La suerte de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) continúa generando duros enfrentamientos en el Congreso de la República.

Ayer, los sectores que se oponen a estos reparos a la norma anunciaron un ‘paro legislativo’ hasta tanto el presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, incluya el tema en el orden del día para proceder a discutir y votar el informe de la comisión accidental que se integró para tal fin.

La advertencia fue expuesta por las bancadas de los partidos Cambio Radical, La U y Liberal que deshicieron el cuórum de la plenaria y anunciaron que no votarán ningún proyecto hasta tanto no se define el tema de las objeciones.

En tono enérgico, el senador de La U, Roy Barreras, sostuvo que Macías está recurriendo a maniobras dilatorias: “Queda claro que nada se aprobará en este Congreso hasta que el Presidente del Senado cumpla con su deber legal de incluir las objeciones en el orden del día”.

Mientras, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, respaldó esta posición: “El Presidente del Senado no puede abordar otras materias hasta tanto se avoquen las objeciones a la JEP, que por ser una norma aprobada por el sistema ‘fast track’ debe tener prioridad”.

El senador Macías, mientras tanto, le restó importancia al ‘paro legislativo’ pues dijo que se trata de “un pretexto para no trabajar que deja un mal mensaje para el país”.

Por ahora se sabe que hoy se realizará una audiencia pública en el Senado sobre el tema de las objeciones, pero se descarta que sean incluidas en el orden del día de la plenaria, pues el Congreso volverá a sesionar hasta el próximo 22 de abril, es decir después de Semana Santa.

Gobierno insiste

Por su parte, el Gobierno nacional anunció que seguirá buscando consensos en torno de las objeciones presidenciales a la JEP, a pesar de que ya la Cámara de Representantes las negó.

En ese sentido, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que el propósito del Ejecutivo es aunar esfuerzos para tratar de convencer a las bancadas parlamentarias que esta es una gran oportunidad en favor de la paz.

“No se ha perdido esa iniciativa y seguimos haciendo la convocatoria para que se revisen las posiciones y podamos hacer un gran acuerdo nacional, de manera que la sanción a la ley Estatutaria sea lo más pronto posible”, dijo la funcionaria.

No obstante, tras la derrota del Gobierno en la Cámara, aún no se descarta que el Presidente del Senado demande esa decisión, pues sigue insistiendo en que está viciada, ya que debía votarse primero en la Cámara alta, pues esa fue la corporación de origen del proyecto de norma estatutaria.

Investigarán a magistrados

De otro lado, el recién posesionado presidente de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, Ricardo Ferro, anunció que esa célula legislativa les abrió una investigación preliminar a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y al magistrado Alejandro Ramelli.

Ferro explicó que los dos juristas habrían incurrido en los delitos de tráfico de influencia e interés indebido en la celebración de contratos.

La decisión de abrir el proceso preliminar, agregó, obedece a una denuncia de un ciudadano que llegó a la Comisión, por lo que ya se aprobó la apertura de pruebas y la citación a versión libre de los dos magistrados.

“Decidimos abrir investigación previa a dos magistrados de la JEP, con base en una denuncia que llegó a la Comisión de Acusación en la cual se relacionan unos hechos graves, aparentemente en contra de la administración pública por los presuntos delitos de tráfico de influencias en el servidor público e interés indebido en la celebración de contratos”, afirmó Ferro.

La denuncia contra los dos magistrados fue radicada el pasado 27 de marzo y advierte de un posible tráfico de influencias.

“En relación con los nombramientos de familiares de Patricia Linares, no cabe duda de la injerencia de la funcionaria en los mismos pues no es posible entender como coincidencia que quien fuera la jefe de su hermano hoy sea la secretaria Ejecutiva de la JEP, y que, además, quien nombró a su hermano haya recibido un jugoso contrato en la institución que, actualmente preside”, dice la denuncia de Lina Navarro.