Cuatro días después del debate de moción de censura contra la ministra de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Mintic), Karen Abudinen, por el escándalo del contrato con Centros Poblados, empezaron a presentarse renuncias en la entidad.
Este martes dimitieron Adriana Meza Consuegra, secretaria general, y Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual, dos de las más altas funcionarias del Mintic.
Según trascendió este lunes ambas renuncias son irrevocables, aunque se desconoce la fecha exacta en la que Meza y Orjuela culminarán sus funciones.
En el caso de Meza, según la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), se desempeñaba como Secretaria General del Ministerio desde el primero de junio de 2020. No obstante, antes trabajó como asesora en esa misma entidad y en su historial laboral se evidencia experiencia en la Presidencia de la República, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía de Barranquilla.
Por su parte, Orjuela se desempeñó como subdirectora administrativa, aunque antes fue asesora del despacho y en su experiencia laboral acredita haber trabajado en Findeter, la Alcaldía de Barranquilla, el Instituto Nacional de Vías, la Contraloría General de la República y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
Como se sabe, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría tienen sendos procesos abiertos alrededor del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados firmado por más de un billón de pesos para instalar 7.000 puntos de acceso a internet en zonas apartadas y escuelas rurales. Ese contrato fue objeto de caducidad hace tres semanas por parte del Mintic debido a irregularidades como las garantías bancarias falsas. De igual manera, está el anticipo de $70 mil millones de pesos que no ha podido ser recuperado.
En el proceso de la Contraloría, a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales, además de las dos funcionarias que renunciaron, también aparecen Camilo Alberto Jiménez, supervisor del contrato 1043 de 2020; Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados; Carlos Enrique Páramo Samper, representante legal de la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, y Jeremías Olmedo Cabrera Mosquera, representante legal de ICM Ingenieros S.A.S, entre otros.
Hasta el momento, a ninguna de las funcionarías se les ha demostrado que incurrieran en anomalía alguna, pero las investigaciones continúan.
El Mintic ha alegado que subcontrató a la empresa SES Colombia para la verificación de los documentos de los contratistas. En el concepto de esta compañía en ningún momento se reportó algún tipo de irregularidad al revisar la póliza de garantía que luego se evidenció falsa.
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Más señalamientos
En la plenaria de la Cámara, que anoche discutía el proyecto de Inversión Social, se está pendiente de establecer cuándo se realizará la votación de la moción de censura.
Se recuerda que en el debate de moción, uno de los congresistas citantes, León Fredy Muñoz, del partido Alianza Verde, aseguró que Abudinen sí sabía todo "el entramado que se estaba preparando", y mencionó precisamente a estas dos funcionarias, Sandra Mesa y Adriana Orjuela, que para el parlamentario eran las más cercanas a la Ministra y estuvieron relacionadas con el contrato.
En un video a través de su cuenta de Twitter, Muñoz dijo que la moción de censura contra la Ministra ya dio resultados: “acaban de renunciar de manera irrevocable las manos derechas de ella, las que ella llevó al Ministerio, las que trabajaron con ella en Barranquilla, en el ICBF, las que estuvieron en todo el entramado. Pero ellas obedecen a las orientaciones de la Ministra, por eso ahora lo que falta es que la Ministra se haga a un lado, renuncien para que esas investigaciones puedan llegar a un feliz término”.
Del mismo modo, la representante Katherine Miranda, del mismo partido y quien también participó en el debate del viernes trinó: “Renunciaron las responsables de la firma del contrato de Mintic con Centros Poblados. Señora Ministra Karen Abudinen ¿Usted para cuándo?”
Instituto Anticorrupción
De otro lado, un recurso de revocatoria directa del contrato presentó el Instituto Anticorrupción este martes ante el Ministerio. El director de esa instancia, Camilo Enciso, señaló que en el acto se le pide a la Ministra que revoque los actos administrativos por los actos de corrupción que se presentaron en el proceso.
Señaló que hay clara evidencia de graves irregularidades que tienen que ver con la entrega de garantías falsas por parte de la Unión Temporal y por consiguiente esa propuesta se debió rechazar en su momento.