en el marco de la atención de la población”.

Dijo Vesga que “hay diferencias en la nominación de las cuentas, en consecuencia, en el valor de las cuentas y en el total de la cuenta”.

Vesga en representación de Acemi le entregó el documento con las observaciones al contralor (e) Carlos Mario Zuluaga, en una reunión en la que también participaron representantes de las EPS.

Las diferencias

Señala Acemi en el informe que presentó al contralor (e) Zuluaga, que “en el primer aparte del documento que trata sobre los antecedentes, se hace alusión al periodo de pandemia y la supuesta reducción de la frecuencia de prestación de servicios entre los años 2020 y 2022. Un cotejo con los documentos técnicos del Ministerio de Salud y Protección Social que monitorea la evolución de la siniestralidad a través de los estudios de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación evidencia que lo manifestado por la Contraloría General de la República es impreciso”.

Expresa también que “se desconoce la metodología usada y las cuentas contables afectadas para calcular las supuestas utilidades operacionales, que según la presentación ascienden a cerca de 11,6 billones de pesos del periodo 2020-2022”.

Agrega Acemi que “en lo metodológico se señala que los ingresos de las EPS fueron tomados de la Adres para la vigencia 2020. Se señala, además que los costos y los gastos realizados por terceros fueron analizados, sin que se conozca ni las fuentes ni la metodología usada. No está claro si los pagos fueron realizados por terceros o a terceros por parte de las EPS. Existe poca claridad en estos detalles”.

También Acemi hace varios reparos a la forma como la Contraloría General preparó dicho informe preliminar.

“Se envió notificación a las EPS el día 4 de abril para rendir sus respuestas de contradicción y su ejercicio de legítima defensa en un periodo de 3 días, periodo durante el cual se hizo la divulgación de los resultados sin haber garantizado el derecho a la contradicción y la defensa”, indica este gremio.

En la mañana del pasado lunes, el contralor (e) Carlos Mario Zuluaga se reunió con la fiscal General Luz Adriana Camargo y el defensor del Pueblo Carlos Camargo, para hacerles entrega de un informe sobre posibles irregularidades en el manejo de los dineros que las EPS reciben del Estado para pagar los servicios de salud, que podrían representar el desvío de $9,2 billones.

Sin embargo, posteriormente, la Contraloría aclaró en un comunicado que “lo publicado referente al tema de EPS corresponde a un informe preliminar, que aún se encuentra en etapa de traslado de observaciones a las distintas EPS, con el fin de que puedan responder los cuestionamientos y observaciones allí consignados”.