Por primera vez en el Concejo de Bogotá, la oposición tuvo una sesión exclusiva sobre el Plan Distrital de Desarrollo (PDD), a su vez en el marco de dicha sesión el concejal de Cambio Radical, Rolando González, expuso los micos y los nuevos cobros que tiene contemplada esta hoja de ruta para el próximo cuatrienio.
De acuerdo con González, el PDD es un cobro social disfrazado de contrato social, por su parte aseguró que la Administración le está pidiendo al Concejo de Bogotá que apruebe un proyecto completamente desfinanciado en el cual cerca de $20 billones provienen de fuentes inciertas.
Adicionalmente, al Concejal le preocupa que la Alcaldesa planea llevar a la ciudad al tope del cupo de endeudamiento con hasta $10,9 billones; a su vez, al final de este mandato, Bogotá deberá 8 de cada 10 pesos de los ingresos que entren a la Capital.
Con relación a los micos que, de acuerdo con el concejal González tiene este plan, el cabildante destacó el Artículo 80 relacionado con la contribución por estacionamiento en vía y fuera de vía. De acuerdo con el funcionario se revive una contribución que encarece lo que los usuarios pagarían por parquear en vía y fuera de esta en un 30%.
Por su parte, destacó el contenido del Artículo 86, mediante el cual se modifica el objeto de Transmilenio.
“A Transmilenio se le cuelga la función de ejecutar planes parciales y se convertiría entonces, en un agente especulador e inmobiliario. En el Distrito ya existe la ERU, que se encarga de la renovación y desarrollo urbano de la ciudad. No puede haber dos entidades públicas en el Distrito con funciones iguales y mucho menos, destinar recursos para las mismas”, precisó el Concejal.
Por último, el Cabildante se refirió al artículo 103 alusivo a la gerencia pública de Doña Juana. “Si la Uaesp asume la operación pública del relleno sanitario, afectaría el bolsillo de los ciudadanos en Bogotá. Los costos económicos de no enterrar las basuras son onerosos, de acuerdo con el Banco Mundial (BM) y, si bien, es necesaria una nueva tecnología de disposición de residuos, la Administración no les ha contado a los ciudadanos que este cambio tiene un costo de inversión de $3,5 billones y un costo de operación de $168.000 por tonelada”, precisó González.
Por lo mismo, una parte de estos recursos se apalancarían mediante vigencias futuras por 27 años, de acuerdo con el funcionario habría un incremento en la tarifa de aseo, la cual aumentaría entre un 49% y un 67%.