La del procesode restitución de tierras en Colombia podría ser la mejor ley del país en muchos años o ser la peor frustración del Gobierno si no se logra adelantar de la mejor manera, le expresó a este Diario el líder de restitución del Urabá, ex miembro de la Comisión Nacional de Reparación y dirigente de la Fundación Forjando Futuro Gerardo Vega.

Para Vega, hay que contemplar la opción de hacer restituciones colectivas de manera que se disminuya el número de procesos a analizar por las autoridades judiciales y además evitar que la iniciativa fracase como, según él, lo hizo el proceso de Justicia y Paz en el país.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo cree que está avanzando el proceso de restitución de tierras en el país?

GERARDO VEGA:Esta es la mejor Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero si no se aplica puede ser la peor ley para el país. La peor porque sería una frustración más a la esperanza que han tenido los colombianos de que les devuelvan sus tierras. La restitución marcha muy lenta, debe dársele un timonazo desde el Gobierno a la restitución, a la política como se viene implementando. Deberían adelantar restituciones colectivas.

ENS: ¿Por qué es mejor la restitución colectiva?

GV:Debe el Gobierno adelantar restituciones colectivas y no individuales porque son 360.000 los casos que se registran como oficiales, serían 360.000 procesos judiciales más. Con 134 jueces al año 2014, cada juez tendría en promedio 2.800 casos. Acaba de hace crisis Justicia y Paz, la Ley 975 del año 2005, precisamente por el número de procesos judiciales que no pudo abordar la administración de justicia, hasta ahora van tres sentencias y lo mismo podría pasar en Restitución de Tierras.

Nosotros desde la fundación Forjando Futuro consideramos que la restitución debe empezar a hacerse de manera colectiva tal y como lo consagra el parágrafo único del artículo 82 de la nueva ley, el cual dice que en predios que son vecinos y que fueron despojados por un mismo victimario y en una misma época, se constituye un daño colectivo y entonces debe hacerse una restitución colectiva.

El Incoder debe hacer adjudicaciones masivas, con esas mismas características en sitios colindantes y que fueron despojadas en la misma época por el mismo victimario. La Fiscalía debe ayudar en las macro restituciones en la metodología de Justicia y Paz para que esto avance.

ENS: ¿Cambia la metodología de postulación para la restitución colectiva por parte de las víctimas?

GV:No, lo que tiene que haber es voluntad del Gobierno en aplicar ese parágrafo del artículo 82. Por ejemplo, en Urabá tenían tres mil procesos judiciales, que se podrían convertir en 25 procesos porque la gente estaba en un mismo sitio y además son 120.000 hectáreas. Allá la gente fue despojada de sus tierras en los años 95, 96, 97 por los campamentos de los Castaño y de todos los paramilitares que estuvieron en esa región.

En el caso de los Montes de María de igual manera, en el sur del Llano, en el Tolima, en el Chocó, Magdalena, parte de Antioquia, son sitios que fueron despojados en un mismo momento. Por lo menos en 50 por ciento de los casos, tres millones de hectáreas, se podría hacer restitución colectiva y estaríamos avanzando muchísimo en el proceso de devolución.

ENS: ¿Qué tan protegidos están los líderes de restitución? ¿Cuál es la situación de ellos?

GV:Hace falta mayores sistemas de seguridad para los líderes, a pesar de que el Gobierno en ese campo ha avanzado con la Unidad de Protección en cabeza de Andrés Villamizar, y se ha recibido protección para los líderes, yo creo que también, además de ese acompañamiento con escoltas y carros que permiten una mayor seguridad a las víctimas, debe haber una decisión del Gobierno en el sentido de dar a conocer de manera pública y amplia, distinguiendo el nombre de los testaferros y de los usurpadores de tierras, tal y como lo hacen con otros delitos, para que toda la sociedad conozca y sepa quiénes son las personas que han cometido ese tipo de delitos y las recompensas por eso. Pero además, el Gobierno debe prohibir el porte de armas, aun con salvoconducto, en las zonas de restitución de tierras.

Testaferros

Según Vega, los testaferros, para distorsionar la versión de los reclamantes, buscan crear una estrategia común a favor de quienes se oponen a la restitución de tierras.

“En casos como Jiguamiandó y Curvaradó, Las Pavas o Turbo, han fomentado luchas internas en los reclamantes para evitar que algunos no reclamen sus tierras y se pongan del lado de los testaferros”, dijo.

Vega explicó que “hay incentivos económicos para ponerlos de su parte y hacer que la gente desista del proceso de restitución” y “hay unos niveles de coordinación entre los que se oponen a la ley porque, si miramos, han logrado dividir a las comunidades y esa es una estrategia. También se han articulado para la acción criminal contra los reclamantes de tierras”.