EN LAS comisiones sextas de Cámara y Senado se han estudiado varios proyectos relacionados con la normatividad que debe ser aplicada a las aplicaciones de transporte informal en Colombia y que están relacionadas con Uber, Didi y otras.

En ese sentido, los congresistas en la Cámara de Representantes, explicaron en relación con la presentación de un proyecto que regule el uso de las aplicaciones que permiten el uso de carros particulares como medio de transporte público.

Al respecto, la representante Irma Herrera del partido MIRA indicó: “Es un reto que no solo tiene Colombia, sino varios países a nivel mundial. No es un tema sencillo para los conductores que históricamente han trabajado en el sector, y tampoco es un tema sencillo para el Estado el cual debe garantizar los derechos de todos y dirimir las diferencias”.

Asimismo, explicó que: “Las plataformas tecnológicas son un paso más en el desarrollo tecnológico para la movilidad y el transporte de personas, y seguramente en unos 5 años estaremos hablando de algo diferente. Sin embargo, hoy son una realidad y es poco probable que la prohibición o el control absoluto puedan evitar su uso por parte de la población que demanda un servicio”.

Por su parte, Daniel Carvalho del partido Coalición Centro Esperanza, expresó que: “Estoy de acuerdo con que se regulen las plataformas, porque el Congreso, aunque se han discutido algunos proyectos, me parecer normal que las plataformas tecnológicas entren a competir en este mercado con los taxistas. Eso sí, la competencia deber ser en igualdad de condiciones en las cuales opera el transporte público a fin de que se ofrezca un mejor servicio y que genere confianza en los usuarios”.

Otro de los aspectos que preocupa a los conductores de servicio público, está relacionado con la demora en la aprobación de una norma que legalice las aplicaciones, desde el Congreso se han hecho algunos debates, pero no han prosperado y estas son las razones.

Para la representante Irma Herrera, “la regulación que hace el Estado no puede favorecer solo a unos pocos o limitarse a un régimen sancionatorio, debe garantizar la libre competencia en igualdad de condiciones, la formalización laboral para los colaboradores y conductores y que los usuarios también puedan tener garantías sobre la calidad del servicio, mejoras tecnológicas, diversidad de ofertas, disponibilidad de medios de transporte seguros, regulación tarifaria, entre otros”.

“Creo que es un tema pendiente y no un fracaso. Todavía hay oportunidad de diálogo y construcción conjunta entre las partes. Está en manos del Gobierno nacional, poder establecer un proceso de concertación exitoso o seguir dejando un vacío regulatorio y que los paros, desorden e informalidad sigan aumentando en las ciudades”, dijo.

Sobre el particular, el representante Daniel Carvalho, agregó que: “Tiene que haber una garantía de prestación de servicios de buena calidad, por lo tanto, la presentación de un proyecto lo debe hacer alguno de los congresistas, no es mi tema. Pero cuando un proyecto no pasa, es porque así es el trámite legislativo, ese es el entorno de las discusiones”.

Los senadores consideran

El presidente de la Comisión Sexta del Senado, Alberto Elías, expresó a EL NUEVO SIGLO, que: “Ha habido muchos intentos por legislar sobre la regularización de estas plataformas y no afectar los intereses y derechos de todos los actores del sector como los taxistas y demás actores. Esto puede interpretarse como un intento de bloquear emprendimientos que llegan al país como Rappi, Uber, como esos. Pero esto no es un fracaso legislativo, porque se han hecho varios intentos de legislar sobre el particular, creo que ya estamos en mora, acá en la Comisión Sexta de tratar el tema a fondo y participar en este debate que es muy importante para el país”.

De igual manera, el senador Guido Echeverri, del partido En Marcha e integrante de la Comisión Sexta, manifestó que: “Ha habido negligencia y cierta expresión de indolencia de parte del Gobierno y del Congreso, cuando no se ha asumido con responsabilidad el análisis, la discusión sobre lo que significa la regulación de las plataformas digitales de transporte en Colombia. Por puesto, que se considera un fracaso Legislativo y del Ejecutivo, cuando las iniciativas no son impulsadas en este caso por el Ministerio de Transporte, por la Superintendencia de Transporte, para que se regule y legalice las aplicaciones desde un proyecto presentado con ese propósito”.