Garantizar los derechos electorales de todos los partidos políticos y hacer defender el voto libre, es lo que se requiere para las elecciones regionales dentro de un año. Así lo consideran los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que se posesionarán mañana ante el presidente Gustavo Petro y con la presencia del registrador Alexander Vega.

Los nuevos magistrados del ente electoral son Álvaro Hernán Prada, Fabiola Márquez, Benjamín Ortiz, Alfonso Campo, Cristian Quiroz, Altus Baquero, César Lorduy, Maritza Martínez y Alba Lucía Velásquez.

EL NUEVO SIGLO dialogó con cinco de los elegidos, quienes contaron los retos de este nuevo CNE que estará por los próximos cuatro años.  

César Lorduy, de Cambio Radical, dijo que lo que se puede esperar es la obligación que se tiene de regular, de inspeccionar, vigilar y controlar la actividad política, los partidos, los movimientos políticos, los grupos significativos de ciudadanos, representantes legales y candidatos. “Lo que se requiere es el cumplimiento de los principios que a ellos los gobiernan y los deberes que a ellos les corresponden, en función de fortalecer la democracia”.

Lorduy manifestó que “lo más importante es lo que la ciudadanía siente, que quienes vamos a estar en el CNE garantizaremos la democracia en todos sus aspectos”.

Sostuvo que “en la actualidad hay normas electorales de hace 100 años, “y muchas de ellas no se han actualizado después de la Constitución de 1991”.

Una mejor transparencia

Benjamín Ortiz, magistrado del Partido Liberal, y quien ha hecho toda su carrera laboral en el ente electoral, expresó que lo que se necesita es garantizar las condiciones de equilibrio y de imparcialidad. “Es fundamental que el CNE iniciando el próximo año se ocupe de la reglamentación de los diferentes procedimientos que forman parte del contexto electoral, para que todos los participantes tengan confianza en la institución y puedan tener reglas de juego claras”.

Recalcó que el gran reto será apoyar el Código Electoral, que es un compromiso de quienes quieren unas normas claras que permitan la transparencia en los escrutinios y procedimientos de elección.

Señaló que se debe contemporanizar el código con la Constitución de 1991 ya que en las normatividades se habla todavía de papeleta electoral.

Función jurisdiccional

El magistrado Álvaro Hernán Prada, representante por el Centro Democrático, anotó que el cambio más importante que se requiere es que al CNE se le dé función jurisdiccional, porque hoy mediante actos administrativos se pronuncia, pero es sujeto de control por parte del Consejo de Estado, en la sección quinta.

“Otro punto importante es que se tenga función de policía judicial; hoy en día ejerce vigilancia y control sobre las campañas electorales para mirar los gastos y el financiamiento prohibido, pero no hay cómo porque no existe policía judicial y por eso no se llega a donde se tiene que llegar”, expresó.

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Recalcó que el hecho de ser de oposición le da una responsabilidad grande porque tal vez es la única posición del Centro Democrático institucionalmente. “Represento al Centro Democrático y a todos quienes votaron por la Liga Anticorrupción, que tuvo más de 10 millones de votos y que están pendientes del fortalecimiento del sistema electoral”.

Indicó que el CNE debería tener una independencia absoluta en materia administrativa y presupuestal de la Registraduría, para así lograr un mejor ejercicio de control.

Por el voto libre

Entre tanto, la magistrada Alba Lucía Velásquez, del Polo Democrático, explicó que se requieren cambios donde los colombianos entiendan que el voto debe ser libre. “Uno de los problemas más grandes que tiene la democracia es la forma como en los municipios del país los ciudadanos están cohesionados para votar por un contrato, por una vía pública y por sus necesidades”.

Recalcó que se debe hacer un ejercicio importante por medio de acciones pedagógicas a través de la comunicación para que la ciudadanía entienda que el voto libre es fundamental y lo mismo que la comprensión de la democracia. “Eso es lo que deberíamos hacer para que las elecciones venideras sean un éxito”.

La magistrada subrayó que se tienen que construir las herramientas para que los ciudadanos sepan con toda claridad que deben ayudar a construir los programas de gobierno con base en las necesidades que cada uno de los municipios tiene.

“Según la Constitución en Colombia hay un voto programático, pero muchos de los colombianos no lo saben y hay unas dinámicas en los territorios en donde las personas acuden porque el candidato les agrada, los conquista, y terminan apoyando al candidato, pero no al programa de gobierno”, señaló.  

Robustecimiento de las instituciones

El magistrado conservador Alfonso Campo aseveró que antes de revisar cambios es necesario avanzar en el robustecimiento de todas las instituciones que atienden las justas democráticas. “Ese robustecimiento tiene que ser integral y su búsqueda principal debe centrarse en articulaciones que promuevan la garantía y la defensa del derecho a elegir y a ser elegido”.

Agregó que corresponde a la organización electoral y al CNE participar con armonía en encuentros institucionales para evaluar si están dadas las condiciones presupuestales, conceptuales, logísticas, que permitan cambios al interior de la misma organización.

Resaltó, además, que “las reflexiones que se desprendan de la observancia y el análisis que se haga del nuevo código electoral debe plantearse como un reto colegiado que permita consolidar plenas garantías al constituyente primario”.

Y concluyó que una gran meta es “cumplir con estricto apego las funciones consagradas para el ejercicio transparente de esta magistratura; además, entender que este ejercicio mismo nos llama a la sagrada vigilancia del voto popular”.

Sostuvo que la misión del CNE es promover la sostenibilidad democrática colombiana, “a través del diseño e implementación de mecanismos eficientes y oportunos de vigilancia, inspección y control total de la actividad electoral, en relación con el accionar de todos los actores que en él intervienen, así como la protección de los derechos de la oposición”.