Reforma Política de 2009 le reconoció este estatus, pero esto no se ha reglamentado

___________________

Desde 2009 la reforma política le reconoció al Consejo Nacional Electoral (CNE) autonomía administrativa y presupuestal, no obstante, trascurrido todo ese tiempo esto no se ha materializado porque no se ha expedido una ley que lo reglamente, existiendo el precedente que varias iniciativas en ese sentido han sido archivadas por el Congreso.

Asimismo, los nuevos magistrados de esta corporación trabajan en una norma con este propósito.

El presidente del CNE, magistrado Heriberto Sanabria, dijo a EL NUEVO SIGLO que “hemos considerado con la Función Pública promover un proyecto de ley que dé facultades al Presidente de la República para que sea el Presidente que a través de facultades ordinarias establezca y adopte la nueva estructura administrativa, presupuestal y funcional” del CNE.

Sanabria dijo que están trabajando en esta iniciativa con la Función Pública y esperan radicarla “ya en el mes de marzo porque este período de la legislatura prácticamente está agonizando”.

El Acto Legislativo 01 de 2009 introdujo en el Artículo 265 de la Constitución que el CNE “regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa”.

Sin embargo, por falta de una ley que reglamente esta disposición al día de hoy, el CNE sigue dependiendo en la parte administrativa y financiera de la Registraduría.

Esta situación afecta las labores de veeduría y control que debe ejercer esta entidad como máxima autoridad electoral en el país, pues no cuenta con un personal suficiente propio y los recursos necesarios para auditar las elecciones en todo el territorio nacional así como a los partidos y movimientos políticos.

Intentos fallidos

En marzo de 2012 el entonces presidente del CNE, José Joaquín Plata, radicó un proyecto (190/12 Cámara) para hacer efectiva la autonomía administrativa y presupuestal del organismo.

La iniciativa fue aprobada en primer debate por la Comisión Primera de Cámara, pero se quedó a la espera del segundo debate en la plenaria. Como consecuencia la iniciativa se hundió por términos.

En julio de 2012, Plata insistió, pero retiró el proyecto en noviembre cuando aún no había recibido el primer debate en la Comisión Primera de Cámara.

Posteriormente el también presidente del CNE, Carlos Ardila Ballesteros, radicó un nuevo proyecto que ni siquiera recibió ponencia para primer debate. En los subsiguientes años más proyectos con este propósito corrieron la misma suerte.

Por lo general estos proyectos constan de siete artículos en los que se define la naturaleza del organismo, se faculta a su Presidente para ordenar los gastos, se autoriza a la entidad para crear, fusionar, suprimir cargos y señalar las asignaciones correspondientes que demande la prestación del servicio. Asimismo, se fija el patrimonio del CNE y se establece su sede en Bogotá.

Por otra parte, dota al Presidente de la República de precisas facultades para que expida normas con fuerza de ley que determinen la estructura orgánica y administrativa del CNE, establezca el régimen administrativo del personal, la clasificación de empleos y la carrera administrativa.

Igualmente dentro del contenido de estos proyectos hay artículos transitorios, en los que se autoriza a la Registraduría para realizar la transferencia de los activos, bienes muebles e inmuebles de su propiedad y del Fondo Rotatorio de la Registraduría que se encuentran en uso y se requieran para el servicio del CNE.

Otro de los artículos autoriza, al Gobierno nacional para realizar los traslados, adiciones o ajustes presupuestales necesarios para garantizar el funcionamiento autónomo del Consejo Nacional Electoral. De igual forma se establece que la Registraduría seguirá asumiendo los gastos de funcionamiento del CNE, hasta que se expidan los actos administrativos necesarios para garantizar la autonomía administrativa y presupuestal del organismo.