El Gobierno nacional rechazó las intimidaciones que han recibido los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tras la diligencia virtual que cumplió en días pasados el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez.
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“He recibido una denuncia muy grave de los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quienes me enviaron una comunicación, dando a conocer unas amenazas en su contra, a causa del cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales”, dijo el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruíz Orejuela.
De acuerdo con el jefe de la cartera, los magistrados le informan que la magistrada ponente del proceso contra Mancuso Gómez y otros exintegrantes del frente ‘Mártires del Cesar’ de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia “fue amenazada para disuadirla de no interrogar al jefe de esa organización”.
Y agrega el Ministro que dichas denuncias las remitió por competencia a la Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Policía Nacional, “encargados de proteger a los funcionarios judiciales”.
En efecto, el lunes pasado Mancuso Gómez acudió en diligencia virtual ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla en donde rindió testimonio sobre los crímenes perpetrados por ese frente paramilitar.
Al final de la diligencia la magistrada Cecilia Leonor Olivella Araújo, ponente de la investigación, recibió panfletos amenazantes.
Se trata de un papel manuscrito que en uno de sus apartes le advierte a la magistrada: “No se meta en líos haciendo preguntas al comandante Mancuso, no comprometa a su familia y la suya, deje de estar preguntando”.
Por ello, el Tribunal en pleno le dirigió una carta con carácter “urgente” al ministro Ruiz Orejuela en la que le explican la situación.
“Queremos expresarle nuestra inmensa preocupación por las intimidaciones que se han recibido a propósito del cumplimiento de la función que constitucional y legalmente nos fue asignada. Recientemente, y desde el día 20 de octubre del año que avanza, la Sala de Conocimiento de este Tribunal viene adelantando audiencia de formulación y aceptación de cargos en contra del señor Salvatore Mancuso Gómez y otros exintegrantes del ‘frente Mártires del Cesar’”, señala la misiva al jefe de la cartera de Justicia.
Los magistrados, igualmente, dicen que en la diligencia la jurista Olivella Araújo inquirió a Mancuso “sobre la existencia de hechos no confesados en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz que pretendía ventilar ante la Jurisdicción Especial para La Paz”.
Ese fue, en opinión del Tribunal Superior, la causa de las amenazas “con el propósito de disuadirla de interrogar al exjefe paramilitar”.
Por ello le pidieron a Ruiz Orejuela “una respuesta institucional teniente a garantizar la vida e integridad personal de quienes fungimos como Magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla”.
Los administradores judiciales le pidieron al Ministro reforzar su esquema de seguridad que incluya renovación del parque automotor y que, dicen, tiene más de diez años de uso y “serios problemas mecánicos” y sin un blindaje adecuado.
Frente a la solicitud, el Ministro de Justicia afirmó: “Ratifico mi respaldo a los servidores judiciales y denuncio cualquier interferencia con su función de administrar justicia. El Gobierno nacional condena de manera categórica toda intimidación en contra de los jueces”.
Incluso, el funcionario fue más allá, al advertir que los exintegrantes de las Autodefensas que están cumpliendo sus penas en el exterior “tienen deudas con la justicia colombiana y tendrán que venir a responder por esos delitos”.
Mancuso Gómez, como se sabe, está a la espera de que las autoridades de los estados Unidos definan su situación, pues aunque ya cumplió una condena de 12 años de prisión y busca ser deportado a Italia, también es pedido en extradición por las autoridades colombianas.