Ante las recientes decisiones tomadas por el Gobierno Nacional el Centro Democrático alerta al país sobre los graves riesgos que está corriendo el sistema de salud con una estatización a la fuerza y sus consecuencias para millones de pacientes que hoy se están viendo afectados en la prestación de sus servicios.
Por ello exponen a la opinión pública las siguientes consideraciones:
1) La intervención debe ser la última instancia cuando se ha decidido liquidar y no para administrar una EPS. Nos preocupa que las intervenciones realizadas a las EPS sean inoportunas y desproporcionadas. Se evidencia en los actos de intervención que la Superintendencia Nacional de Salud no respetó el debido proceso antes de intervenir, pudiendo agotar medidas previas como planes de mejoramiento, vigilancia especial, entre otras. La intervención debe ser el último camino que debe tomar el Estado para intentar rescatar a una entidad cuyos indicadores demuestran que tiene viabilidad en la prestación de sus servicios. La historia reciente ha evidenciado que todas las intervenciones por parte del Gobierno a las EPS han terminado en su liquidación y desaparición. Por esta razón no compartimos la tesis de este Gobierno de pensar que las intervenciones se limiten a la administración y el rescate de las EPS, cuando por el contrario, la toma hostil que viene adelantando llevará necesariamente a la liquidación de dichas entidades y el impacto negativo en la prestación del servicio para sus usuarios. Las intervenciones realizadas en el gobierno anterior fueron para liquidar entidades que tuvieron toda la posibilidad de recuperarse y no lo hicieron y así salvaguardar la salud de los usuarios. El gobierno anterior no intervenía para administrar, sino para liquidar.
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2) Deterioro de los indicadores en las EPS intervenidas. Nos preocupa que las intervenciones que hasta el momento ha hecho el Gobierno a las EPS no hayan logrado corregir los indicadores que causaron la medida, por el contrario, informes de las firmas contraloras de las entidades intervenidas evidencian que los indicadores de estas EPS se han deteriorado y la prestación a los usuarios se ha desmejorado significativamente. Incluso, según el mismo reporte del aplicativo FENIX de la Superintendencia Nacional de Salud, estas EPS registran deterioro en sus indicadores. Una vez más queda demostrado que las medidas de intervención tomadas por este Gobierno han sido ineficientes e ineficaces en la administración de las EPS que han sido objeto de esta decisión y en nada han contribuido a mejorar la atención a los pacientes, en especial, a los crónicos.
3) Insuficiencia y tardanza de pagos que dificultan a las EPS pagar a tiempo a proveedores y hospitales. En consecuencia, afectación de usuarios. Es evidente que la asfixia financiera a las EPS la ha generado el propio Gobierno Nacional al no reajustar el valor que se paga por afiliado (UPC) y no pagar oportunamente los presupuestos máximos y sus respectivos ajustes. Incluso la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han pronunciado y ordenado al Gobierno Nacional corregir los retrasos en los pagos a las EPS. El problema es de suficiencia de recursos en el sistema de salud es de caja (liquidez), no de modelo. Las actuaciones del gobierno, más políticas que administrativas, generan pánico y nerviosismo entre los diferentes actores y proveedores del sistema, especialmente, por la incertidumbre frente a sus pagos que dependerán de un agente interventor que poco o nada podrá hacer para mejorar la operación. Los hospitales y las clínicas(IPS) deberán continuar prestando el servicio en un sistema con graves riesgos de inseguridad jurídica y financiera propiciados por el mismo Gobierno. Nos preocupa la angustia que las medidas del Gobierno están generando entre los pacientes, especialmente los que padecen enfermedades crónicas, quienes han sido los más afectados con evidentes problemas, como la escasez, demoras en la entrega de medicamentos y acceso a una atención de manera oportuna. Las intervenciones aumentan el riesgo de corrupción y derroche por parte de quienes no tienen interés alguno en la prestación del servicio al paciente ni en el rescate de las EPS.
4) Las EPS que le han respondido bien al país gastan hasta el 104% de los recursos para atender a sus usuarios (UPC). Esto significa que no pueden hacer uso del porcentaje que la ley les permite para administración, imprevistos y utilidad, y por el contrario están siendo obligadas a responder con su patrimonio, en un claro y evidente desequilibrio económico. Esta situación generada principalmente por el Gobierno hará que las buenas EPS desaparezcan en el tiempo.
