La Procuraduría General de la Nación presentó acción de tutela ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en contra de la Sección de Revisión que resolvió que las decisiones tomadas dentro del trámite de la garantía de no extradición de los ex combatientes de las Farc, no admiten recurso de apelación.

Las razones de la Procuraduría para presentar la tutela contra la decisión que tomó la Sección en el caso de Pedro Luis Zuleta Noscué, exintegrante de las Farc, se fundamentan en que para el órgano de control esta posición impide la posibilidad de una segunda instancia procesal, derecho que a juicio de la entidad se encuentra ligado al acceso a la administración de justicia y a la garantía judicial que tienen todos, para que los casos sean conocidos por una instancia judicial diferente.

“La prerrogativa de que el caso del ciudadano que acude a la administración de justicia sea revisado por otro juez, preferiblemente de mayor jerarquía, tiene la doble naturaleza de garantía - derecho”, indicó el Ministerio Público.

La Sección de Revisión de la JEP se declaró tribunal de cierre de esa jurisdicción, en el proceso de garantía de no extradición, posición que para el Ministerio Público descarta que sus decisiones puedan ser apeladas, es decir, revisadas o corregidas por una autoridad superior.

Zuleta Noscué, indígena de la comunidad Nasa de norte del Cauca, perteneció al Sexto Frente de las Farc, del cual llegó a ser su jefe de finanzas, y se desmovilizó con ocasión de los Acuerdos de Paz. Sobre él pesa una solicitud de extradición de las autoridades judiciales de Estados Unidos.

En el mes de abril Zuleta Noscué radicó una solicitud ante la jurisdicción especial, con el propósito de que su caso fuera priorizado, se definiera su situación jurídica y se le aplicara la garantía de no extradición consagrada en las normas de implementación del Acuerdo de Paz.

El 28 de agosto la Sección de Revisión avocó conocimiento del proceso de Zuleta Noscué y definió el procedimiento para estudiar si en su caso aplica la garantía de no extradición.

Es la primera tutela que presenta el Ministerio Público frente a decisiones de esta jurisdicción y deberá ser fallada por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

‘Santrich’

El caso de Zuleta Noscué se convierte en un importante precedente en estos momentos que la JEP está en vías de resolver la situación de ‘Jesús Santrich’, quien solicitó la garantía de no extradición prevista en el Acuerdo de Paz, pues Estados Unidos lo solicita porque supuestamente participó en una conspiración junto con el Cartel de Sinaloa de México para enviar 10 toneladas de cocaína.

Precisamente el canciller Carlos Trujillo dijo esta semana que la Fiscalía ya tiene en sus manos la solicitud que hizo la JEP para que le entreguen las pruebas que sirvieron de sustento al indictment o acusación por parte de Estados Unidos contra el desmovilizado de las Farc, ‘Jesús Santrich’, por lo cual está privado de libertad en un proceso de extradición por supuestamente haber narcotraficado tras la firma del Acuerdo de Paz.

El canciller Carlos Holmes Trujillo reveló que “se recibió en Cancillería y de acuerdo con la regulación correspondiente, se llevó al punto focal que para estas materias es la Fiscalía General”.

‘Santrich’, quien se aprestaba a ocupar una curul en la Cámara de Representantes a nombre del partido Farc, fue capturado en abril pasado porque según el indictment de Estados Unidos participó en narcotráfico tras el Acuerdo de Paz.

A la JEP le corresponde determinar la fecha del delito en el que supuestamente ‘Santrich’ participó, pues si fue después de la firma del acuerdo habría incumplido con el mismo y por ello su caso pasaría a la justicia ordinaria, donde sería un hecho su extradición.

‘Santrich’ aseguró que no es cierto que participara en estos hechos y por ello invocó la garantía de no extradición. En ese sentido la JEP ordenó práctica de pruebas, incluido conocer las que tiene Estados Unidos, decisión que dejó en firme el pasado 22 de noviembre al resolver un recurso de reposición de la Procuraduría, el cual se había fundamentado en que esta Jurisdicción no atendió los trámites ordinarios previstos en materia de extradición y se extralimitó en sus funciones.