La madrugada del 1 de abril del 2017 quedará marcada en la historia de más de 55 mil habitantes del municipio de Mocoa (Putumayo). Una jornada con fuertes lluvias en el territorio provocó el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, así como de las quebradas La Taruca y La Taruquita, lo que derivó en una inundación y una gran avalancha de lodo que se llevó todo a su paso.

Esa tragedia dejó un saldo de 330 muertos, 400 heridos, 71 desaparecidos y más de 1.300 damnificados, lo que llevó a que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos adoptara medidas para que se consolidara un plan de reconstrucción para la ciudad putumayense, que se continuó y se perfeccionó bajo el mandato de Iván Duque.

No obstante, un lustro después de la tragedia, varias entidades de control insisten en que la reconstrucción de Mocoa continúa con retrasos, más aún cuando se enfrentaron a dos problemáticas adicionales como la pandemia del coronavirus y el estallido social que afectó el transporte de materiales para las obras.

Seguimiento de entidades

Por un lado, la Procuraduría General envió una carta al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en la que habla de varios puntos que le preocupan y de una acción preventiva para vigilar el plan de recuperación de Mocoa.

El organismo de control indicó que para este año ampliará su vigilancia y control de gestión a la ejecución de las obras de viviendas, tanto en zonas urbanas como rurales, además de la reconstrucción de otros sitios como la Plaza de Mercado y el Centro Penitenciario.

Asimismo, la entidad enumeró las alertas frente a los retrasos en la construcción, entre ellas la de viviendas, en la que “existe un alto grado de preocupación por el constante incumplimiento en los cronogramas”; la construcción de colegios, donde se “observa un avance físico ajustado al cronograma del 71%, pero se le conmina a que se cumpla la meta de entrega final para julio del presente año”.

Igualmente, se resalta la construcción de obras de mitigación y la reconstrucción del acueducto, e hizo un llamado a las entidades locales y privadas para “culminar los productos que se encuentran pendientes, en especial la instalación de micromedidores en conexiones domiciliarias existentes de ½ a 4”.

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Por su parte, la Contraloría General alertó, en su balance del programa de reconstrucción, que estas obras siguen “en veremos”, y el retraso conllevaría a que “derive en la inminente pérdida de millonarios recursos públicos”.

Frente a la protección de los ríos, el órgano de control señaló que el consorcio para colocar bordes de protección no ha sido contratado aún, ya que apenas están en proceso de revisión de diseños por parte del Departamento Nacional de Planeación y de apropiación efectiva de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Ungrd.

En cuanto a la entrega de viviendas, la entidad resaltó que solo se han adjudicado 300 viviendas unifamiliares, pero que quedan pendientes otras 909 del proyecto conocido como Sauces.

Balance de Gobierno

Justamente, la gerente de la reconstrucción, Sol Valencia, presentó un informe en declaraciones a los medios de comunicación sobre el porcentaje que lleva el avance de los proyectos a realizar en la región. “A la fecha, llevamos un porcentaje del 55,2% de avance físico del total de todos estos proyectos, y un avance financiero de un 48,1%”, indicó.

Sin embargo, la contraparte proviene de los mismos damnificados de la emergencia, quienes consideraron que no ha habido ningún avance en la reconstrucción de los barrios. “Este consorcio ha venido mintiéndole al gobierno y a nosotros los damnificados, cosa que hasta el momento, de las 909 ni siquiera tenemos una casa modelo”, expresó Rubén García, vocero de las familias que lo perdieron todo en la avalancha de 2017.

Vale señalar que el pasado 23 de marzo se realizó una mesa de trabajo con las autoridades locales, nacionales y comunidad en general para evaluar la situación, de donde se desprendieron varios compromisos para su pronta reconstrucción.