La idea es hacer consulta previa en San Andrés y luego presentar proyecto al Congreso el 20 de julio de 2020
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Después de que a mediados de 2018 el entonces gobierno de Juan Manuel Santos acordara, tras una larga discusión con la población originaria de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los puntos principales de un estatuto raizal, la Administración Duque retomó en forma el tema.
Ya se acordó con representantes de esta comunidad una hoja de ruta para la realización de una consulta previa y partir de allí se elaborará un proyecto de ley estatutaria, con la meta de radicarlo el próximo 20 de julio al inicio de la tercera legislatura.
Los pasados jueves y viernes se reunieron en la capital de la República el Ministerio del Interior y la comunidad raizal para avanzar en la formulación del proyecto de ley estatutaria raizal, con la participación de delegados de la Subcomisión de la Autoridad Raizal y una comisión accidental del Congreso conformada para este asunto.
Walt Hayes, secretario del Raizal Council e integrante de la Subcomisión de la Autoridad Raizal, indicó a EL NUEVO SIGLO que terminaron las reuniones en Bogotá y “nos aprestamos para continuar en San Andrés los días 21, 22 y 23 de noviembre”.
Explicó que esta primera reunión es de carácter preparatorio “sobre el tema de la agenda, toda vez que hay nuevo gobierno, unos nuevos actores. Entonces se hizo necesario hacer esta reunión preparatoria para poner en contexto con los nuevos funcionarios sobre el tema del estatuto y sus avances”.
Añadió Hayes que “el avance es concertar una ruta para el diálogo que viene con la discusión desde el proyecto pasado. Se había iniciado un primer proyecto el cual se retiró, y entonces ahora es retomar el proceso de consulta previa. Entonces se ha planificado una ruta en estos días en noviembre y la idea es terminar más o menos en mayo o junio para entregarlo en la próxima legislatura, el proyecto ya de estatutaria”.
En marzo pasado la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, estuvo en San Andrés para instalar la primera sesión de 2019 de la Mesa de Interlocución Raizal. Fue acompañada por la Comisión Accidental del Estatuto, integrada por el Congreso de la República por los senadores Fernando Araújo (Centro Democrático) y Efraín Cepeda (Partido Conservador) así como por los dos representantes a la Cámara de las islas, Jorge Méndez Hernández (Cambio Radical) y Elizabeth Jay-Pang Díaz (Partido Liberal).
En dicho encuentro se acordó una reunión entre la Comisión Accidental del Estatuto y la Mesa de Interlocución Raizal para revisar el proyecto de ley y presentar propuestas adicionales.
Gutiérrez explicó en esa oportunidad que “tenemos una agenda de trabajo planteada desde 2018 cuando estuvimos revisando lo que tiene que ver con tomar una decisión frente a la continuidad del proyecto de ley conocido como Estatuto Raizal, el cual fue radicado en agosto de 2018, pero no ha iniciado su trámite”.
La Ministra indicó que en esta iniciativa “hay una serie de propuestas que quedaron por fuera de la consulta, las cuales formaban parte de un bloque general del estatuto”. Por lo tanto, las partes deben tomar una decisión sobre dar trámite al proyecto actual o presentar uno nuevo con modificaciones.
Con ese propósito posteriormente se dio la reunión entre la Comisión Accidental del Estatuto y la Mesa de Interlocución Raizal, en la cual se decidió que el Gobierno retirara dicho proyecto de ley (No. 79/18 S) por medio del cual se reconocen derechos del pueblo étnico raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dentro del marco del estatuto raizal.
Dicho proyecto de ley fue radicado por la administración Santos recogiendo algunos puntos de la discusión que hasta ese momento se había dado con el pueblo raizal del Archipiélago con miras a un estatuto para esta población, pues el Plan de Desarrollo 2014-2018 mandaba que el Gobierno presentara un documento.
Tema ambiental
En medio de la conversaciones para tener el estatuto raizal los voceros de esta comunidad acordaron con el Gobierno analizar si se pueden adoptar unas medidas cautelares relacionadas con medioambiente, enajenación de tierras o uso de suelo con el objeto de mitigar los problemas ambientales que hoy sufre San Andrés.
La idea que se plantearon el Ejecutivo y la Subcomisión de la Autoridad Raizal es que en la reunión a finales de este mes en el archipiélago tengan concreto cuáles serían esa medidas cautelares.
La Contraloría General alertó por el riesgo ambiental en San Andrés debido a la filtración de aguas residuales, la contaminación del mar y porque su relleno sanitario está a límite.