Aunque todavía falta tiempo para que las comisiones segundas de Senado y Cámara empiecen a votar la ratificación del Acuerdo de Escazú, la sesión virtual conjunta realizada ayer permitió vislumbrar la posibilidad que el Congreso le de el primer sí al proyecto.
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Las comisiones aprobaron la propuesta del presidente de la célula del Senado, Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, para hacer dos foros regionales antes de someter a votación las ponencias.
Como ya lo ha reseñado EL NUEVO SIGLO, desde el 16 de octubre la iniciativa tiene ponencia positiva de los congresistas Carlos Ardila (Partido Liberal), Lidio García (Partido Liberal), Neyla Ruiz (Alianza Verde), Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS).
Desde hace semanas se venía hablando de una ponencia negativa, pero esta solo se radicó el martes con las formas del legislador Gómez y su copartidario Jaime Felipe Lozada, así como por Juan David Vélez (Centro Democrático), Gustavo Londoño (Centro Democrático), José Luis Pérez (Cambio Radical) y Anatolio Hernández (Partido Social de Unidad Nacional, La U).
Con estos elementos y lo expresado por senadores y representantes durante la sesión de ayer, se puede intentar prever cómo estaría en este momento el estado de las fuerzas políticas si se votara hoy el proyecto; la conclusión es que tiene posibilidades de pasar a ser discutido en las plenarias.
Cuando se suponía un bloque cerrado en contra del Acuerdo en el Centro Democrático, el senador uribista Ernesto Macías, que también hace parte del grupo de ponentes, aclaró que no ha firmado ponencia positiva ni negativa, argumentando que “la consulta previa a las comunidades étnicas debe ser un requisito que se debe cumplir”.
Sin embargo, el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Alberto Baena, presente en la sesión virtual, afirmó que el proyecto no requiere consulta previa con las comunidades étnicas; y el senador Valencia sostuvo que las organizaciones que hacen parte de las mesas de concertación, que reúnen a 115 pueblos indígenas de Colombia, en ningún momento han solicitado que se haga una consulta.
Otra colectividad que hace parte de la coalición de gobierno, La U, también evidenció que no tiene una posición unificada. El senador Berner Zambrano manifestó ayer que “estoy de acuerdo con ratificar el Acuerdo de Escazú. Se deben reglamentar las consultas previas. El desarrollo de grandes obras de infraestructura están paradas por falta de reglamentación de las consultas previas”.
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Así, a los diez votos seguros a favor (uno del Polo Democrático, dos del MAIS, dos de la Alianza Verde y cinco liberales), podrían también sumarse otros nueve (tres del Partido Conservador, cinco de La U y uno del MIRA), porque atenderían el llamado del Gobierno hecho a través del ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, la canciller Claudia Blum y el viceministro Baena. Si eso se da, el Acuerdo recibiría 19 votos (de 30 posibles) por la ratificación.
Incluso podría ser que también acudieran al llamado del Ejecutivo algunos legisladores uribistas (en las comisiones segundas son siete) y eventualmente la bancada de Cambio Radical (son cuatro), porque al explicar la posición de su partido, el senador Pérez argumentó que “el Gobierno primero debe reglamentar las consultas previas”, apuntando que “este tratado puede estar introduciendo reformas en las consultas previas que no se han reglamentado. Esto puede ocasionar una gran incertidumbre en los procesos de licenciamiento de proyectos estratégicos en el país”.
Con esa exposición, existe un margen para que desde la Casa de Nariño se abra un diálogo para que Cambio Radical llegue a acompañar la ratificación del tratado.
Compromisos
Durante su intervención, el ministro Correa hizo énfasis en que el Gobierno está “cumpliendo los compromisos suscritos en la mesa de Conversación Nacional en materia ambiental y en concreto con la ratificación de este Acuerdo de Escazú”, agregando que “desarrollamos en su momento cuatro espacios de diálogo y en ellos el Gobierno reiteró a los asistentes, más de 180 en cada sesión, la voluntad de sacar adelante este Acuerdo”.
Correa recordó que "este proyecto cuenta con el respaldo y compromiso de seis carteras ministeriales”.
Efectivamente, como lo ha reiterado este Diario, la iniciativa, radicada con mensaje de urgencia en 20 de julio por los ministros de Relaciones Exteriores (Claudia Blum), Interior (Alicia Arango), TIC (Karen Abudinen) y Cultura (Carmen Inés Vásquez), así como los entonces jefes de la carteras de Justicia (Margarita Cabello) y Ambiente (Ricardo Lozano), es la número 265 de 2020 Cámara – 57 de 2020 Senado, “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe’, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”.
El 22 de septiembre, en su intervención ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque dijo que “estamos a la espera de la aprobación por parte del Congreso de la República del denominado Acuerdo de Escazú, el cual firmamos a finales del año pasado”.
El mandatario ha calificado la firma del Acuerdo de Escazú como un producto de la Gran Conversación Nacional que el Gobierno nacional inició con todos los sectores del país, entre ellos el ambiental.
En la sesión de ayer también intervino el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Diego Trujillo, aseverando que el proyecto “es una iniciativa transparente que Colombia necesita. Es necesario que exista un registro en materia ambiental. No hay renuncia a la soberanía al aprobar este tratado”.
Coherente
Como se lo expuso a Medio el exministro Luis Gilberto Murillo el 25 de octubre pasado, “algunos opositores al tratado han diseminado una serie de mitos sobre este compromiso vinculante. El desplazamiento de la legislación nacional es uno de ellos. Como ya lo he dicho, el Acuerdo de Escazú es coherente con la Constitución nacional, la ley 99 de 1993 o Ley Fundacional Ambiental y los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional. Más aún, el sistema normativo colombiano sirvió como una de las de referencia para la definición de los principios del tratado. En lugar de desplazar a la legislación colombiana, el tratado le da un marco apropiado para modernizarla y fortalecerla desde un enfoque de derechos”.
Días antes, el 22 de octubre, el procurador Fernando Carrillo pidió una deliberación transparente para el trámite del proyecto, anotando sobre los peros expuestos por dirigentes gremiales que “si bien entendemos que hay unos intereses económicos legítimos detrás de la oposición al Acuerdo de Escazú, que se dé el debate abiertamente y que contrastemos las opiniones en un escenario transparente de deliberación, porque también, fuera de los intereses legítimos, están todos aquellos que se benefician de la explotación indiscriminada del medio ambiente”.
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El propósito central de la iniciativa es facilitar la veeduría ambiental ciudadana sobre los proyectos de desarrollo, pero ha terminado imbuida en un pulso entre los gremios, el Ejecutivo y los activistas que defienden los recursos naturales. ¿La razón? Los sectores productivos advierten sobre los alcances de algunas de las normas de dicho Acuerdo, considerando que podría dificultar proyectos e inversiones, prevención que no comparten la Casa de Nariño ni los defensores ambientales.
No hay problemas de tiempo porque tiene mensaje de urgencia, pero la aprobación de Colombia sería vital para el tratado ya que entrará en vigor 90 días después que lo ratifiquen 11 países y van 10 (Guyana, Bolivia, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador y Argentina).
Aunque se esperaba que Colombia pudiera ser el país número 11, México tomó la delantera luego que ayer en su Senado, las comisiones unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, aprobaran la ratificación del tratado, pasando a ser debatido en la plenaria de la corporación.