La emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus ha generado una crisis global sin precedentes y Colombia no ha sido la excepción. Las proyecciones actuales en términos de pobreza no son alentadoras.
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El escenario más optimista muestra un impacto en la tasa de pobreza de 4,6 puntos porcentuales (por persona), pero en el escenario más pesimista, asumiendo un año de recuperación paulatina y pérdida del 100% de los ingresos, la pobreza podría aumentar hasta 24,3 p.p.
Bajo este panorama es que el Gobierno nacional ha diseñado una estrategia tendiente a mitigar los efectos del Covid-19, la cual consiste en reforzar las transferencias monetarias que se venían asignando, con giros extraordinarios, según explicó a EL NUEVO SIGLO Susana Correa Borrero, directora del Departamento para la Prosperidad Social, de la Presidencia de la República.
“Todo el Gobierno viene trabajando fuertemente en las estrategias de reactivación económica, no solo el sector de la inclusión social. Los demás sectores van a dar un empujón a la economía, en la medida que podamos retomar las actividades con los protocolos de bioseguridad y que los puestos de trabajo vuelvan activarse vamos a ver como los indicadores de pobreza vuelven a tomar un ritmo de reducción”, dice la funcionaria.
Justamente, dice Correa Borrero, las transferencias monetarias durante la pandemia a través programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Devolución del IVA, Ingreso Solidario y Colombia Mayor, han permitido acompañar a más de 8,5 millones de hogares con una inversión que supera los $7,8 billones.
“Esta nueva realidad nos demanda grandes retos. Son varios, pero mencionaré los más significativos para la situación actual”, afirma la directiva.
El primero, continuar optimizando y fortaleciendo la gerencia de programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas para contribuir con la seguridad alimentaria de los hogares y promover la acumulación de capital humano. “Continuaremos en este 2020 con los giros extraordinarios mensuales y bimestrales para 2,6 millones de hogares de Familias en Acción, más de 400.000 jóvenes en Acción y 1,7 millones de adultos mayores. La inversión en transferencias monetarias a diciembre 31 será de más de $12,2 billones”, explica.
El segundo reto es a través de la reactivación del sector de la construcción. El Gobierno espera generar más de 30.000 empleos locales con la reactivación de obras.
“Beneficiaremos a 129.500 nuevos hogares con el programa Casa Digna, Vida Digna, llegando a 325.000 mejoramientos de viviendas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Ejecutaremos 587 obras de infraestructura social y productiva enfocadas en vías urbanas y rurales, plazas de mercado, centros de acopio y centros de transformación”, explica la directiva.
El tercer reto es el fortalecimiento del emprendimiento y la inclusión productiva, que articula esfuerzos de Prosperidad Social con otras entidades como los ministerios de Comercio y de Agricultura, en conjunto, para acompañar a los emprendedores de negocios informales o pequeños hacia su consolidación y sostenibilidad.
Las proyecciones de apoyo en inclusión productiva a 2022 son: 36.172 proyectos con Familias en su Tierra, 48.000 proyectos con la Red de Seguridad Alimentaria, 16.200 proyectos con Iraca y 18.600 proyectos con los programas de emprendimiento individual y colectivo.
Con la nueva estrategia Economía para la gente, que incluye el diseño y puesta en marcha de nuevos programas como Tiendas para la gente y Manos que alimentan, se apoyarán 582.640 iniciativas productivas con recursos por $1,72 billones.
En cuarto lugar, con el Fondo de Pago por Resultados se gestionarán $14.095 millones en dos años. “En mayo de este año pusimos en marcha la convocatoria pública para ubicar los aliados del programa Empléate para incentivar la formación del capital humano, fortalecer el trabajo con el sector privado y lograr retención laboral de sus sujetos de atención. Con Empléate se beneficiarán 1.400 personas pobres, de las cuales al menos el 32% hace parte del programa Jóvenes en Acción”, añade Correa.
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Finalmente, dice, “está el reto de hacer de Prosperidad Social un modelo de gestión orientada a resultados, eficiente y comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que nadie se quede atrás y hagamos de Colombia un país con equidad y con cero hambre”.
Índice de pobreza
De otro lado, la directora de Prosperidad Social explicó que la pobreza multidimensional en Colombia ha mostrado una tendencia hacía la baja en los últimos años: entre 2018 y 2019 pasó de 19,1% a 17,5%. La pobreza monetaria extrema pasó en el mismo periodo de 8,2% a 9,6% y mientras que la pobreza monetaria pasó de 34,7% a 35,7%.
La funcionaria citó el informe presentado por el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, en el que Colombia ocupa el puesto noveno entre 24 países de la región, y resaltó avances importantes en algunos indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), “como en reducción de la pobreza, agua limpia y saneamiento; en energía asequible y no contaminante”.
Por ello, destacó la importancia de fortalecer a la entidad para impulsar la Ruta para la Superación de la Pobreza, una de las grandes apuestas de esta Administración.
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“La entidad como cabeza de sector tiene un rol y un liderazgo en la política social del gobierno del presidente Duque. A través del Decreto 812 de 2020, asumió la responsabilidad de administrar los programas de transferencias monetarias. Recordemos que Prosperidad Social ha consolidado programas como Familias y Jóvenes en Acción, que han mejorado la vida de muchos colombianos, buscando no solo impactar económicamente a las familias si no también mejorar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, el fortalecimiento de las habilidades para la vida de las familias y el estímulo a la formación de capital humano en los jóvenes”, concluyó.