Una queja disciplinaria presentó el senador Jorge Robledo contra la ministra de Transporte, Angela María Orozco, para que se le investigue por adelantar negociaciones en una de sus empresas con los bancos del Grupo Aval, acreedores del consorcio Ruta del Sol II.
“Estaba impedida e inhabilitada con la ley 1437 para actuar en asuntos que tuvieran que ver específicamente con el Banco de Bogotá o Grupo Aval porque ella es propietaria de una empresa de la cual fue representante legal, que tenía entre sus clientes a esos bancos específicos. La norma es clara en señalar que eso le da una inhabilidad, porque hay conflicto de intereses de un año y resulta que ella en el lapsus actual viola las fechas en las que no podía actuar”, expresó Robledo.
Acusé en la Procuraduría a la ministra del Transporte por violar la Ley 1437, que le prohibía actuar sobre los bancos Bogotá y Occidente (Grupo Aval), que fueron sus clientes.
— Jorge Robledo (@JERobledo) August 27, 2019
La denuncia: https://t.co/29eCVTizcv
Debate al respecto y demás del caso Odebrecht-Aval: Sept.03.19 pic.twitter.com/2YZBJLA6KF
"Lo que esta evidente es que ella actuó en beneficio de sus clientes, violando las leyes de la República y eso investigado y sancionado por la Procuraduría", agregó el senador de Polo Demócratico.
A finales de julio, Orozco tuvo acercamientos con los siete bancos que habían prestado dinero a la concesionaria Ruta del Sol 2 para las obras viales. En dichas reuniones, la Ministra les habría dicho que el Estado estaba dispuesto a asumir toda la deuda y aseguró que el Gobierno los consideraba como terceros de buena fe, dandoles parte de tranquilidad.
Lo que se le juzgó concretamente a la ministra Orozco es la promesa que comprometía al Estado a pagar la millonaria deuda antes de saberse la decisión del Tribunal de Arbitramento, que fue convocado para resolver el pleito por la liquidación del contrato de la Ruta del Sol 2.
Cuando este tomó como decisión que el Gobierno no estaba obligado a asumir las deudas por la corrupción de la concesionaria, pusieron la posición de la ministra sin ningún sustento jurídico frente a los bancos.