Para los expertos no existe un complot en contra de Néstor Humberto Martínez, sino que las críticas en su contra son una expresión “normal” de cualquier régimen democrático

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El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, se encuentra por estos días en la cresta de un escándalo que ha subido como espuma en menos de una semana y que ha dado pie a diversas interpretaciones.

Sus detractores sostienen que desde antes de llegar al ente investigador en agosto de 2016, el funcionario sabía de las irregularidades que se venían presentando con varios contratos suscritos por Corficolombiana y su filial Episol con la multinacional Odebrecht.

Para entonces, Martínez era el apoderado de las compañías del grupo Aval del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Otros consideran que en junio de 2015, cuando el controller de Corficolombiana, ingeniero Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d.), le comentó de dichas anomalías y del presunto desfalco de particulares a esa compañía financiera –conversación que además grabó y entregó a varios medios antes de fallecer la semana pasada- Martínez debió ponerlas en conocimiento de las autoridades.

Sin embargo, la crisis se acrecentó tras la muerte, el sábado pasado, de Alejandro Pizano Ponce de León, hijo de Jorge Enrique, al parecer envenenado con cianuro, un hecho que ha levantado toda suerte de suspicacias.

Obviamente, el jefe del organismo investigador les ha salido al paso a estas acusaciones, defiende su actuación frente a los supuestos encubrimientos a Corficolombiana y su relación con el ingeniero fallecido y su hijo.

En declaraciones a varios medios de comunicación, el fiscal Martínez recordó ayer que Jorge Enrique Pizano era objeto de investigación desde 2013, cuando comenzó a ser mencionado en el ‘carrusel de contratos’ en Bogotá, y que solo hasta 2017 fue citado a dar su versión en el escándalo Odebrecht.

También desmintió que haya tratado de ocultar las denuncias hechas por Pizano, pues dijo que de ellas se desprendieron varias líneas de investigación judicial hoy vigentes.

Martínez destaca la actuación  de su despacho en el escándalo Odebrecht, pues dice que actualmente hay 86 investigados por el escándalo de corrupción, mientras en Brasil –país de origen de la multinacional- hay 78 procesados, y destacó que inicialmente se hablaba de dos contratos irregulares pero ya son 14 que habrían servido para desviar recursos por unos 32 millones de dólares.

Por todo ello, el Fiscal General de la Nación no duda en halar de “un complot” en su contra liderado por sus enemigos políticos.

“No se pueden seguir haciendo debates politiqueros a partir de mentiras... Existe un complot para tumbar al Fiscal General”, afirma Martínez Neira.

Escándalo politizado

Por el escándalo de Odebrecht, el Fiscal General ya fue objeto de un debate de control político liderado por senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, del que salieron ‘en tablas’, pues Martínez no renunció como pedía la oposición, pero desistió de la demanda contra el congresista de izquierda.

No obstante, tras los últimos acontecimientos, con dos muertes de por medio que están siendo investigadas, la crisis está en su peor momento.

El senador Robledo volvió a pedir la dimisión del Fiscal General; un abogado particular lo demandó nuevamente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara (el segundo proceso en su contra por el caso Odebrecht), mientras el senador del Movimiento de los Decentes, reclamó un fiscal Ad Hoc para las investigaciones de Odebrecht, en las que ya Martínez Neira se había declarado impedido en algunos procesos.

Consultados por EL NUEVO SIGLO sobre la politización de un escándalo netamente jurídico, algunos expertos consideran que se trata de reacciones “normales” dentro de un Estado democrático.

“Aquí tenemos un escándalo que por sus dimensiones nacionales y regionales en América Latina tiene necesariamente un impacto político que no se reduce solo a Colombia”, considera el analista Vicente Torrijos.

Para este experto, a nivel interno “un escándalo de esta naturaleza necesariamente tiene que ser explotado por las fuerzas políticas de oposición, como debe ser en cualquier democracia”.

Y agrega que de haber sido al contrario, las fuerzas oficialistas habrían hecho lo mismo con sus detractores políticos.

En ese sentido, el politólogo Pedro Medellín Torres tampoco ve que el tema se esté politizando porque le pidan la renuncia al Fiscal o que se aparte de las investigaciones del escándalo Odebrecht.

“No veo que todavía haya un componente político fuerte, en cambio sí veo un componente jurídico. Creo que está muy temprano para que este asunto tenga un componente político abierto, no lo veo”, afirma.

Desde la otra orilla ideológica, el catedrático Aurelio Suárez, le da el beneficio de la duda el Fiscal General cuando habla de un complot en su contra, pero advierte que el problema “no es que se esté juzgando con cabeza caliente al Fiscal; el problema es que la sociedad está esperando a que aparezcan los responsables de este escándalo”.

Imagen institucional

Para las fuentes consultadas, el principal inconveniente es la afectación que pueda sufrir el trabajo institucional de la Fiscalía General.

“Este escándalo se ha convertido en un mecanismo de presión institucional muy fuerte para el Fiscal, que ha salido a enfrentarlo. Pero la verdad lo que no veo es que el tema se haya politizado contra el Fiscal General ni contra su partido, Cambio Radical, ni contra el Gobierno”.

El resto de expresiones políticas, como que le pidan al funcionario que renuncie al cargo, que se aparte de los procesos que lleva su despacho en la investigación de Odebrecht o que la Corte Suprema de Justicia nombre un fiscal ad hoc, para los expertos forma parte del debate político propio de cualquier democracia.

“Nada de eso puede verse como un mecanismo de persecución política. Hay es que esperar la valoración jurídica que se haga de las nuevas circunstancias como la muerte de los señores Pizano. O cuando se demuestre el vínculo de Odebrecht con algunas campañas políticas. Ahí sí comenzará a despejarse el panorama político para el Fiscal, mientras tanto no”, insiste Medellín Torres.

El mayor inconveniente, añade Torrijos, es que la oposición política quiere aprovechar la situación para insistir en la renuncia de Martínez Neira, y mientras él se defiende se puede descuidar la función pública de la Fiscalía General.

“A algunos les parecerá sobredimensionado, a otros oportunista, pero es natural en una democracia que se formen estos polos opuestos”, concluye el catedrático.