Propuestas del Comité de Paro, en blanco y negro | El Nuevo Siglo
Foto Diana Rubiano / El Nuevo Siglo
Domingo, 9 de Mayo de 2021
Redacción Política

En la agenda del diálogo que abrió el Gobierno con los diferentes sectores políticos y sociales está previsto que hoy al mediodía se reúna el Comité Nacional de Paro en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque.

El Comité, que en esencia es el mismo constituido en 2019 para adelantar en paro de noviembre de ese año, ha insistido como en aquella ocasión en la necesidad de negociar el que ahora han denominado pliego de emergencia, en tanto que el interés del Ejecutivo ha sido dialogar para encontrar consensos que, en este momento, se centran en la forma de financiar el gasto social, para lo cual propuso una reforma tributaria que, como se sabe, debió ser retirada ante el rechazo colectivo.

Estas son las principales exigencias del pliego, los argumentos del Comité y lo que ha dicho el Gobierno al respecto.

Propuestas del Comité

1. Renta básica

Uno de los puntos del pliego consiste en establecer una renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente ($908.526) por seis meses para 30 millones de personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis.

Si se considera que esas 30 millones de personas representan más de 9 millones de hogares, se destinarían a este rubro $8,1 billones al mes, o sea $49 billones durante el semestre planteado.

Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ha dicho que el monto se determinó con base en que, según el DANE, el promedio de las familias colombianas es de 3,2 personas y que para sobrevivir una persona necesita al menos $330.000 mensuales. “Eso multiplicado por tres da un salario mínimo”, explicó.


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2. Matrícula cero

El pliego pide apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada.

La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), integrante del Comité, calculó que la deserción universitaria oscila entre 30% y 50% en las instituciones públicas, mientras que la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) estimó que en las privadas fue de 17% en estudiantes antiguos y 20% en los nuevos.

3. Alternancia

El Comité recoge una exigencia de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) consistente en no retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén las garantías para ello.

Los educadores exigen tapabocas de calidad para los maestros, así como que las sedes cuenten con agua y con salones donde se pueda cumplir con los requisitos de distanciamiento físico y ventilación.

4. Decreto 1174

Derogar el decreto 1174 de 2020 es otro punto del pliego. La norma reglamentó el artículo 193 del Plan de Desarrollo que estableció que las personas con ingresos inferiores a un salario mínimo “deberán vincularse” al piso de protección social (PPS), cuyos componentes son régimen subsidiado en salud, servicio social complementario de BEPS –como mecanismo de protección a la vejez– y seguro inclusivo para riesgos de su actividad; además, que la financiación estará a cargo del empleador o contratante, y equivale al 15% del ingreso mensual del trabajador.

El decreto ordenó la afiliación obligatoria desde febrero de los trabajadores cobijados, lo que para el Comité es una reforma por fuera del cauce democrático de los componentes constitucionales y legales de la seguridad social: en salud, se reemplaza el régimen contributivo, los BEPS reemplazan los regímenes pensionales y el seguro inclusivo sustituye la afiliación al Sistema de Riesgos Laborales.

5. Financiación

Las centrales obreras y las organizaciones sociales están proponiendo en el pliego que para atender sus peticiones el Estado puede contar con al menos estás fuentes de recursos: recibir un préstamo del Banco de la República, declarar una moratoria temporal de la deuda pública externa con una renegociación de la misma y suspender las exenciones tributarias a las grandes empresas y al capital financiero.

Maltés ha calculado que la monetización de parte de las reservas internacionales puede representar 60.000 millones de dólares, en tanto que sobre las exenciones podría tomarse la oferta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) sobre, dijo, “que van a devolver los $12 billones que les regalaron en la pasada reforma tributaria”.

Planteamientos del Gobierno

1. Renta básica

En la fallida reforma tributaria se planteaba que el programa de Ingreso Solidario se convertiría en permanente entregándoles a los hogares en pobreza una ayuda de entre $80.000 y $360.000, según el número de personas del hogar y su ubicación en zona rural o urbana, y que sería complementaria con los beneficios de otros como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Protección al Adulto Mayor y de los subsidios de energía y gas.

Se calcula que esta renta básica tendría un costo de $4,6 billones anuales.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le dijo este fin de semana a EL NUEVO SIGLO que “hay que tener en cuenta la importancia de tener un programa de renta básica de emergencia como Ingreso Solidario, ya no para tres millones de familias, sino para cinco millones”.

2. Matrícula cero

En enero, el Gobierno anunció desde el Fondo Solidario para la Educación, creado mediante el Decreto Legislativo 662 de 2020, el desembolso de $98.800 millones para subsidiar el pago de la matrícula del primer semestre académico de los estudiantes con mayores condiciones de vulnerabilidad de las 63 instituciones públicas del país, recursos que se sumaron a las ayudas de los gobernadores y alcaldes para estudiantes de estratos 1 y 2.

La reforma tributaria proponía matrícula cero para estudiantes en condición de vulnerabilidad de estratos 1, 2, y 3.

El ministro Restrepo le anotó a este Diario que hay “la posibilidad de dar una educación superior gratuita para 700.000 estudiantes de población vulnerable. Todo esto se puede buscar, pero mediante consensos”.

3. Alternancia

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, ha dicho que su despacho continúa trabajando con la comunidad educativa para lograr la suficiente garantía de que el retorno a las clases presenciales bajo el modelo de alternancia es efectivo.

Y hace unos 20 días señaló que “las entidades han venido trabajando de forma seria y decidida en la alternancia educativa, pero como lo hemos decidido con ellos, tenemos que llegar a mayo con el 100% de las instituciones aplicando dicho modelo de estudio gradual, seguro y progresivo; eso sí, con el cumplimiento siempre de los protocolos de bioseguridad”.

4. Decreto 1174

El Ministerio de Trabajo a explicado que el PPS da la posibilidad de que las personas que no alcanzan a tener un ingreso de un salario mínimo mensual (más de 9 millones de personas, el 40% de los trabajadores), y que hoy no tienen ninguna cobertura, tengan un ahorro para el futuro.

Según la cartera, el decreto no modifica las reglas laborales ni la normatividad vigente sobre prestaciones sociales.

5. Financiación

Precisamente para financiar el gasto social es que el Gobierno quiere tramitar un proyecto de ley al respecto. Una vez retirada la reforma tributaria, expresó el ministro Restrepo en diálogo con este Medio, al lograr “un posible acuerdo sobre el que se puede trabajar, tendremos un camino desde la perspectiva de las fuentes de financiación. Todavía no tenemos un dato exacto, pero debería ser una reforma de algo así como unos $14 billones, una cifra que no debe sorprender”.

Sobre la posibilidad de un préstamo del Banco de la República, el propio Emisor explicó a través de un comunicado que, “aunque es constitucionalmente posible, es una herramienta de última instancia para afrontar las crisis económicas” porque “podría generar efectos aún más negativos en la economía, como incrementos en la inflación del país en una situación de posible recesión”.

El gerente del Banco, Leonardo Villar, le manifestó hace poco a la Comisión Tercera del Senado que hacerle un crédito directo al Gobierno implicaría “supeditar la política monetaria a objetivos fiscales, los cuales deben regirse por una lógica distinta”.