5) No es cierto que las EPS que cumplan con la normatividad hayan sacado recursos a través de otras empresas con las cuales formen grupo. Al contrario, sus resultados operativos y patrimoniales están negativos. Es ilógico que unas EPS que recibe por parte del sistema menos recursos de los que se necesita para atender a los pacientes saque dinero a través de otras empresas. La integración vertical es legal y genera beneficios al sistema de salud. Sería bueno que el ente de control le informe al país cuál de las EPS ha violado los parámetros de integración vertical establecidos por la ley. De acuerdo con cálculos de las propias EPS a raíz de un estudio de la Universidad EAFIT, en 2022 el valor que se pagaba por cada afiliado al sistema (UPC) ya era insuficiente en cerca de un 8%, problema que no fue corregido en 2023. El ajuste para el 2024 sigue siendo insuficiente y profundiza los problemas de financiamiento del sector. Esta actitud omisiva e incluso negligente del gobierno pareciera que de manera intencional quiere dejar desprotegido a los pacientes al no reconocer el costo real de su afiliación.
6) Con estas intervenciones el Estado pone en riesgo el aseguramiento de más de 25 millones de colombianos, cuya salud empieza a depender de decisiones y presupuestos políticos. Como lo hemos advertido desde el Centro Democrático, hoy 25 millones de colombianos, es decir la mitad de la población del país, con las decisiones del Gobierno Nacional, se convertirán en mendigos de la politiquería para garantizar su derecho a la salud. Con estas intervenciones se están reemplazando médicos y enfermeras por activistas políticos. Llamamos la atención de los profesionales de la salud, ya que el riesgo de la prestación de los servicios, recaerá exclusivamente sobre ellos.
7) El daño puede ser irreparable e irreversible. El sistema de salud colombiano ha sido construido por más de 30 años con aportes de los trabajadores, empleadores e impuestos de los ciudad
anos en donde al ser un sistema mixto en el que participa el sector privado y público, la confianza y la seguridad jurídica para quienes invierten en él ha sido fundamental en la construcción de lo que hoy se tiene. No en vano la infraestructura hospitalaria, construida mayoritariamente por el sector privado, con recursos del sistema está catalogada como una de las mejores de Latinoamérica. La destrucción y pérdida de confianza en el sistema por decisiones políticas e ideológicas como las que se están presentando serán irreversibles. Con la desaparición y liquidación de las EPS, los afiliados al sistema quedarán en manos de la politiquería y la corrupción del Estado, el gasto de bolsillo se incrementará para los afiliados, la infraestructura hospitalaria se envejecerá, la tecnología se volverá obsoleta y se paralizarán los procesos de inversión en innovación y actualización, todo esto poniendo en grave riesgo la salud y la vida de los colombianos. De insistir el Gobierno Nacional en su propósito de destruir el sistema de salud actual y estatizarlo, tendremos un fallido modelo como los implementados en Cuba (1959) y Venezuela (1999).
8) Estas tomas hostiles espantan la inversión tanto nacional como extranjera. Le pone un freno de mano a la inversión en nuestro sistema de salud e indudablemente generará una fuga de capitales y de especialistas al exterior. Las determinaciones del gobierno paralizarán el sector salud por la próxima década e implicarán un retroceso no menor a 30 años, donde para ese entonces la salud de los colombianos dependía del antiguo Seguro Social (únicamente para trabajadores afiliados) y la caridad pública.
9) Si esto es lo que quería hacer el Gobierno para qué tramitaron el proyecto en el Congreso. Es evidente que el gobierno nacional entretuvo y distrajo al Congreso de la República y al pueblo colombiano en la discusión de una reforma que quería aplicar a las buenas o a las malas, sin importar cual fuere la suerte que tuviera el proyecto en el órgano legislativo. Al imponer a la fuerza una reforma que busca la estatización del sistema de salud de los colombianos, el gobierno se burló del Congreso y de los ciudadanos, en una clara actitud antidemocrática, autoritaria y que desafía las instituciones del Estado de Derecho.
10) El Centro Democrático invita a los colombianos a defender, rodear y mejorar el sistema de salud sin destruirlo, a protegerlo de la estatización, la politiquería y la corrupción.