Mientras el Congreso decide si va o no a sesionar de manera virtual, como lo proponen algunos representantes y senadores, el planteamiento de no cobrar por la reconexión de servicios públicos vuelve a ser protagonista en la medida en que fue el presidente Iván Duque quien, al amparo del Estado de Emergencia, determinó esa medida para los deudores morosos del acueducto.

La propuesta del presidente del Senado, Lidio García del Partido Liberal, sobre reconexión ya tiene una primera talanquera: la Corte Constitucional.

El proyecto ya había sido aprobado por el Congreso y en su momento, ordenaba que se eliminara el cobro por reconexión y reinstalación de servicios públicos en viviendas de los estratos 1, 2 y 3, cuando la causa de la suspensión fuera una demora en el pago.

El Tribunal, en su momento, no se pronunció de fondo, pues declaró que hubo errores de trámite en las objeciones presentadas por el gobierno anterior.

Ante esto, los congresistas insisten en la iniciativa. El gobierno de entonces había objetado el articulado, argumentando que afectaba el principio de solidaridad, además de afectar a las empresas pues las hacía incurrir en costos extras que no iban a ser reembolsados.

Esta vez, el proyecto de ley asegura que tiene como finalidad esencial aliviar la situación de miles de compatriotas, “principalmente los de estratos más bajos de la población, que a diario ven frustrada la posibilidad de disfrutar de los servicios públicos esenciales para llevar una vida digna, debido a que no tienen con qué pagar los altos costos que las empresas cobran por concepto de reconexión o reinstalación, después de la suspensión o corte del servicio por falta de pago de las facturas”.

Según la justificación de la iniciativa, “la mora en el pago de uno o varios meses, ya por sí misma, denota las precarias condiciones de vida de los usuarios que a ella se ven abocados. El que deja de pagar una factura de servicios públicos es porque materialmente le ha sido imposible reunir el dinero necesario para cubrir esa obligación. A veces, afirman muchos usuarios, les toca dejar de comer para pagar los servicios. De manera que nadie en condiciones normales se queda sin servicios públicos por simple capricho”.

El senador García indicó que “se propone eliminar la barrera que supone el pago por reconexión o reinstalación en los usos residenciales, que es en donde están los colombianos más pobres, en aplicación de los principios constitucionales de cobertura universal, solidaridad y redistribución de ingresos”.

La iniciativa solo consta de tres artículos, incluido el de vigencia. El cambio está en el parágrafo que modifica el artículo 96 de la Ley de Servicios Públicos (Ley 142 de 1994): “No habrá lugar al cobro del cargo por reconexión o reinstalación cuando la causa de la suspensión o el corte del servicio en inmuebles residenciales de estratos 1, 2 y 3 haya sido exclusivamente la mora en el pago de las facturas y el usuario se ponga a paz y salvo con la empresa por ese concepto”.

Además, el siguiente artículo de la norma obliga a la empresa prestadora de servicio a reconectarlo en las siguientes 24 horas: “Si el restablecimiento no se hace dentro de las 24 horas siguientes, después que el suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones que prevé el inciso anterior, habrá falla del servicio”.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, gremio que agrupa a las empresas prestadoras de servicios públicos, le dijo a EL NUEVO SIGLO que la propuesta “suena buenísima, pero el problema es cuánto cuesta y al final, si va a deteriorar el servicio. Como excongresista soy de los que cree que uno tiene que defender sus proyectos. Él tiene todo el derecho de hacerlo. Ese es un proyecto que se ha hundido varias veces, así como una vez por inconveniencia. En Andesco estamos haciendo algo muy importante. Vamos a ayudar a las UTL de los congresistas para que estudiemos los proyectos y así, miremos los pro y los contra de los mismos, para que no votemos simplemente por impulso o corazonadas, que revisemos el impacto económico y el costo-beneficio”.