El Gobierno anunció que presentará un proyecto anticorrupción después de haber retirado el que ya estaba andando

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En el paquete de proyectos con que llegará el Gobierno a la instalación del Congreso, el 20 de julio, estará una iniciativa anticorrupción que pretende unificar la legislación existente al respecto.

El presidente Iván Duque, le encomendó a la secretaria de Transparencia, Beatriz Londoño, unificar las propuestas que fueron evaluadas en el anterior proyecto presentado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, bajo el nombre Ley Pedro Pascasio Martínez, agregando el componente de recompensa al denunciante y una articulación de entidades para enfrentar el fenómeno.

“Tenemos que fortalecer la acción del Estado como un todo y presentar un proyecto de ley único, robusto, que nos permita ser más eficaces en todo lo relacionado con proteger a los denunciantes, a las personas que dan información sobre la corrupción, en lograr la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en lograr una mejor gestión. Tenemos que mejorar más en las acciones de extinción de dominio contra personas que han sido condenadas por corrupción y lograr la reparación integral del Estado”, dijo Ramírez.

El anuncio se da luego de las críticas que recibió el Gobierno tras la acción del viceministro del Interior, Daniel Palacios, ante la Comisión Primera de la Cámara al pedir el retiro del proyecto de Ley Pedro Pascasio Martínez. Según el funcionario, las más de 80 proposiciones modificatorias y la solicitud del fiscal Francisco Barbosa obligaron al retiro del proyecto.

Cabe anotar que el proyecto contó con el concepto institucional del anterior fiscal Néstor Humberto Martínez, mientras que Barbosa insiste en que quiere conocer de fondo el nuevo articulado y participar en él para hacerle los ajustes necesarios.

El nuevo proyecto, por otra parte, recogerá las recomendaciones de la Comisión Nacional de Moralización, en la que tienen asiento, entre otros, el presidente Duque, las ministras del Interior y de Justicia, Alicia Arango y Margarita Cabello, el fiscal Barbosa, el procurador Fernando Carrillo, el contralor Carlos Felipe Córdoba, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, y los presidentes de las altas Cortes, del Senado y de la Cámara.

Así las cosas, sería la última oportunidad para que los salientes presidentes del Congreso, Lidio García, del Partido Liberal, y Carlos Cuenca, de Cambio Radical, así como Carrillo y Negret, que también se están despidiendo de sus cargos, dejen su impronta en un proyecto que va a servir para atacar uno de los flagelos más grandes que atormenta a Colombia: la corrupción.

Pendientes

El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, aseguró en diálogo con EL NUEVO SIGLO que “en Colombia necesitamos es la aprobación de los proyectos, no seguir anunciando más. Si hiciéramos la cuenta de cuántos proyectos ha anunciado el actual Gobierno nacional, estaríamos en un escenario donde el Congreso recibe muchos proyectos y no hay aprobaciones certeras. Aquí lo que necesitamos es que haya liderazgo del Gobierno para sacar los objetivos que se plantean. Hay un ejemplo y es la Ley Pedro Pascasio Martínez, que se anunció el año pasado y terminó siendo retirado por el mismo Gobierno”.

Según Hernández, es válido preguntarse “si este proyecto tiene el mismo fin que el anterior o si es una nueva salida, o una nueva estrategia y cuál es el plazo para lograr esta mesa. Además obliga a preguntarse: ¿este nuevo proyecto en términos de la agenda legislativa del Gobierno, cómo va a funcionar, si es un proyecto en que todos están comprometidos o es un tema que va a tener que negociar con los partidos para que pase?”.

El director de la ONG sostuvo que, “sin embargo, es evidente que en términos de contenidos y de herramientas legales aún tenemos tareas pendientes. Por ejemplo, nosotros creemos que se debe ahondar en las garantías de protección a los demandantes de actos de corrupción. Y en este anuncio de un nuevo proyecto no solo se abarca ese tema, sino un gran listado donde también están responsabilidad penal de personas jurídicas, protección a denunciantes, mecanismos de prevención. Vacíos legales, si nos faltan por resolver, pero nos hace falta más resultados y una estrategia más comprometida del Gobierno para que pueda sacar esa agenda legislativa, incluyendo proyectos anticorrupción sólidos adelante”.

Ajustes

Por otro lado, Carlos Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política, le manifestó a este Diario que “todavía se necesitan hacer reformas en varias materias. Aunque todavía existen muchos instrumentos legales, lo cierto es que hace falta hacer ajustes institucionales para hacer efectiva la lucha contra la corrupción y pensar en esos asuntos también dirigidos a hacer mucho más fácil el control político de los entes territoriales, los presupuestos públicos y que sea más fácil hacer procesos de veeduría”.

Chacón advirtió que esto no se trata de “volver un tema de populismo punitivo, pero es necesario que se disminuyan los niveles de impunidad en los casos de corrupción. Como todo mecanismo de control, esto se trata de ser efectivo. Una reforma debe ser muy integral, no solo en términos de ley, sino también en los términos que se usan para aplicar la misma y la efectividad de la ley en el largo plazo”.

El experto aseguró que esto no se trata solo de una discusión en términos penales: “Muchas veces la discusión sobre la corrupción se queda en términos penales, pero se deja de lado el tema de prevención y de control político. Es verdad que en la medida en que el gasto público no se evalúe constantemente es muy complicado hacer control. Creo que las próximas reformas deben ir encaminadas a que se haga un verdadero control presupuestal. Por ejemplo, el tema del control previo de la Contraloría habrá que ver cómo queda en la ley estatutaria, si el control es preventivo y no previo. Además, se debe avanzar en la discusión de eliminar las contralorías territoriales y dotar de muchos más dientes a los órganos de control, así como darle más herramientas al Congreso, las asambleas y los concejos en materia de control político”.