EL NUEVO SIGLO: Se radicó un proyecto de ley que busca que comprar productos o servicios en el espacio público no se considere una conducta contraria al cuidado y a la integridad del espacio público…

MAURICIO TORO: El proyecto busca clarificar la interpretación del Código de Policía. Cuando el Código de Policía fue aprobado por el Congreso de la República, este artículo fue claro y no tuvo intención de sancionar al ciudadano que compra en el espacio público, esto lo que tiene como objetivo es sancionar a aquellos que promuevan la invasión del espacio público, como esas mafias que se encargan de vender y cobrar por el uso de ese espacio, incluyendo a aquellos que forzan a otros a que paguen por una ocupación del mismo.

La Policía al hacer una mala interpretación empieza a generar una tendencia a nivel nacional, nos obligó a nosotros a planear un proyecto de ley que debe ser aprobado pronto para clarificar este espacio, pero también para exigirle a las alcaldías locales y a las secretarías de desarrollo económico de los municipios que cuando se haga un procedimiento de levantar a los vendedores informales que estén ocupando de manera ilegal ese espacio público, estos levantamientos tengan intervención de las entidades que tienen que acompañar esto para cuidar el mandato al que están siendo sometidos aquellos a los que han levantado de manera abusiva.

ENS: ¿La iniciativa señala que las autoridades deben adelantar políticas públicas de reubicación de los comerciantes informales con el fin de garantizar sus derechos?

MT: Esto es lo que le estamos dejando a cada una de las alcaldías, planear y organizar de manera correcta cuál va a ser la reubicación con todos los derechos respetados de aquellos que viven del comercio informal.

Hay mecanismos en los muchos municipios que les permiten a ellos crear zonas especiales para que se puedan ubicar, hay mecanismos de formalización de aquellos que son vendedores informales, donde por ejemplo, Bogotá tuvo un caso donde ponen unas chazas y tienen un costo para el vendedor de acuerdo a los ingresos que tiene y muchos otros mecanismos que nos permita a nosotros utilizar de manera adecuada el espacio público sin vulnerar los derechos de los comerciantes y vendedores informales.

Las políticas tienen que ser de formalización laboral, no de ataque y de abuso por parte de la Policía a aquellos que están devengando un ingreso para sus familias, que no son pocos en este país y a ellos hay que respetarlos, entendiendo también que las alcaldías tendrán que implementar programas de formalización laboral.

ENS: ¿Cómo se manejaría el tema de las sanciones por ocupación del espacio público? ¿Estas personas estarían ubicadas en lugares previamente establecidos por las autoridades y tendrían algún carnet que los acredite como tal?

MT: Eso sería también una planeación que tendrían que hacer cada una de las alcaldías, un proceso de carnetización o un proceso de alquiler del espacio público donde de acuerdo a los ingresos ellos puedan pagar, un espacio que genere ingresos para ambos desde la formalidad.

Lo que tenemos que atacar en este país es la informalidad que nos está matando a todos, pero con procesos que acompañen a estas personas en capacitación, formación, prácticas salubres de los alimentos en el caso de quienes venden alimentos.

Necesitamos políticas de formalización que traen un transversal de educación y de ingresos. Eso lo deberá definir la autonomía de cada territorio.